Opinión. Editorial de editoriales: la política del aguante y la impaciencia social

A las urnas en la crisis

La agenda pública se va inclinando a la disputa electoral. A tres meses de la fecha de elecciones legislativas “hay alarma por el deterioro que pueda causar en la base electoral del Frente de Todos la delicada situación económica”, dice Infobae según fuentes cercanas al presidente.

Horacio Verbitsky, en El Cohete a la Luna, también lo señala “Desde el Frente de Todos, nadie mira hacia 2023, que es una fecha remota. Pero nadie tampoco deja de preocuparse por 2021, que está a la vuelta de la esquina. En casi todo el mundo los oficialismos la están pasando mal, en las calles y en las urnas”.

La otra preocupación, orientada desde los partidos tradicionales a la disputa electoral, es el avance del plan de vacunación. “Recientes estudios de opinión pública que llegaron a la Casa Rosada mostraban que un 68 por ciento de los vacunados tenían una mirada positiva de la administración nacional” dice Brenda Struminger en Infobae. Por eso los gobiernos provinciales y el nacional se apuran en avanzar en los contratos con los laboratorios.

Las vacunas se han transformado, para las dos coaliciones políticas mayoritarias, en eje de la grieta electoral. El gobierno buscando mostrar resultados más rápidos con la llegada de alrededor de 17 millones de dosis los próximos días. Se habla de próximos anuncios oficiales: un acuerdo con la vacuna cubana “Soberana”, y los primeros lotes de producción local de Sputink V en el Laboratorio Richmond entre junio y julio. Los gobiernos provinciales hacen lo propio intentando tener capacidad de negociar por su cuenta para hacerse de vacunas. Y la oposición, sigue como abanderada y vocera del laboratorio Pfizer (a cualquier costo, como reconoció en ese desliz televisivo la propia Patricia Bullrich dispuesta a entregar hasta las Islas Malvinas).

El ex presidente Mauricio Macri vuelve a desfilar en las pantallas, como una necesidad para no desaparecer del mapa, a medida que sectores de su propia coalición de Juntos por el Cambio (Larreta, Vidal, Carrió y ¿Marcos Peña?) parecen empujarlo al ostracismo. Anoche fue a la “mesaza” con Juana Viale, y nos regaló una montaña de frases hechas y previsibles como: “el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo”, “la Argentina necesita de mucho liderazgo, fuerza y convicción alrededor del cambio”. Un clásico, que también dejó sus perlitas: reconoció que “intentaba a las 7, 8 de la noche, cuando entraba a Olivos, en ese momento cerraba todo, ponía Netflix y hasta el día siguiente a las 7 de la mañana trataba de terminar el día y reconstituirme”. Es conocida su inclinación por las vacaciones permanentes, y no pierde oportunidad para reafirmarlo.

El presidente Alberto Fernández hizo lo propio esta semana, brindando una entrevista a Pedro Rosemblat en su canal de youtube, para hablarle al sector más afín al Instituto Patria de la coalición. Se refirió, por ejemplo, a la “Proclama del 25 de mayo” que firmaron algunos referentes de ese espacio. "Estoy de acuerdo con los compañeros que salieron a decir que hay ser duro con el Fondo", fue una de la frases, para contentar a quienes estaban del otro lado.

Las elecciones legislativas con fecha en septiembre y noviembre, se van a desarrollar en un año particular. No sólo por la pandemia, sino por el deterioro económico y social que muestra un choque con las expectativas de quienes votaron la fórmula Fernández-Fernández con la esperanza de estar mejor. El fracaso de Juntos por el Cambio está fresco en la memoria. Y lo que se ofreció como alternativa, después de casi un año y medio, está desilusionando a muchos. Cualquier pronóstico es prematuro, pero ambas coaliciones tendrán una difícil tarea de credibilidad de sus promesas. Ni el “armado libertario” parece sostener su discurso, y se sincera en las negociaciones con los ajustadores de Juntos por el Cambio.

