Opinión. Editorial de editoriales: la carta del no soy yo

¿Quién pone la firma?

La carta de Cristina Fernández llegó este sábado, contestando las dudas sembradas por la oposición de derecha, sus medios y los voceros de Wall Street que especularon con su silencio. Ratificó su voluntad de pagar la deuda, apoyando el rumbo enunciado por el presidente la noche de las elecciones de avanzar en un acuerdo con el visto bueno del Congreso. Aunque también recuerda que hay un “contrato electoral” al que se debe el Frente de Todos. Una carta que no tiene un único destinario.

Hacia la oposición de derecha busca dejarlos “sin excusas” y que se comprometan con las implicancias de la deuda con el FMI que contrajo su gobierno, el de Mauricio Macri. Como contamos el domingo pasado, desde Juntos por el Cambio se montaron sobre el silencio de la vicepresidenta para no hacerlo. Cristina también reconoce en la carta el triunfo de la oposición en las elecciones del pasado 14 de noviembre. Casi exagerando, para apelar a su responsabilidad y el nuevo protagonismo de la oposición en cualquier acuerdo con el FMI que pase por el Congreso, especialmente en el Senado. Patricia Bullrich lo festejó a su manera en su cuenta de twitter: “Finalmente el gobierno reconoció nuestro triunfo de manera formal a través de su Vicepresidenta”. Agregó que “cumpliremos con nuestra responsabilidad” y desafió al gobierno a que apure el “ordenamiento económico”.

La vicepresidenta dice no soy yo, es el Congreso quien tiene “la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI”. El Congreso y Alberto Fernández: “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Como analiza Diego Genoud en El DiarioAr “Lo que se decida, bueno o malo, sugiere la vicepresidenta, no podrá endosarsele a ella. Será, en todo caso, una responsabilidad de toda la clase política”. Que el gancho sea compartido. Lo que no quita que el gobierno también es ella, y las y los diputados que deberán votar el acuerdo son también de su espacio político.

No son casuales las menciones en la carta a fuerzas políticas que no han cumplido el “contrato electoral”, la reivindicación de las negociaciones de deudas bajo los gobierno kirchneristas, y la cita minuciosamente elegida de Alberto Fernández. “Si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa” dice la frase que eligió. Una ¿advertencia? para el presidente y el propio Frente de Todos. Brenda Struminger en Infobae interpreta el mensaje de la carta como “una señal al interior del espacio oficialista, con un guiño proclive al acuerdo, pero con condiciones”. Cita cómo lo decodificó un funcionario con llegada a ambos sectores del oficialismo que le confió que “Si a Cristina no le gustara algo, no publicaría algo lavado, sino todo lo contrario. Así lo mostró en el pasado. Si estuviera en contra, todos lo sabríamos”.

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna presenta su interpretación de las palabras de Cristina Fernández como “apoyando los términos de la negociación con el FMI que planteó el Presidente Alberto Fernández en su discurso del último 9 de julio”. Esos términos serían un acuerdo que no “le arruine la vida al pueblo argentino”. ¿Cómo sería eso posible? Porque si ponemos el ojo en el “contrato electoral” que prometió el Frente de Todos en 2019, está ya muy pisoteado y es lo que motivó la sangría de apoyos en las urnas. Con una pérdida de 20 puntos acumulados de los salarios, inflación creciente, 40% de pobreza, aumento de la desigualdad, ajuste a los jubilados y los bancos que siguen de fiesta. Este es el crítico punto de partida actual sobre el que pretenden acordar los condicionamientos que pide el FMI que, sabemos, nunca son favorables al pueblo trabajador.

Como recuerda Diego Genoud, tampoco se vienen manteniendo muy firmes ciertas convicciones enunciadas, incluso por la propia Vicepresidenta. “Ella también vino retrocediendo en sus pretensiones a fuerza de traspiés”, dice. Enumera cuatro ejemplos: la quita para la deuda con el Fondo que reclamó en febrero de 2020 de la que no habló más, su propio cambio respecto al destino de los Derechos Especiales de Giro que fueron a parar de nuevo a la ventanilla del FMI, la olvidada querella criminal que anunció el presidente, y la extensión de los plazos de pago a 20 años que ya están fuera de discusión para el organismo internacional.

