Opinión. Editorial de editoriales: anuncios y silencios a contrarreloj

Gabinete de estreno

La tregua precaria en el Frente de Todos tras la derrota electoral de las PASO, tuvo su primer semana del nuevo gabinete con un combo de anuncios. Objetivos que van por carriles complementarios entre sus urgencias inmediatas y la gobernabilidad de lo que vendrá después del segundo round electoral.

Las necesidades de corto plazo del Frente de Todos tienen su dead line: 14 de noviembre. Revertir la diferencia nacional, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, que abrieron heridas por la derrota. “Más gestión” se escucha decir desde Máximo Kirchner hasta el flamante jefe de gabinete. El combo de anuncios incluyó, por el momento, salario mínimo vital y móvil que alcanzará los $33.000 recién en febrero del 2022, el aumento del monto mínimo no imponible para el pago del impuesto a las ganancias, jubilación anticipada para quienes se encuentren desempleados. En lo sanitario, el levantamiento de restricciones. Juan Manzur, se mostró como protagonista de la comunicación del gobierno.

El giro del nuevo gabinete “es una demostración irrefutable del pragmatismo peronista” define Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna. “La ley que se cumple en este caso es que los ganadores avanzan y los derrotados retroceden” dice, en referencia a Juan Manzur, Martín Insaurralde y Leonardo Nardini que fueron de los pocos ganadores en las PASO en Tucumán, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas respectivamente.

Esta interpretación deja afuera a otras piezas claves del tablero. El nuevo ministro festejado por las corporaciones agropecuarias y mediáticas opositoras, Julián Domínguez. Y al titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández. A los abrazos con Sergio Berni, también tuvo su estreno: reprimiendo trabajadores ferroviarios. Apenas cuatro días de gestión y ya tuvo su primer herido.

La peronización del gabinete indica otras motivaciones e interpretaciones. Diego Genoud en LetraP sostiene que ir a buscar estos nombres, donde hay varios que vienen de trabajar abiertamente en contra del cristinismo, es para “que se involucren y no empiecen a pensar otra vez en desligarse del kirchnerismo”. Lo lee como “una muestra del instinto de autopreservación forzado por la derrota” de la vicepresidenta que “solo se entiende a partir de la doble impotencia de Cristina, tanto para gobernar con Alberto como para hacerlo con los propios”. Lo reafirma en El DiarioAr donde le cuentan que Cristina repite que “ya no alcanza con el ´poroteo de los propios´ y reclama ´gestión y gestión´ para sacar al oficialismo del pozo”. No hay que perder de vista que el Frente de Todos sabe que tendrá que lidiar con los próximos dos años de gobierno con un panorama económico y social complicado en la administración de la escasez.

En La Nación, Martín Rodríguez Yebra cree que el nuevo gabinete es “una estrategia defensiva de la vicepresidenta”. Sostiene que Cristina, después de las PASO, “empezó a temer cosas más serias. Que el malhumor social se canalice en protestas populares. Que las carencias en la gestión conduzcan a una crisis cambiaria severa. Que un gobierno ´sin temperatura de calle´ y derrotado en las urnas fuera incapaz de conducir el conflicto con un cierto orden hacia el lejano 2023. Y nunca hay que olvidar el peso que ejerce en su ánimo la amenaza de las causas judiciales irresueltas contra ella”.

