PARO DEL REGISTRO CIVIL. El AUC, el paro de la ANEF y la criminalización de los funcionarios del registro civil

Este miércoles 28 de octubre se cumplen 29 días del paro de los funcionarios del registro civil, que han exigido el cumplimiento del bono prometido por el ex ministro de justicia José Antonio Gómez. La movilización también se ha encontrado con el reajuste de sueldo de funcionarios públicos que se viene y que los mismos trabajadores han venido a cuestionar y exigir. El gobierno ha sido tajante en su posición de no ceder ante las demandas, excusándose en la desaceleración por la que pasa el país y justificando con sus dichos la ofensiva patronal ocurrida en el último tiempo (con 18.000 despidos calculados en la minería).

El pasado 13 de abril se promulgó el Acuerdo de Unión Civil tras sus incesantes cuestionamientos por parte de los sectores conservadores del país y la Iglesia, cuestionamientos que incluso llevaron a cambiar el nombre original del "acuerdo" (el cual era PUC) por topar con el nombre de la Pontífice Universidad Católica. El día 22 de octubre se celebraron a nivel nacional los primeros AUCs tras la entrada en vigencia de la ley que los regula, fecha en la cual la se topó con el paro de los funcionarios. Esta coyuntura no estuvo excenta de cuestionamientos: tanto el Movilh como Iguales se manifestaron públicamente expresando su preocupación por la posible no celebración del AUC debido al paro que todavía sigue vigente.

Luís Larraín, presidente ejecutivo de la fundación Iguales, señaló en su momento que "Nos parece extremadamente lamentable que se haya escogido esta fecha para irse a paro, sobre todo porque esta fecha, la de la realización de las primeras uniones civiles, fue dada a conocer con meses de anterioridad". Por otro lado, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez señaló que "esperamos que antes del 22 de octubre salga humo blanco, donde tanto los funcionarios del Registro Civil, el Gobierno y la ciudadanía nos veamos beneficiados".

Pese a los ataques por parte del gobierno al paro y los temores de Larraín y Jiménez, los trabajadores del Registro Civil mantuvieron su movilización y el AUC se celebró de todas formas a nivel nacional: no gracias a la disposición del gobierno de solucionar el problema, sino gracias a los mismo funcionarios y los turnos éticos que estaban realizando.

Ahora, la verdad es que el escenario de esta semana cambia. Debido a la intransigencia del gobierno ante las demandas de los funcionarios, estos mismos han decidido radicalizar su movilización abandonando sus turnos éticos, lo que implica no llevar a cabo los futuros AUC.

Para buscar solucionar este conflicto primero hay que comprender qué situación atraviesan los funcionarios. Como si ya no bastase con que su movilización sea ilegal debido a la Constitución de Pinochet, los funcionarios se han visto abiertamente criminalizados por los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos. Pero pese a que Larraín suponga que los trabajadores decidieron esta fecha premeditadamente sabiendo que venía el AUC, lo real es otra cuestión: aunque el tiempo pase las promesas del gobierno no se cumplen y la única salida que tienen los funcionarios para ejercer presión es ocupar los métodos históricos de lucha y paralizar.

Hoy miércoles la ANEF convocó a un paro nacional del sector público en apoyo al paro del Registro Civil y marcharon en conjunto con los funcionarios paralizados en Santiago. Tras la misma marcha, la dirigenta de los funcionarios del registro civil Nelly Díaz señaló que "somos todos funcionarios públicos que estamos peleando por dignidad, esto no es un tema de lucas, no es un tema financiero, es un tema de dignidad para los funcionarios públicos. Las autoridades de gobierno a través del Ministerio de Hacienda, de Justicia y de Interior lo único que han hecho en estas semanas es amedrentar a los funcionarios del Registro Civil. El gobierno eligió muy mal el servicio público para dar un escarmiento a los funcionarios públicos". Mientras tanto el gobierno pide cordura a los trabajadores movilizados tratándolos poco menos que de "terroristas" y planteando que tienen a la ciudadanía de rehén de por medio. Si conseguir nuestras demandas es la prioridad hoy -ya sea el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o las demandas de los funcionarios públicos- lo que debe primar es la solidaridad entre oprimidos y explotados, así como lo hizo la ANEF, y no las declaraciones como las de Luis Larraín. Cuando nuestro horizonte es conquistar una sociedad donde podamos ser socialmente "iguales" nuestra tarea es pelear no solamente por la reivindicación de los derechos del sector al cual nos podemos identificar, sino también por los derechos de los sectores precarizados, tal como pueden ser los funcionarios públicos.