Niveles de deuda pública casi equivalentes al PIB y déficit público estructural, hacen inevitable la contención del gasto y el mantenimiento de la presión fiscal. Este es el diagnóstico del BCE para el Estado español, expresado en su último boletín económico. Lo que, traducido al lenguaje vernáculo, significa, ni más ni menos, que el próximo ejecutivo entrante, sea del color que sea, tendrá una tonalidad marcadamente anti-social.
Jueves 12 de septiembre de 2019
El último boletín económico del BCE es realmente claro. El margen material para cualquier atisbo de política social es inexistente. A fin de cuentas, viene a dejar en absoluto papel mojado cualquier posibilidad de un gobierno “progresista” capitaneado por el PSOE, bien sea éste en solitario o con la participación de Unidas Podemos; una idea en la que hemos venido insistiendo durante los últimos meses desde Izquierda Diario.
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¿De veras no hay margen para una política social?, pero si el PSOE prometió que…
No lo hay. No sobre bases capitalistas. Cada una de las intervenciones de Calvo, Calviño o Sánchez en este sentido se cuentan por mentiras. Actualmente, el Estado español tiene una deuda pública en niveles realmente amenazantes, que superan el 90% del PIB, con un déficit público estructural, que, sin tener en cuenta los ingresos extraordinarios derivados de la coyuntura del ciclo, no hace más que agravar el problema anterior de deuda.
Es decir que, ante una eventual recesión, la cual cada día que pasa se encuentra más cerca, ésta traería aparejada una hipotética caída drástica en los ingresos presupuestarios, encontrándose así la economía española totalmente expuesta a situarse en una posición de encarecimiento exponencial de los bonos y riesgo de crisis de deuda, similar a la vivida en Europa en 2010-12.
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Así las cosas, el cumplimiento del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) -el techo de gasto impuesto por la UE- reclama de Moncloa, sea quien sea su huésped, una orientación inequívoca: una nueva tanda de ajustes presupuestarios y nuevos ataques a las masas. La palabra del PSOE vale lo mismo que ha valido en el pasado. Nada.
...prometió que aún hay margen para subir impuestos!
Efectivamente. Pero todo el problema radica en saber sobre quien va a recaer esa nueva presión fiscal. Y, de forma directa o indirecta, en un primer momento o tendencialmente, cualquier aumento impositivo terminará recayendo sobre el bolsillo de los que viven de un salario. Es paradigmático en ese sentido el caso de Amazon y la llamada “tasa Google”, que ya se ha reconocido públicamente que, en caso de llegar ésta a ser aplicada, repercutiría sobre el consumidor final encareciendo los precios. Es decir, el anuncio de una subida impositiva por parte del PSOE sólo es otro eufemismo más para hacer pasar los ajustes por más amables a ojos del propio movimiento de masas.
Además, cabe recordar que la presión fiscal en el Estado español es de más del 30% del PIB y una eventual subida tendría efectos significativos a la hora de profundizar la dinámica negativa del ciclo económico.
En sentido opuesto, una reducción de la presión fiscal, particularmente en las figuras del IRPF, IVA o el Impuesto de Sociedades, es decir, sobre los asalariados y los sectores de pequeños propietarios y comerciantes, tendría un efecto dinamizador y desahogaría las ya maltrechas economías domésticas.
Pero esto nos lleva de nuevo a la barrera de la “responsabilidad” fiscal, a saber: tanto un aumento del gasto público por parte del Estado como colocar más renta disponible en manos de los que la generan compromete las cuentas públicas y no contribuye a corregir el déficit y el problema de la deuda.
Por ello, el camino “liberal” seguido por Díaz Ayuso en Madrid y soluciones similares, tienen un recorrido muy corto y son, en última instancia, imposibles. Más tarde o más temprano, por una vía u otra, tendrán que volver a atacar el bolsillo de las masas.
La movilización y la lucha como única alternativa
Cualquier variante política que llegue a la Moncloa estará muy lejos de ser progresista. No será más que otra reedición del comité de asuntos públicos del IBEX 35, aunque fuera con los dirigentes de Unidas Podemos, tratando de apuntalar “por la izquierda” tal empresa. Pero, en cualquier caso, será sólo una envoltura edulcorada para un gobierno profundamente anti-social y enemigo de los derechos y libertades democráticas.
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Y desde este prisma es como juzgamos la posición de sectores que, desde Izquierda Unida o incluso Anticapitalistas, piden “un gobierno a la portuguesa”, exigiendo un acuerdo programático al PSOE, apelando a cerrarle el paso a la derecha, escudándose en la política del llamado “mal menor”, etc. Esto no sería, en realidad, más que otra forma de lavarle la cara al PSOE, presentándolo públicamente como algo diferente al Partido Popular o Ciudadanos. Diferencias que, como acabamos de demostrar, no son tales, al menos no en las grandes cuestiones capitales que afectan al movimiento de masas. ¿O acaso la evidencia empírica de la experiencia de ejecutivos socialistas ha demostrado otra cosa?
Cada vez que el PSOE ha estado en el poder ha sido el ejecutor de ataques a los asalariados y la persecución de los derechos democráticos han estado a la orden del día. Reformas laborales, ataques a las pensiones, privatizaciones, pisoteo de los derechos nacional-democráticos (como en Euskal Herria), ataques a la libertad de expresión. Esta vez, las cosas no serán diferentes.
Para esta perspectiva debemos prepararnos. Por eso es necesario construir una izquierda que rompa con la política del “mal menor” y la resignación, llevando al centro de su estrategia una posición de independencia de clase y de lucha; una izquierda que no tenga vergüenza en llamarle a las cosas por su nombre, que desenmascare las diferentes variantes del capital y denuncie los amaños de “paz social” de las burocracias sindicales; en definitiva, una izquierda que se vuelque de nuevo en la organización y la lucha como motores para una verdadera salida progresista a la crisis social y para que la ésta la paguen sus verdaderos responsables, los capitalistas.