Los objetivos complementarios parecen encarnarse en cómo empieza a moverse Juan Manzur. Alejandro Rebossio describe la cocina de una de las próximas medidas que prepara el gobierno. El jefe de gabinete también reclama más gasto a Martín Guzmán y quiere liberar recursos para ayuda social antes de noviembre. Algunos sectores del oficialismo promueven “un salario universal, un IFE acotado en cantidad de beneficiarios pero permanente”. Pero Rebossio cuenta que Manzur no aprobaría ese camino. En cambio, según fuentes del gobierno, pidió al ministro de Economía “que busque el mecanismo para bajar ayuda social de la Nación a los intendentes para que sean estos los encargados de su reparto”. La justificación está en que “prefiere ese tipo de ayudas y no las que los ciudadanos cobran por el cajero automático con su tarjeta de débito, sin identificar con claridad qué gobernante las decidió”. El clásico toma y daca de la política tradicional del territorio y los gobernadores, interesado especialmente en el control y los votos donde las necesidades populares apremian. Una definición que hacen desde el propio oficialismo sobre Juan Manzur es que significa pasar “de un modelo de gestión más progresista y con discusión interna a otro más peronista y ejecutor”.

La demostración del cortoplacismo de las medidas económicas en marcha producto de la derrota electoral, se ve en los números. El propio Horacio Verbitsky reconoce que los “32.000 pesos del salario mínimo definido para diciembre de este año, seguirían muy por debajo del nivel que tenía el último año de la presidencia de Cristina. Según un cálculo del centro de estudios de la CTA, Cifra, para equiparar su valor de 2015, debería ser de 45.000 pesos en diciembre próximo”. Mónica Arancibia en La Izquierda Diario agrega que en 2020, primer año del gobierno de Fernández, “el salario mínimo perdió un 10 % adicional de su capacidad de compra”. El bolsillo de la clase trabajadora ocupada y desocupada sigue perdiendo por donde se lo mire. Con los ultimo datos disponibles del INDEC la cuenta también da un saldo negativo: “en junio el índice de salarios aumentó 2,3%, mientras que el índice de precios al consumidor subió 3,2%. Esto implica casi un punto de caída del salario real” agrega El DiarioAr.

Medidas que se toman pero no se anuncian

Si los ministros, gobernadores o el propio presidente suelen hacer conferencias de prensa pomposas para algunos anuncios, hay otras medidas que se toman bajo el mayor silencio posible. Como el pago de U$S1.905 millones al FMI que hizo el gobierno este miércoles. Un monto que equivale a una ronda de Ingreso Familiar de Emergencia para 3.711.321 de personas por $50.000. O con el que se podrían construir unas 53.019 viviendas. O pagarle a 2.897.704 jubilados un haber de $ 64.039 (valor de abril de 2021 de la Canasta del Jubilado). La sangría de estos nuevos recursos que fueron a la deuda fraudulenta con el FMI es bien vista por los círculos empresariales y “el mercado”, pero el gobierno la juega de callado hacia las mayorías trabajadoras en este terreno. Este año, todavía queda un monto casi idéntico para el 22 de diciembre.

La renegociación con el FMI tiene su propia dead line: marzo del 2022, cuando la carga de los vencimientos se hacen insostenibles. Alejandro Rebossio deja entrever por fuentes del gobierno que Cristina mantiene a Martín Guzmán para que termine la misión de negociar con el organismo internacional. Algunas fuentes admiten que “Está claro que no llega a 2023”.

Diego Genoud analiza que la convocatoria de Manzur se inscribe también en “la decisión de pagar los vencimientos de deuda con el Fondo con los Derechos Especiales de Giro, algo que en el arranque del año la banca del Frente de Todos en el Senado había considerado una herejía que postergaba a los sectores más humildes”.

Pero hubo otras medidas que muestran el rumbo del gobierno para “atender” el bolsillo del empresariado.

Este viernes el gobierno confirmó que elimina los derechos de exportación para el sector empresario informático que se denomina “economía del conocimiento”. Un gran beneficio impositivo para los empresarios: llevarán a 0% las retenciones por exportación a partir del 1º de enero de 2022. Hay que recordar que esta medida va a retroceder de los impuestos que el gobierno del mismísimo Mauricio Macri había establecido. Una alícuota de retención del 12% que puso el macrismo hace tres años, el gobierno de los Fernández lo dejará en 0%. No es poca cosa, ya que desde el ministerio de Economía afirmaron que "la industria de servicios es el segundo complejo exportador, sólo superado por el complejo oleaginoso-cerealero".

