- Fotografía: Redeco.com.ar
- "Qué sucedió en estos 5 años:
La Justicia procesó a los familiares. Sin ninguna vergüenza, la Justicia rionegrina tuvo la caradurez de procesar varias veces a distintos familiares de las víctimas del trágico 17. La Policía persiguió, golpeó y amenazó a los familiares de los jóvenes y a amigos cercanos de las víctimas, quienes además podrían declarar como testigos de la causa. Se descubre que el policía Colombil, asesino de Diego después de haber sido condenado a 20 años de prisión, se saca fotos paseando por la línea sur rionegrina, en la camioneta que debía conducirlo a su lugar de detención con la complicidad de sus compañeros del penal. Se produjeron más muertes de jóvenes (Garrido, Maldonado, Solano, y tantos). Se siguió criminalizando la protesta persiguiendo a los jóvenes de sectores empobrecidos. Decimos que el poder político es responsable y cómplice de esta situación porque:
Existe una continuidad en las prácticas represivas de la Policía que están avaladas por el silencio de los funcionarios. Los asesinos materiales de Sergio y de Nino siguen libres gracias a la complicidad del aparato judicial y funcionarios en el ocultamiento de pruebas que permitirían identificarlos. Ha existido una sistemática práctica de obstrucción en la investigación de parte de los jueces (Lozada, G.Posse, Calcagno). Ante la inocultable y vergonzosa actuación del aparato judicial, la Procuradora General denunció la inactividad en la investigación solicitando el nombramiento de nuevos fiscales para reactivar la causa. Los funcionarios radicales, responsables de la represión, continuaron TODOS en sus cargos mientras duró el gobierno, no fueron procesados y tampoco se les inició el juicio político solicitado por distintos sectores sociales. Saiz, gobernador en ese momento y principal responsable de la represión, intentó volver a presentarse en las elecciones a gobernador, sin tener ningún impedimento judicial. Los gobiernos entrantes al asumir sus funciones (provincial y municipal) realizan promesas de investigación y esclarecimiento que no cumplen a los familiares y población en general. Las fuerzas políticas y sindicales oficialistas intentan utilizar esta masacre sin brindar un apoyo real que se traduzca en acciones políticas que contribuyan al avance efectivo de la causa. Recién ahora a casi cumplidos 5 años, algunos de ellos, el ex secretario de seguridad Víctor Cufré, el ex jefe de la Policía provincial Jorge Villanova, el ex jefe de la regional 3ra. de Policía Argentino Hermosa, el ex 2do. Jefe de la regional, Fidel Veroiza y el ex jefe de la comisaría 28, Jorge Raúl Carrizo, fueron citados a prestar indagatoria el día 11 de junio. Nuevamente las familiares de las víctimas debieron soportar otra defraudación, otra espera inútil, otra vez el sinsentido ya que los citados no se presentaron a declarar porque saben que no habrá para ellos otra consecuencia que una nueva citación que podrán incumplir porque es el sistema quién sostiene la impunidad. Durante todos estos años, los medios de comunicación ligados al poder, siguieron con su silencio y desinformación siendo cómplices de las políticas represivas, justificándolas y estigmatizando al sector de la población más vulnerado y más propenso a ser víctima de la violencia policial. Sigue al frente de la causa un juez, Ricardo Calcagno, quién está siendo investigado por malos procedimientos en su accionar profesional teniendo en su haber un pedido de juicio político. Acordamos con el informe sobre la Criminalización de la Protesta realizado colectivamente por diferentes organizaciones de DDHH (Equipo Nizkor) en el que expresan que “la criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. De esta manera se apunta a correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un ‘delito’, una ‘amenaza para el orden legal’, una ‘violación a la Ley’, deslegitimando la lucha”.
A cinco años reafirmamos que:
La masacre del 17 de Junio de 2010, fue un Acto de Terrorismo de Estado, ya que las acciones de represión fueron ejecutadas con el conocimiento, dirección y aval del poder político.
Existe una continuidad en la aplicación sistemática de políticas represivas hacia los jóvenes, prueba de ello son los múltiples asesinatos a manos de la Policía, a pesar de los anuncios gubernamentales de cambios profundos en la conformación de la institución policial.
Durante los primeros años después de los asesinatos, cada vez que los familiares eran citados por el juzgado o por sus abogados, acudían con la expectativa del avance en la investigación, ésta se fue diluyendo con el correr de los años y hoy lo único que crece es la sensación de impunidad y la única certeza es la de la falta de justicia.
Sin embargo seguimos en la calle, no pudieron encajonar la causa, el 17 es un hito en la memoria colectiva de Bariloche, nada es lo mismo después de ese día, entre otras cosas porque, tanto los familiares de las víctimas como esta Multisectorial siguen al frente del reclamo por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
Multisectorial contra la represión y la impunidad de Bariloche"
