Esta semana el Frente Amplio presentó su plan económico para el gobierno. Con el Eslogan de “más y mejor crecimiento para todas y todos” expusieron una serie de medidas que buscan establecer una “economía democrática” para el país. Medidas que si bien representan un pequeño avance comparado con lo que es actualmente el sistema económico en Chile –en beneficio de los empresarios-, la propuesta programática está lejos de garantizar demandas y derechos mínimos para el pueblo trabajador.
Sábado 9 de septiembre de 2017
Esta semana Beatriz Sánchez presentó su propuesta económica para un posible gobierno del Frente Amplio. Entre sus principales medidas destacan:
Reducción de la jornada laboral de 45 a 40 hrs, argumentando que somos dentro de la OCDE el país que más trabaja, pero uno de los que menos produce. Sánchez pretende, de esta manera, aumentar la productividad para un crecimiento a largo plazo.
Entre las medidas más progresivas destaca el establecimiento de un impuesto a los millonarios de "50% a las rentas por encima de $150 millones anuales”, con lo cual podrían recaudar entre US$ 6.500 millones y US$ 8.000 millones, esto, a propósito de la alarmante cifra de acumulación de la riqueza, donde el 1% de la población acumula el 30% de las riquezas en Chile.
Otra de las propuestas es restarle parte de su financiamiento a las fuerzas armadas, desde los casi 2.500 millones de dólares actuales (2% del PIB) a 1.500 millones de dólares anuales. Medida que busca restarle presión internacional a los presupuestos armamentísticos en los países de la región, para que ese dinero sea destinado a derechos sociales.
Derogar la ley reservada del cobre, es otra idea que pretende levantar Sánchez de ser elegida para gobernar. Fija un royalty (impuesto) minero de 5% para la venta de minerales junto con desarrollar un portafolio de inversión pública independiente del gobierno de turno.
Sin embargo, estas medidas no acaban con las grandes ganancias de los empresarios extranjeros en materia de recursos naturales, cosa que tambien se ve expresada en su propuesta de Nacionalización del Agua.
En la presentación reconocieron el Agua “como un recurso público que debe responder a las necesidades humanas”. Luego de los diversos problemas medioambientales que se han concentrado este último tiempo en torno los proyectos mineros, es que plantean una Ley de Bienes Comunes que busque proteger el medio ambiente mediante “procesos participativos vinculantes” de decisión en torno a la materia.
Frente a esta propuesta vale la pena preguntarse ¿Es suficiente con la nacionalización del agua, ante la gran privatización que impera en la extracción de nuestros recursos naturales? ¿Por qué si países como Estados Unidos pueden administrar sus propios recursos naturales en beneficio de su país es que aquí en Chile debemos regalar los recursos naturales a los capitalistas extranjeros? En este sentido, la nacionalización del Agua resulta insuficiente para la autonomía de Chile en materia económica, en tanto sigue entregando nuestros recursos naturales, junto con el agua tambien el cobre o el litio, a manos privadas.
En vez de nacionalizarla bajo el control de los trabajadores y las comunidades, para así garantizar el respeto al medio ambiente y para costear salud, educación gratuita, y otras necesidades. Esto último lo proponen los candidatos a diputados del PTR.
Finalmente Beatriz Sánchez presentó la idea de crear un plan nacional de inversiones, dentro de lo que se busca triplicar el gasto en materia de innovación para llegar a un 1,2% del PIB, mostrando preocupacion por elevar la produccion de una economía que no estará al servicio de las grandes mayorías sino que se mantendrá en manos privadas beneficiando a unos pocos.
Mejorar la economia. Pero ¿Al servicio de quien?