Otra de las coordenadas económicas silenciosas del gobierno se muestra también en el presupuesto 2022 presentado por Martín Guzmán. BaeNegocios difundió unos datos contundentes: “el Gobierno le concederá a las mineras $12.444 millones en concepto de las exenciones impositivas contempladas en la ley para impulsar el sector sancionada en tiempos de Domingo Cavallo”.

Este martes, Julián Domínguez (nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca) se reunirá por primera vez con la Mesa de Enlace que representa a los empresarios agroexportadores. La expectativa que circula alrededor del encuentro está en la “flexibilización del cepo a la carne (…), en sintonía con el clamor de los gobernadores peronistas de provincias agropecuarias” cuenta Martín Rodríguez Yebra en La Nación.

Un combo de medidas silenciosas pero muy significativas, para cumplir con la deuda con el FMI. Beneficios impositivos para los sectores empresarios concentrados ligados a la exportación (agro, economía de conocimiento, megaminería) para conseguir más dólares para el saqueo y la fuga. A costa del pueblo trabajador, y a costa de la destrucción y contaminación del medio ambiente. Son medidas que no generan ruido en el debate público porque ahí cierran filas todas las alas del Frente de Todos y la oposición de derecha. Solo el Frente de Izquierda Unidad se opone a este rumbo atado al FMI. Como dijo Nicolás del Caño en una entrevista en IP Noticias: “la Argentina en las últimas décadas padece un ciclo de endeudamiento que genera una gran dependencia, un atraso del país. La fuga de capitales, la entrega de los recursos naturales a los monopolios extranjeros y nacionales, la propiedad de la tierra en pocas manos. Todo eso ha generado esta situación donde vos tenés en el conurbano bonaerense más del 70% de las niñas, niños y adolescentes que son pobres”.

Juntos se asoman

Juntos por el Cambio se mantuvo en un calculado silencio la primer semana post PASO en la que se expuso la fractura y crisis interna del Frente de Todos. Este martes se asomaron con una foto de unidad y para mostrarse en carrera para la contienda electoral de noviembre.

Sin embargo la nota la dio Horacio Rodríguez Larreta con su gira por Estados Unidos en la construcción de un horizonte presidencial para el 2023.

Como cuenta Ricardo Carpena en Infobae el viaje le permitió reunirse “con el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry; el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, y el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, Felipe Jaramillo”. Tejiendo alianzas con el poder político y económico norteamericano.

Carpena también revela otro movimiento de Larreta post PASO: “operadores del larretismo tomaron contacto de manera discreta con importantes jefes sindicales para sondearlos acerca de la propuesta de eliminar la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como rige en el gremio de la construcción. La respuesta sindical los sorprendió: hay mejor predisposición de la que imaginaban para intentar revertir un mercado laboral dominado por el desempleo y el trabajo no registrado”. Aunque discursivamente las conducciones sindicales dicen rechazar intentos de reforma laboral, con su historial y accionar suena verosímil que abran ventanas a la negociación sobre este tipo de propuestas contra la clase trabajadora.

Hasta Horacio Verbitsky lo pone en palabras. Sostiene que para el bienestar del pueblo “sólo la movilización de sus organizaciones podría impedir que una nueva onda de neoliberalismo arrasara con los derechos que aún quedan y completara la obra iniciada en 1976”. Y luego sentencia que “la conducción de la CGT, que se renovará tres días antes de los comicios, no da las mejores señales en esa dirección”.

