En una columna de opinión de Bárbara Sandoval y Matías Ayala publicada por El Mostrador, hicieron un diagnóstico de lo más pertinente sobre el estadio de la educación superior chilena, donde la falta de financiamiento y la precariedad laboral son dos de sus pilares neoliberales que la han sostenido desde la dictadura y profundizada por la ex concertación.
Martes 8 de febrero de 2022
En la columna, parten el análisis desde la falta de financiamiento estable que el Estado entrega a las Instituciones de Educación Superior (ISE) y también de problemas a la interna de las universidades. Y es que el actual sistema de universidades y centros de formación profesional y/o técnica funcionan según las necesidades del mercado, vendiendo un servicio (en esta lógica neoliberal) que compite con otros para sacar el mayor beneficio económico. Por eso las universidades tienen que autofinanciarse con las matrículas, aranceles y venta de servicios a empresas. En vez de recibir un financiamiento integral por parte del Estado para que las y los estudiantes puedan especializarse, e investigar en mejores condiciones, sin por ello endeudarse de por vida.
Otro aspecto con el que parten Ayala y Sandoval son los problemas a la interna de los centros educativos, con orgánicas antidemocráticas que no favorecen la participación de les estudiantes ni de las y los funcionarios, parte fundamental del sistema educativo, sino que más bien, las decisiones pasan por un puñado de académicos, como es en el caso de la Universidad de Chile, mientras que la mayoría de la comunidad educativa observa sin mucho que hacer desde la precariedad laboral y la falta de democracia universitaria.
“En las Instituciones de Educación Superior el trabajo de los funcionarios se encuentra especialmente subcontratado. A través de esto se evita no sólo la vinculación legal del contrato, sino además la formación de sindicatos o asociaciones de carácter sindical, lo que repercute en la imposibilidad de participación en las decisiones universitarias y avance en la mejora de las condiciones laborales.” El subcontrato de los funcionarios y el boleteo de académicos (según los autores “aproximadamente entre 60% y 90% según el tipo de institución”) atomiza y separa aún más a los estamentos (estudiantes, funcionarios y académicos) e impide que se formen coordinaciones para mejorar la calidad de los centros educativos. ¿Quienes conocen al revés y al derecho lo bueno y lo malo de las Instituciones de Educación Superior si no son los propios miembros de la comunidad educativa?
La respuesta al problema: una educación pública gratuita y democrática, construida desde la triestamentalidad.
Es difícil pensar una solución concreta a lo expuesto en la columna de opinión citada anteriormente, sobre los enormes problemas estructurales de las IES sin plantearlos el romper con el sistema neoliberal, ya que para poder dedicar muchos más recursos a educación es necesario sacarlo de donde más se genera, por ejemplo de la minería. La renacionalización de los recursos naturales bajo la administración y control de sus trabajadores y las comunidades permitiría desembolsar millones de pesos en un sistema público de educación en vez de que esos recursos se vayan a los bolsillos de empresarios imperialistas. Con un financiamiento integral a las universidades, con aportes basales se podría contratar y pasar a planta a cientos de académicas/os y funcionarias/os. Pero esto es difícil que venga desde arriba.
Los autores señalan que hace falta un apoyo económico basal, pero también dicen “que sólo a partir de un diagnóstico compartido se podrá tomar el peso a la precariedad estructural de las condiciones laborales en la Educación Superior chilena.” El problema es con quienes hacer el diagnóstico. Hasta el momento hemos visto que el próximo gobierno de Apruebo Dignidad ha moderado su programa para tranquilizar a los empresarios y que se acomodó para gobernar con los ex partidos de la concertación (salvo la DC). El diagnóstico para cambiar realmente la crisis de la educación superior difícilmente saldrá de quienes han gobernado desde hace más de 30 años, profundizando el sistema neoliberal como lo son los partidos de la ex concertación.
Mario Marcel, ex funcionario del Banco Mundial, del FMI, del Banco Central puesto por Piñera ahí, y reconocido neoliberal será el ministro de hacienda de Boric, donde la gradualidad en el tiempo será uno de sus mantras, nada de cambios radicales. O sea, de aquí a 20 años (como la condonación del CAE) recién podremos pensar en un sistema más democrático y gratuito de educación superior. Otro caso directamente ligado al problema de educación es la designación de Cristian Larraín en la subsecretaría de Previsión Social. Este sujeto fue el director de la comisión encargada por él en ese entonces presidente Ricardo Lagos, para idear un sistema que terminó llamándose Crédito con Aval del Estado, y que permitió que los bancos se enriquecieran mucho más con las deudas estudiantiles, debido a que gracias a Larraín y su propuesta de “recargas”, el Estado debía comprarle las deudas a los bancos con sobreprecios. Lo que terminó siendo un negocio redondo para la banca, y por el otro lado, una forma de desfinanciamiento estatal de la educación.
De la mano de personajes como estos, o del Partido Socialista, el PPD, o el Partido Radical difícil que el diagnóstico al que lleguen sea para terminar con la educación de mercado.
El diagnóstico tiene que ser discutido por las bases estudiantiles, junto a las y los trabajadores (a plata o subcontratados) y de las y los académicos independiente de su situación contractual. Así, desde una discusión triestamental a nivel nacional podremos llegar a un diagnóstico común e independiente a los gobiernos de turno. Aquí el CONFECH debería jugar un rol principal, de impulsor de estos debates.
Necesitamos conquistar en las calles el derecho a la educación pública gratuita de calidad y democrática, financiada con aportes basales del Estado (por ejemplo con la renacionalización de los recursos naturales como la minería bajo el control de sus trabajadores y las comunidades), donde las autoridades sean electas por voto universal de todos los miembros de la comunidad educativa. Por el paso a planta de las y los funcionarios y académicos. Por la apertura de las universidades y centros de formación técnica a todo quien quiera estudiar, habilitando horarios nocturnos para trabajadores que en otro horario no podrían estudiar.
Esto solo será posible si fortalecemos al movimiento estudiantil desde nuestras facultades, con asambleas de base y junto a funcionarios, luchando en las calles para que se cumplan los cambios necesarios que Boric prometió, pero también los que han negado durante años como lo son los más estructurales que ponen en riesgo los negocios en la educación.

Yuri Peña
Licenciado en Historia. Estudiante de pedagogía en la U de Chile. Militante de VENCER y del Partido de Trabajadores Revolucionarios