En el mapa político, el Frente de Izquierda Unidad se destaca no sólo por ser el único independiente de esos bloques. Lo más distintivo hoy es su fusión con los múltiples reclamos populares que se vienen desarrollando por abajo. Los del personal de salud como en Neuquén y otras provincias, vitivinícolas en Mendoza o del citrus en Tucumán. Precarizados del ferrocarril o la energía en el AMBA. La pelea por tierra y vivienda. Choferes de la UTA, con el protagonismo de las mujeres colectiveras. Contra la contaminación y la megaminería en Chubut. Con lo nuevo que aparece, desbordando a las conducciones sindicales y apuntando sus exigencias a los gobiernos de esos partidos que piden “que aguantemos” la crisis sanitaria, la pérdida salarial y la pobreza.

El ajuste innombrable

Lo que sucede mientras las coaliciones preparan sus campañas electorales, es la realidad de millones de trabajadores que siguen viviendo el deterioro de sus condiciones de vida. No sólo no se recuperó lo perdido con Macri. Se profundizó.

Alfredo Zaiat titula su columna de este domingo en Página 12 “El mito del ajuste económico”. Parte de la premisa de adjudicarle al “análisis conservador” el “afirmar que se está aplicando un ajuste de la economía sin mostrar datos concretos que lo avalen”. Se puede coincidir fácilmente en que el “análisis conservador” no presenta datos al respecto, pero porque no es su planteo. No se ha leído ni escuchado que la oposición de derecha acuse al gobierno de estar haciendo un ajuste, porque son los más fanáticos de hacerlo y pedir a gritos cumplir con los pedidos del FMI y “el mundo” (lease, los mercados, empresarios).

Eduardo Van Der Kooy lo confirma en Clarín. Cuando se refiere a la “Proclama de Mayo” se queja de que “sonó a advertencia incómoda para las negociaciones presidenciales y de su ministro, Martín Guzmán, por la deuda”. Incluso, su lectura está más al servicio de marcar la debilidad de la autoridad presidencial. Especialmente, por las firmas “menos esperables” de la proclama. Como la de Héctor Daer, secretario de la CGT, o Gildo Insfran, gobernador de Formosa, dos figuras más ligadas al presidente y no al espacio liderado por la vicepresidenta.

A diferencia de la equivocada premisa de Zaiat, sí hay muchos periodistas, analistas, consultoras (no precisamente alineados con esa oposición de derecha), que vienen afirmando que hay un ajuste. Algunos lo dicen más directamente, otros menos, pero lo muestran con datos. Hasta simpatizantes o seguidores del Frente de Todos lo han planteado. Hace pocos domingos fue Verbitsky quién dijo que “el apretón fiscal y monetario es tan fuerte que el nivel de gasto es equivalente al del primer trimestre de 2019”. O el caso de Artemio Lopez afirmando que “es un gobierno peronista que tiene el salario mínimo por debajo de la línea de indigencia”.

El Frente de Izquierda venía cuestionando este rumbo de ajuste del gobierno desde el cambio de la movilidad jubilatoria, la decisión de seguir pagando al FMI y la votación del Presupuesto 2021. Ahora se han sumado otras voces que dan cuenta de esta realidad.

El nudo de la fundamentación de Zaiat es que define el ajuste económico como “una política deliberada de reducir la calidad de vida de la mayoría de la población con el objetivo de beneficiar a núcleos privilegiados. Los impactos de una crisis, en este caso provocada por la pandemia, no corresponden a la categoría de ajuste, puesto que el deterioro socioeconómico no es buscado”.

Una explicación muy floja de papeles. Algo así como que “no es ajuste porque no es intencional”. Entonces no existe. El problema no son las intenciones. Sino las decisiones y los hechos, que tienen consecuencias concretas en millones de trabajadores y trabajadoras. Sino pareciera que no existe la política. O, peor aún, se busca instalar la idea de que no se puede hacer otra cosa.

Yendo a algunos datos que contradicen a Zaiat.

