El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó un recurso de protección por las emanaciones de gases tóxicos que afectan principalmente a escuelas en Copiapó.
Sábado 6 de octubre de 2018
Esta vez no es Mejillones, ni el Liceo Industrial de Antofagasta, no es Quintero ni Puchuncaví y otros ejemplos a nivel nacional de emanación de gases tóxicos y contaminación, sino que son las escuelas de la III región de Atacama, donde los estudiantes, trabajadores y pobladores no pueden tener una mínima calidad de vida en condiciones aptas para vivir.
Lo hemos visto en Quintero, lo que implicó las tomas de liceos por los estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación y también lo vimos años anteriores en Antofagasta, en el Liceo Industrial, en el que se manifestaron incontables veces debido a que el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje se veía interrumpido por desmayos, dolores de cabeza, etc. Detrás de todo esto, la ambición empresarial de ganar más a costa de arruinar y precarizar la vida de la gente que accede a la educación pública.
Y es que la educación en Chile no viene bien. Ya sabemos que el gobierno de Piñera, apunta a una educación como “bien de consumo”, lo que se traduce en ver la educación como un pilar de ganancias para grandes empresarios que no pierden con ninguna reforma educativa, ni con las de la Nueva Mayoría y menos con la del gobierno derechista actual.
La mayoría de las escuelas municipales se caen a pedazos, mientras alcaldías como las de Karen Rojo en Antofagasta o Kathy Barriga en Maipú, prefieren gastar millones de pesos de fondos públicos, en mochilas y peluches. Y así, la comunidad educativa ve interrumpida la posibilidad de entregar una educación de calidad, tanto por la desidia de los empresarios de la educación, como por aquellos que contaminan el aire que respiramos: como el grupo Luksic.
Es necesario que se unifiquen estudiantes secundarios, universitarios, docentes, funcionarios y el conjunto de los trabajadores para exigir un Plan de Financiamiento Integral a la educación pública, que sea financiado por el Estado, que se dejen de subsidiar a los privados, a los banqueros o a las instituciones de la Iglesia.
Además, ahora más que nunca con la muerte del dirigente social y sindical de Quintero, y con la represión vivida por los estudiantes secundarios que se manifestaron contra el proyecto de “aula segura” que criminaliza la protesta, se deben unificar las demandas, marcando aquellos enemigos comunes que son el gobierno y los grandes empresarios que contaminan, despiden (grupo Luksic en FCAB) y precarizan la educación pública y nuestras vidas.
Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