Fernando Rosso en El Círculo Rojo polemizó esta semana con las falacias de la reforma laboral, rebatiendo los argumentos que se esgrimen desde los promotores de atacar conquistas de la clase trabajadora. Muestra el panorama completo: “desde hace mucho tiempo los gobiernos y los dirigentes sindicales impulsaron o permitieron el despojo de derechos en un amplio sector de la clase trabajadora”. Hay una doble batalla: no sólo es un peligro a futuro que es necesario enfrentar desde ahora, también es una realidad del presente. Por las herencias neoliberales de la dictadura que mantuvieron o profundizaron los gobiernos posteriores, alimentando la informalidad y la desocupación. Con la colaboración de las siempre oficialistas cúpulas sindicales.

Ajuste fiscal: ¿ser o no ser?

“Yo soy uno de los que le dice a Cristina que no hay ajuste” dijo Martín Guzmán en una entrevista esta semana donde cuidadosamente también llenó de elogios de “excepcionalidad” a la vicepresidenta.

Esta tesis viene siendo defendida también por Alfredo Zaiat en Página 12 como debatimos el domingo pasado. En su nueva columna Zaiat, tuvo que explicar por qué los salarios de la clase trabajadora siguen perdiendo. El argumento es que hubo un “un evento extraordinario” que fue el alza de los precios internacionales de las materias primas, que “alteró la meta oficial de mejorar los ingresos de sectores populares”. Necesita además remontarse al conflicto de la 125 en 2008 bajo el gobierno de Cristina, para exculpar el peronismo. Dice que no se pueden aumentar las retenciones al campo porque desde entonces se convirtió en una “restricción política” que está “dada por la desigual relación de fuerza y minoría en el Congreso para aprobar una ley que suba retenciones”. Si remontarse a 13 años ya suena a una apología de la derrota frente al poder económico, también se encarga de falsear la realidad. El kirchnerismo ha gozado de mayorías parlamentarias y sin embargo no quiso tocar este poder (como tampoco hizo con los bancos y la especulación financiera). Pero además es un razonamiento de patas cortas: no subirlas, ¿pero sí bajarlas?. Todavía recordamos que, luego del retroceso con la expropiación de Vicentin, le bajaron las retenciones a la soja.

Horacio Rovelli en El Cohete a la Luna también se encarga de desmentir la tesis de Martín Guzmán y el columnista de Página 12 sobre el ajuste. Mirando el presupuesto del 2021 y la inflación medida por el INDEC hace unas cuentas sencillas. Los gastos en conjunto crecieron menos que la recaudación del Estado, y las Prestaciones de la Seguridad Social -que afecta a las jubilaciones- menos que el promedio. Rovelli concluye que “el gobierno de Alberto Fernández realizó y realiza un ajuste fiscal y comercial que se refleja en la devaluación de nuestra moneda que pasó de $ 62,25 el 10 de diciembre de 2019 a $ 104,50 el 24 de septiembre de 2021. Devaluación que impacta en el aumento generalizado de los precios, esencialmente de los alimentos (y entre ellos la carne vacuna que subió en promedio en las carnicerías 40 puntos más que la inflación y el dólar) castigando severamente a la población, en pos de garantizar el pago de los servicios de una deuda que se tomó a espaldas de nuestro pueblo y que benefició y beneficia a una minoría que fugó capitales y que se debe investigar”.

Diego Genoud en LetraP también responde al cuestionamiento de Cristina en su carta sobre la “subejecución de presupuesto”. Explica que no sólo es el caso de Nación, sino que “Kicillof quedó al frente de un gabinete que también subjecutó parte de su presupuesto”. Se expone entonces que tanto en el terreno de priorizar el pago de la deuda con el FMI como en la subejecución, la responsabilidad es transversal en la coalición de gobierno.

La crisis interna del oficialismo trajo un giro conservador para la gobernabilidad con acuerdo de todas las alas. Aunque las tensiones son evidentes, no están en lo sustancial del rumbo económico atado al FMI que ordena el ajuste. El nivel de exposición pública de la interna parece más funcional a intentar resguardar el capital político del cristinismo basado en el pasado. Porque si del ajuste se trata, ahí el frente también es de todos.