Alejandro Bercovich este viernes en BAE escribió que “en marzo, el ajuste presupuestario llegó a su paroxismo: la recaudación trepó 64% interanual (22 puntos arriba de una inflación que en ese momento era del 42% interanual) y el gasto primario apenas se incrementó un 36%, bien por debajo de los precios”. Suma otro dato sobre la caída del consumo: “las ventas en supermercados cayeron en marzo un 8,8% interanual” (INDEC), y el “de leches refrigeradas se derrumbó un 15,8%" (OCLA).

Diego Genoud en El DiarioAr cita el último informe del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo del IDAES-UNSAM. Allí surge una comparación bastante gráfica: “entre los cuartos trimestres de 2019 y 2020, la participación de las ganancias empresarias en el ingreso del sector privado se incrementó del 42,5% al 45,2% y la participación de los salarios se redujo del 37,2% al 35,8%”. También menciona las cifras del desempleo real que publicó el Observatorio de la Deuda Social de la UCA esta semana, que afirma que en 2020 fue del 28,5%.

Ese informe agrega otros datos alarmantes. En 2020, sólo el 43,7% de la población económica activa mayor de 18 años logró acceder a un empleo pleno de derechos. Es decir que más de la mitad están bajo la precarización, la informalidad o la desocupación. Según uno de los especialistas de la UCA “la situación de desempleo va a empeorar en la Argentina ya que habrá mayor precarización del empleo y menores ingresos. Es que los ingresos cayeron un 7% y todo indica que seguirán en baja”.

Otro caso emblemático se sumó esta semana con la paritaria estatal que cerró el gremio UPCN y ATE en 35% en 6 mini-cuotas, con una inflación anualizada a abril del 46%. Como explica Leo Améndola en La Izquierda Diario: “de esta forma, en febrero de 2022 el salario real para un mismo cargo en el empleo público nacional estaría 13,7 puntos por debajo del nivel de junio de 2019 y 42,30 puntos por debajo de junio de 2015”.

Esta paritaria reafirma el dato que compartimos el domingo pasado con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que mostró que “en abril, los gastos destinados a salarios del empleo público cayeron 12,9% en términos reales, y los de jubilaciones bajaron 13,4%, por la actualización que tuvieron por debajo de la inflación”. Lo mismo sobre prestaciones sociales que “cayeron en términos reales en abril 42,4 % en relación al mismo mes del año pasado”, que se debe fundamentalmente a la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Todo esto sucede mientras hace unas pocas semanas se pagaron al FMI U$S 300 millones en concepto de intereses por la deuda de Macri. Mientras los bancos ganan con los intereses de Leliq (que les paga el Banco Central) $4400 millones diarios. Una cifra que equivale “a 2,5 jubilaciones mínimas por segundo o 150 jubilaciones mínimas por minuto” según el economista Juan Valerdi.

Sin ir más lejos, el ex viceministro de economía de Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis habló esta semana con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y fue categórico sobre la economía en la pandemia. “Nos fue bastante peor que la región, porque gastamos menos que la región (…) Cuando uno mira el paquete fiscal de Argentina en porcentaje de su PBI, nosotros hicimos un esfuerzo de 3% o 3,5%. El ortodoxo “chicago boy” Guedes de Brasil hizo un esfuerzo de 6%, el doble. Perú parecido, Chile parecido”. Paulo Guedes es el ultraliberal ministro de Economía de Jair Bolsonaro, que además tiene trayectoria por sus vínculos con la dictadura de Pinochet en Chile.

¿Entonces? ¿No son estas decisiones que toma el gobierno? ¿Acaso no fue el gobierno el que propuso y votó un cambio en la movilidad jubilatoria que lleva a que la mínima en junio solo alcance para vivir once días en el mes?¿Y la proyección del 29% de inflación que colaboró a negociar sueldos a la baja? ¿Quién decide sino que se le pague al FMI y a los bancos a costa de trabajadores y jubilados? ¿Y que Argentina invierta la mitad de lo que gastaron gobiernos ultraliberales en la pandemia?

