NO+AFP. El 89% de la población estaría de acuerdo con retirar el 10% de las pensiones

Las encuestas contra los planes del gobierno: "esto no prendió cabros"

Según la encuesta Data Influye, el 89% de la población estaría de acuerdo con retirar el 10% del fondo de pensiones para enfrentar la pandemia y la profundización de una crisis económica en curso. El gobierno y los “expertos” aseguran que implica un deterioro en el sistema y que serán peores las pensiones, pero la realidad es que las pensiones en Chile son miserables y lo que está en juego es cómo sobrevivir a este difícil escenario, donde el gobierno ha apostado todas sus cartas para disciplinar a todos los que protestaron contra el Chile de los grandes empresarios, como él, su familia y su clase social.

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El debate está instalado y no sólo a raíz de la pandemia, los 112 billones (millones de millones) de pesos que generados por un sistema de pensiones- impuesto con genocidio, tortura y exilio en dictadura- van dirigidos, al menos en un 52%, a capitalizar a las grandes fortunas nacionales.

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En ese sentido, el proyecto de resolución presentado por la bancada radical permitiría retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones a los trabajadores dependientes desvinculados o con suspensión de contrato y que cumplan con los requisitos para acogerse al seguro de cesantía; trabajadores dependientes desvinculados o con suspensión de contrato y que no cumplan con los requisitos para acogerse al seguro de cesantía; trabajadores independientes o informales.

Pero "los expertos" encendieron alarmas, el grupo de economistas que desarrolló la base técnica del acuerdo entre el Gobierno y la oposición -para el diseño del "fondo Covid", aseguran que el proyecto "genera menores pensiones y un mayor costo para el Estado", porque los "costos fiscales permanentes van más allá del acuerdo".

Cabe recordar la comisión de expertos que subió la tarifa del metro el años pasado y cómo, ajenos a las demandas más sentidas de la clase trabajadora, decían "esto no prendió, cabros" cuando los secundarios saltaban los torniquetes en protesta. Ahora son los abuelos de esos niños los que mueren después de toda una vida de trabajo para luego tener una pensión miserable y una muerte miserable en la decadente salud pública. A esa juventud es la que amarran a una deuda que sólo destinará un 20% de sus recursos a ayuda directa y el resto irá al salvataje de empresas por distintas vías.

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El oficialismo dividido: el no rotundo del gobierno y Desbordes que teme a los que no tienen nada que perder

Al respecto, la derecha se divide, el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, advierte que "puede salir caro, no soltar platita ahora". declarando abiertamente que "asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite que no ve lo que pasa con la clase media", que resultó ser clase trabajadora y que se empobreció con las suspensiones y despidos.

En tanto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, intentó cerrar el tema y declaró que: "Tenemos que hacernos cargo de la crisis de manera seria, lo más fácil sería decir que sí a todo, pero la verdad es que tenemos que ser responsables, porque lo que hagamos ahora va a implicar cómo vamos a salir de esta crisis y eso yo creo que es importante tenerlo presente".

Derrotar el sistema de AFP es una demanda estratégica de la rebelión

Exactamente en este punto estamos de acuerdo con la ministra, "lo que hagamos ahora" implica "cómo vamos a salir de la crisis", si seguirán los fondos de pensiones financiando a grandes grupos económicos a costa de las miserables pensiones que reciben los adultos mayores o los pondremos bajo control de los trabajadores y los pensionados para poner en el centro las necesidades de un pueblo que se cansó de más de 30 años de una democracia a la medida de las grandes fortunas.

El proyecto presentado acepta los despidos y suspensiones que se fraguaron con la Ley de Protección al empleo, que obtuvo votos transversales. Sin embargo, en las bases, hay trabajadores y trabajadoras que se niegan a aceptar esta prepotencia empresarial y levantan la cabeza contra los despidos y coordinan iniciativas para dar una respuesta alternativa a la crisis de salud, social y económica.

Como en Santiago, en torno al Hospital Barros Luco o en las ollas comunes en comunas de la capital y de Valparaíso o en la región de Antofagasta, donde se amasaron fortunas como la de los Luksic. Allí, el Comité de Emergencia, la asamblea de Despedidos y sindicatos, junto organizaciones como No+ AFP convocan a un paro regional para enfrentar la explosiva alza de contagios y desde ahí fijar un punto de apoyo para luchar a nivel nacional porque sean los empresarios y no la clase trabajadora la que pague los costos de la crisis, a través de un impuesto excepcional a las grandes fortunas.

El gobierno intentó desarticular la gran demostración de fuerzas que hizo el pueblo trabajador a partir del estallido social de octubre, con el Acuerdo por la Paz y con múltiples violaciones a los Derechos Humanos. Querían acallar la demanda de Fuera Piñera y Asamblea Constituyente, que condensaba el anhelo de dar respuestas de fondo a problemas como las pensiones, la educación o la salud. En plena crisis sanitaria, la respuesta ha sido similar, militarización y acuerdos transversales de los partidos políticos del régimen.

Los trabajadores y sus organizaciones están impedidos de disponer de sus ahorros como estipulan las leyes que el mismo hermano de Sebastián Piñera hizo para el sistema de AFP en dictadura, pero si se retoma el camino de la huelga general que se comenzó en noviembre de 2019, cuando a lo largo de todo Chile la clase trabajadora dio una demostración de fuerzas, es posible poner esos recursos al servicio de las necesidades urgentes del pueblo y sentar las bases para un sistema de pensiones tripartito, controlado por jubilados y los trabajadores.

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