Tanto Genoud como Struminger incluyen otro dato de esta semana para interpretar la carta. “Conscientes de la necesidad de información que existe en el empresariado sobre la mirada del kirchnerismo, “designaron” al titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, como interlocutor con los mercados” cuenta Struminger. El mensaje lo dio este miércoles en el Hotel Alvear frente a un grupo de 16 empresas líderes de España que tienen negocios en Argentina. De Pedro les dijo “Todo el Gobierno tiene la misma postura ante el FMI”.

Todavía resta ver qué dirá el borrador del acuerdo con el FMI que anunciará el presidente, que se espera que sea la primera semana de diciembre, y que luego envíe al Congreso el famoso “plan plurianual”. Ahí se develarán los consensos internos del Frente de Todos y acuerdos con Juntos por el Cambio sobre el rumbo de la precariedad argentina atada al FMI. ¿Contará ese borrador con el visto bueno de toda la coalición de gobierno? ¿La carta de la vicepresidenta busca mejorar la negociación de ese borrador? ¿Qué es lo que pide? ¿Las diferencias son por la velocidad del ajuste? El “cepo al crecimiento con inclusión social” que menciona Cristina en la carta, ¿se da como un hecho? ¿O el cristinismo tiene en la galera una alternativa que no sea de ajuste si se acuerda con el FMI? ¿Se busca solo sentar posición en la carrera al 2023 como también le achaca a la oposición, o harán algo más que lanzar mensajes virtuales?

Cartas van, videos vienen. Pero la única certeza que dieron hasta ahora es la disposición a negociar y pagar la deuda con el FMI. Una negociación en las sombras, a espaldas de quienes ya están sufriendo las consecuencias de una crisis acumulada que no puede prometer futuro. Un acuerdo que está avanzando a contrarreloj de los nuevos vencimientos de deuda que se avecinan con un Banco Central con escasas reservas. El Frente de Izquierda es la única fuerza política que viene siendo clara en el mensaje, y lo dijo en la campaña electoral: la deuda es una estafa y los cuatro diputados nacionales electos asumieron un compromiso de lucha contra el ajuste.

El lobby del poder económico concentrado sigue actuando todos los días. Mientras los mensajes por carta o redes sociales, quedan encerrados en la impotencia de esa diplomacia opaca. Si de defender los intereses del pueblo trabajador se trata, solo será desplegando la fuerza de la movilización y la organización que se puede construir esa alternativa al saqueo y la estafa del FMI. Ese es el camino que están apostando a construir la izquierda y diversas organizaciones políticas y sociales, que convocan a movilizar el 11 de diciembre para decirle no al FMI y su ajuste.

Las tijeras del Fondo

Según los trascendidos de las conversaciones entre el ministro Martín Guzmán y los negociadores del FMI, aseguran que Argentina tendrá “cuatro años de gracia y un plazo de pago de diez años a partir del 2025, es decir, cuando el próximo presidente o presidenta comience a transitar la segunda parte de su mandato”. Pero el ajuste que pide el organismo no se pospone cuatro años, sino que tiene que empezar desde ahora y el debate está centrado en dos cuestiones: el déficit fiscal y la brecha cambiaria.

Alejandro Rebossio en El DiarioAr dice que el objetivo sería que el déficit llegue a 0% en 2026, para lo cual “habría que recortarlo más de 0,8 puntos porcentuales por año: es decir, a 2,5 en 2023, a 1,7 en 2024 (ya en el próximo gobierno) y a 0,9 en 2025”. Esto teniendo en cuenta que el 2021 que empezó con una proyección de 4,5% de déficit, terminará en 3,5%. Y que para 2022 ya estiman reducirlo al 3,3%. Pero Rebossio aclara que en el organismo no confían en este plan: “Demasiado gradualismo y escaso crédito” dicen, y por eso piden un ajuste mayor. ¿De dónde van a sacar más recursos? Enumera algunas opciones que se barajan, pero ninguna parece ser suficiente. La segmentación de tarifas recortando los subsidios es la que parece contar con acuerdo al interior del Frente de Todos. Una medida que no tocaría el negocio de las privatizadas e impactará en la inflación que ya viene castigando feo a los sectores populares. Pero no sería la única.

