El Banco Santander, empresa multinacional líder en las relaciones con la Universidad Carlos III de Madrid, instaura un nuevo espacio que se suma a las numerosas sedes que alberga el centro. Con ello, se reabre el debate sobre la educación viciada por la presencia de intereses empresariales que nada comulgan con los y las estudiantes hijas de la clase trabajadora.
Martes 26 de abril de 2022
Como diría Marx, en un Estado capitalista, el Gobierno no es más que la junta de negocios de la clase dominante. En el caso de las Universidades, podríamos decir algo parecido, y es que el fantasma de los Botín atraviesa las paredes de esta universidad manifestado en la figura de Matías Rodríguez Inciarte, antiguo vicepresidente del Banco Santander y actual vicepresidente de Universia y Santander Universidades; y, lo más importante, presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III, cuna de bancos y multinacionales.
Que el máximo representante de uno de los órganos centrales en materia organizativa y económica de la Universidad sea una figura tan controvertida como Rodríguez Inciarte (que se retiró de su valeroso puesto, adjudicado por Ana Botín, en 2017, y con él se llevó una hucha en pensiones de 48,2 millones de euros) no es algo que nos resulte inusual. Y es que, cada vez más, los centros universitarios están siendo controlados por una casta de empresarios ajenos a la universidad la cual trae consigo unos intereses muy distintos a los que desarrollamos la vida en ella.
La entrada de este “personal externo” a los órganos de gobierno universitarios se convertirá en norma en el año 2000 con la Ley Orgánica de Universidades aprobada durante el gobierno de Aznar y será reforzada en reformas universitarias posteriores. La última de ellas la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que impulsa el “gobierno más progresista de la historia”.
En contra de este modelo de universidad-empresa, desde Contracorriente y Pan y Rosas de la Carlos III consideramos que es inaceptable que un órgano que toma decisiones tan importantes como la planificación económica de la vida universitaria quede sin supervisión de los que conformamos la comunidad universitaria: estudiantes, profesores y trabajadores.
Pensamos que es intolerable permitir que estos órganos estén compuestos por empresas como el Banco Santander, Indra o Rastreator; esto es, por multinacionales cuyos intereses nada tienen que ver con los nuestros. Mientras la juventud y la clase obrera nos enfrentamos a problemas tan graves como el cambio climático, la sociedad patriarcal o los antagonismos de clase que no deja de acentuar este sistema corrompido, estamos obligados a ver cómo empresas que despiden, desahucian familias, promueven la industria armamentística y contaminan el planeta gobiernan nuestras universidades.
Es por ello por lo que estamos en contra de la instauración de esta nueva sede del Banco Santander en la Facultad de Humanidades, que no es más que seguir publicitando al banco Santander en los espacios de la universidad pública. No nos creemos los discursos de “premiar la excelencia” y “promover nuevas oportunidades” por parte de una de las empresas protagonista de miles de desahucios en nuestro país. No podemos permitir que nuestras universidades estén controladas por aquellos que concentran la mayor parte de la riqueza mundial dejando a la inmensa mayoría de la población sin recursos suficientes para vivir dignamente.
En suma, decimos NO a la presencia de este tipo de entidades en las Universidades, y no pararemos de luchar hasta conseguir unos centros dirigidos por sus propios estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras, donde no haga falta vivir huelgas y parones por parte de los empleados precarizados por no recibir su salario, y donde la educación esté al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y no de las grandes empresas. ¡Hagamos de las universidades trincheras de lucha contra el sistema capitalista y este régimen monárquico que lo sustenta!