Zaiat desde el periodismo y funcionarios desde el gobierno suelen justificar esta situación diciendo que estamos viviendo la excepcionalidad de la pandemia. Pero ¿ese argumento por qué no es motivo para hacer lo contrario? Para tomar medidas excepcionales como afectar las ganancias de los bancos y decidir el no pago soberano del fraude de la deuda con el FMI. El gobierno sólo habla de la pandemia para justificar que es inevitable que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. No es inevitable: hay recursos y se decide destinarlos en otro lado. Muchos están ganando, y se decide no tocar sus intereses.

Vacunas: sin lugar para triunfalismos

La misma lógica distractiva opera en el plan de vacunación. Que ahora empecemos a tener más vacunas es buena noticia. Es una necesidad vital y un reclamo que viene ganando fuerza entre los trabajadores haciendo paros o movilizaciones. Nadie quiere perder ni un compañero de trabajo más. Ni un amigo o familiar. Las historias en los hospitales y lugares de trabajo son dramáticas.

La de Lara Arreguiz de 22 años, que falleció en Santa Fe esperando que la atiendan en el pasillo de un hospital. Lara era paciente de riesgo y no había recibido la vacuna.

O la historia de Gabriel Meayar, trabajador del Banco Nación en Salta. Falleció a los 51 años porque lo obligaron a ir a trabajar con síntomas de covid-19 durante tres días. Era población de riesgo, y le negaron la atención médica adecuada. Su familia responsabiliza al Estado que lo obligó a trabajar enfermo.

En el subte esta semana tuvieron que despedir a Emilio Tascende, auxiliar de boletería de la Línea C. Ya son 13 los trabajadores fallecidos por covid-19 en el subte.

Estas son las historias que se repiten todos los días que contrastan con el triunfalismo del gobierno después de cinco meses de diletancia en el plan de vacunación. Una diletancia que no se explica como dice Clarín o La Nación, porque no hicimos un acuerdo entreguista con Pfizer. Se explica por la decisión de preservar las ganancias de los grandes laboratorios. Por la irracionalidad del negocio de los Hugo Sigman que producen acá la AstraZeneca pero “envió a México trece lotes de principio activo, que equivalen aproximadamente a unos 90 millones de dosis”. Y recién ahora empezaron a llegar al país.

En lo que va del 2021, hasta el 29 de mayo, suman 33.945 personas fallecidas, como esas historias. Lara, Gabriel, Emilio. Miles de muertes evitables, si se hubieran tomando hace meses las medidas excepcionales que amerita la pandemia. Como declarar de utilidad pública todos los laboratorios con capacidad de producir, fraccionar y envasar las vacunas, que propone el Frente de Izquierda. Propuesta que fue llevada por el diputado Nicolás del Caño al Congreso, y fue rechazada por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Una medida elemental para preservar la vida y evitar el colapso sanitario. Una medida que sigue siendo urgente. Los funcionarios siempre están listos para sacarse fotos y hacer anuncios rimbobantes. Pero nunca ponen sobre la mesa que hay alternativas para salvar vidas. Se podrían haber evitado muchas de estas pérdidas.

Mientras tanto, el transporte público sigue abarrotado de trabajadores esenciales que no tienen opción de cuidarse. El triunfalismo actual del gobierno con las vacunas está en sintonía con el discurso clasista del “quedate en casa” y apuntar a la responsabilidad individual. Los más expuestos en la pandemia, son también los trabajadores, poniendo en riesgo su propia vida. Agravado por las elecciones del gobierno nacional y provinciales.

La pandemia y la situación económica y social que atraviesa el país amerita poner en el centro del debate medidas alternativas y radicales. La política tradicional sólo sabe pedir “que aguantemos”. El futuro que prometieron volvió a ser más de lo mismo: sobre lo que ya perdimos, que en la crisis ganen y pierdan los mismos de siempre. Es el momento para una política de otra clase, que sólo puede estar en manos de los que no tenemos nada que perder. Salvo las cadenas.