La otra exigencia del FMI se centra en achicar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, que significaría una devaluación y su contraparte de pulverizar más los salarios. El argumento es el mismo que el agropower: el tipo de cambio actual desalienta que los exportadores liquiden la cosecha, por lo que el Banco Central no puede recuperar las maltrechas reservas. Reservas que al FMI le interesan porque de ahí deben salir los dólares para pagar la deuda.

Marcelo Di Bari en Tiempo Argentino analiza que de esta postura del Fondo se deprende que “la situación interna en términos de nivel de actividad y sobre todo de índices socioeconómicos quedaría entonces desplazada a un segundo plano”.

Estas negociaciones tuvieron como trasfondo nuevos gestos del gobierno al FMI y al poder económico más concentrado, que repasó Mónica Arancibia en La Izquierda Diario. Con el kilo de asado a $1.000, hubo un encuentro con los empresarios de la carne pero sin ninguna definición, mientras reflotaron internas del oficialismo. Para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es casi un pecado hablar de la posibilidad de subirle las retenciones a los exportadores de carne. Después se conoció que desde enero de 2022 los monotributistas sí tendrán que pagar más: 52,67% será la actualización, que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras precarias. De las aplicaciones de delivery y hasta de quienes trabajan en el Estado con un régimen de fraude laboral.

Se anotó en la lista el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que declaró en un evento de la UIA y el Grupo Techint de Paolo Rocca, que la prohibición de despidos y la doble indemnización dejarán de regir muy pronto. Un anuncio aplaudido por las cámaras empresarias. ¿Y la CGT? Otra vez, te la debo.

Sergio Massa habló de suspender la “ley de alquileres”, que dejaría –mientras dure la suspensión- sin ninguna regulación al voraz negocio inmobiliario, siempre perjudicando a los inquilinos y sin resolver los graves problemas de déficit habitacional para millones de familias. Y una de las más debatidas los últimos días fue la decisión de terminar con las cuotas sin interés para los pasajes al exterior u otros gastos, con el argumento de cuidar las reservas en dólares del Banco Central. Lo curioso es que nunca se cuestiona la sangría que significa seguir sosteniendo las millonarias ganancias de los bancos a través de la Leliqs. Tampoco se apunta a los grandes fugadores y evasores que se llevan los dólares a paraísos fiscales o sus casas matrices en el exterior. Si hay algo en lo que se ve una línea de conducta es que cuando hay que afectar intereses, nunca empiezan por los primeros.

Los tiempos se aceleran en este fin de año. Fuentes del gobierno reconocen a La Nación que tienen como plazo máximo el lunes 6 de diciembre para presentar los acuerdos alcanzados en el “plan plurianual”.

Un plan que pondrá al FMI como protagonista por, al menos, los próximos 10 años. Es un peligroso sendero de “co-gobierno con el Fondo” como definió Alejandro Bercovich a La Izquierda Diario.

Myriam Bregman, diputada nacional electa del PTS-Frente de Izquierda, dijo en el encuentro que se hizo este viernes para convocar a una gran movilización contra el FMI el 11 de diciembre: “no se puede separar el acuerdo del ajuste”. El que ya se viene haciendo, y el que se prepara, de una u otra manera, si avanzan con la negociación de esta deuda fraudulenta. Una salida que responda a las demandas y reclamos de las mayorías trabajadoras no vendrá por carta, redes sociales ni por iluminación divina. Vendrá desatando la fuerza de la clase trabajadora, uniendo ocupados y desocupados, y todos los movimientos de lucha agraviados por los planes del FMI. Que el 11 de diciembre sea el inicio en la Plaza de Mayo y en todo el país.