Frente al 3+2, la secuela del Plan Bolonia en materia de elitización de la universidad, el movimiento estudiantil tiene el desafío de relanzar la solidaridad y la movilización, devolviendo debates estratégicos al centro del tablero.
Pere Ametller @pereametller
Lunes 21 de marzo de 2016
Foto: Twitter
Así como el capitalismo necesita continuamente renovar las formas de explotación, la educación como fábrica de mano de obra al servicio de los empresarios, también sufre continuas reformas que aseguran su función y su rol en el mantenimiento del orden social.
De esta manera, en plena crisis pretende aplicarse al año siguiente la nueva vuelta de tuerca para alejar a la clase trabajadora de la universidad, la reforma conocida como el 3+2.
El más reciente precedente de esta reforma sucede con la implantación del Plan Bolonia, cuando las licenciaturas de 5 años se transformaron en grados de 4 años + 1 año de máster, de media el triple de caro que uno de grado, unido a una subida de tasas generalizada que osciló entre un 37% y un 66% en grados y en un 68% en másteres.
Ahora, con el 3+2, se pasaría a 3 años de grado y 2 años de máster que complementan la formación eliminada de los cada vez más desvalorizados grados, encareciendo aún más las titulaciones. Los másteres pueden costar entre 3000 y 7000 € en algunas comunidades, dando lugar a carreras con un precio de más de 20.000 €. ¿Aún conserva esto el nombre de universidad pública?.
Por una parte, estos ataques no sólo están centrados en los estudiantes universitarios, ya que la implantación de la segregadora LOMCE en primaria y secundaria, unida a recortes presupuestarios y despidos en colegios públicos, degrada todavía más la educación pública frente a la privilegiada concertada o privada.
Por otra parte, estas reformas están enmarcadas en una batería de ataques a la clase trabajadora, como la Reforma Laboral o los recortes en servicios públicos, y también hacen diana en los trabajadores de los centros educativos. Tal es el caso de los 32.000 despedidos de los centros educativos y la mayor precarización laboral, unida muchas veces a la privatización de servicios en estos centros.
La consecuencia más inmediata de estos Planes y tasazos ha sido la aceleración de la expulsión de decenas de miles de estudiantes por motivos económicos, siendo este curso, más de 55.000 matrículas menos, las cuales se suman a las casi 40.000 menos desde la subida de tasas de 2012, un nuevo récord en la progresiva elitización de la universidad.
Otro factor influyente ha sido el descenso en el número y la cuantía de las becas, que ha pasado de 793.949 en 2011 a 757.027 actualmente, y de 1.618 a 1.410 los millones de euros destinados, comenzando a cerrar otra de las grietas de llegada al cada vez más elitizado búnker que son los estudios universitarios.
La apertura de las puertas de la universidad a finales del siglo XX, que se logró al calor de la lucha de clases, parece revertirse a golpe de reforma en el marco de la crisis capitalista. El rimbombante concepto de la “universidad de masas” esconde una auténtica restauración neoliberal en marcha desde los años 90.
Entre los planes de la burguesía está una mayor vinculación de las empresas privadas y bancos con el mundo universitario, incluido en el gobierno de la Universidad, ajustándola aún más a los intereses del mercado laboral capitalista. Por ejemplo, influyendo en los planes de estudio e investigación y creando una mayor precarización académica y laboral.
En este sueño capitalista en curso no cabe discusión sobre el negocio de la educación, ya que ni los regímenes universitarios ni los principales partidos contemplan la gratuidad de una educación que se merezca el nombre de pública.
Al igual que la ilusión en el reformismo y la democracia burguesa, la ilusión en el régimen universitario también falla experiencia tras experiencia. Rectorados y decanatos son la pieza central de una “casta universitaria”, que ha demostrado total obediencia a planes de privatización y elitización de la universidad.
Estas instituciones al verse cuestionadas no han dudado en enfrentarse a los estudiantes que luchaban, criminalizándolos y facilitando la represión, mostrando que ni las mesas de negociación ni los numerosos intentos de diálogo dan resultado si no es con la presión de la movilización en las calles.
Esta dramática situación hace que sea urgente retomar la lucha por una universidad pública y de calidad al servicio de los hijos de los trabajadores y no de los beneficios de los capitalistas, planteando para ello la necesidad de una lucha por el control de los centros educativos por sus trabajadores y usuarios.
Así, las experiencias más cercanas las tenemos en el auge de la protesta social entre 2011 y 2014, en el que entre las luchas obreras y sociales se dieron procesos de movilización y organización de la juventud, tales sean las huelgas estudiantiles y la participación juvenil en las generales, las protestas en defensa la educación pública en la conocida como Primavera Valenciana o en la prolongada huelga educativa en las Islas Baleares, o la creación de coordinadoras estudiantiles.
La aplicación del Plan Bolonia y la LOMCE supuso una derrota para el movimiento estudiantil, pero sólo se convierte en desmovilización si se aplica una política burocrática, actuando dentro de los límites corporativistas y de fragmentación del movimiento estudiantil entre sí y con el resto de sectores oprimidos.
Frente a esa falta de unidad y coordinación entre las distintas organizaciones estudiantiles, reivindicamos las asambleas de facultad e instituto y el trabajo de base para revitalizarlas, que rompa además las barreras entre ambas fases educativas.
Lamentablemente, la falta de unidad y coordinación entre las distintas organizaciones estudiantiles debilita la protesta en muchos lugares, demostrando que es imprescindible avanzar hacia una coordinación estatal de las organizaciones, sindicatos y asambleas para poder discutir un plan de lucha que permita golpear con más fuerza.
Por otra parte, la parcelación de las luchas laborales y estudiantiles crea la ficción de que nuestros intereses no son los mismos, que cada uno debe luchar de modo corporativo por su lado. Esto opera totalmente en contra de las lecciones que nos lega la historia, en las que la unión obrera-estudiantil se revela como una de nuestras armas más potentes, tal como muestra la experiencia de Mayo del 68.
El 3+2 es un nuevo órdago a un movimiento estudiantil que tiene que volver a enseñar los dientes a quienes tratan de condenarnos a un futuro (y presente) de paro y precariedad. De tal manera, el potencial de la juventud sólo se desarrollará con fuerza en la calle y organizada de forma antiburocrática y de base.
No sólo para enfrentar este ataque, sino para pelear por una educación de pública, laica y de calidad, bajo control de los trabajadores, necesitamos una perspectiva anticapitalista y revolucionaria que fortalezca el movimiento estudiantil la coordinación en las luchas de la juventud con los sectores oprimidos.

Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.