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Red Internacional
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criminalización de la protesta. El Bolsón: Persecución judicial por “medio” propio

El pasado 5 de enero, la justicia notificó a dos integrantes de asambleas populares de la Comarca Andina por la toma de la Oficina de Turismo municipal. Con celeridad se inició una campaña de estigmatización mediática con foco en ambas luchadoras. Basta de criminalización de la protesta.

Ulises Crauchuk

Ulises Crauchuk Corresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk

Lunes 10 de enero de 2022 16:16

Fotos: Roxana Sposaro
@_ph.rox_

La audiencia de formulación de cargos en contra de Nora Corbalán (Asamblea Comarcal Contra el Saqueo) y Karina Ponce (Sociedad Ecológica Regional), se realizó el pasado 6 de enero, a instancias de la denuncia realizada por el Secretario de Turismo local, Bruno Helrieguer. Allí, el Juez Víctor Gangarrosa dio plazo hasta el 6 de mayo para realizar la investigación. Las imputadas fueron acusadas por el Fiscal Lukman del delito de “turbación de posesión, en concurso ideal con los de daños calificados”. En la misma audiencia, la defensora pública solicito en función de proteger a las imputadas, que no se filme o se realicen capturas de pantalla de la audiencia virtual para que no circulen en medios.

El delito consistiría en haber participado de una protesta el día 30 de diciembre, luego de conocida la resolución del Juez Gregor Joos de mantener firme el pedido de desalojo a la Lof solicitado por el Juez Calcagno. Allí se produjeron destrozos en la Oficina de Turismo municipal que concluyeron con la intervención de un grupo de hombres “respaldando” al municipio en la figura de Helrieguer con apoyo de la Policía. Un mes atras, un grupo de supuestos “Gauchos” corrió a “rebencazos” a quienes protestaban por el asesinato de Elías Cayecul en la propia Lof.

Apenas minutos después de terminada la audiencia, FM Paraíso 42, un medio sospechado de ser financiado por el magnate Joe Lewis al servicio de su ex contador, el actual intendente Bruno Pogliano, publicaba una captura de la audiencia con los rostros de ambas activistas en redes sociales. Rápidamente, se inició una campaña de ataques hacia las imputadas en redes que continuaron este lunes 10 de enero, donde se declara culpables a ambas compañeras sin ninguna prueba de ello incitando el escarnio público.

La celeridad de la Justicia en este caso es proporcional al quietismo cómplice respecto al asesinato de Elías a manos de sicarios vinculados a Rolando Rocco, quien dice ser dueño del territorio reivindicado por la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero. De hecho, los medios locales que impulsan la campaña mediática que elude al presunción de inocencia de que gozan las activistas, inmediatamente después de la recuperación territorial salieron a defender el derecho de propiedad de Rocco, algo que la justicia aún no ha podido siquiera comprobar aunque habilita el desalojo en beneficio del empresario.

Si el ataque al diario El Chubut en Rawson, durante las protestas contra la zonificación, buscó disciplinar la protesta social mediante su criminalización, procesar a activistas parte de la Red de Apoyo a la Lof Quemquentrew, busca quebrar la solidaridad con la recuperación territorial Mapuche. El conductor del programa matutino, acuso a la Colectiva Comarcal Ni Una menos, de hacer una campaña injuriosa contra su persona por la denuncia de su medio, FM Paraíso 42, como misógino. La denuncia incluye a Bariloche2000, Noticias del Bolsón y Límite 42 Paralelo de Noticias, por exhibir los rostros de ambas en sus medios violando la orden judicial en un caso de “Violencia Mediática”. Incluso el conductor llegó este lunes a incitar a los conductores a bajarse y echar a quienes protagonizaban en ese mismo momento un corte sobre Ruta 40 en solidaridad con la Lof Quemquentrew.

Una catarata de mensajes de oyentes y mensajes en redes, repetían lo dicho por el locutor llamando incluso a organizarse para ir a expulsar a quienes cortaban la ruta. El efecto de la campaña fue inmediato, pero opera también sobre la “grieta” entre Nacidos y Criados (NYC) y Venidos y Quedados (VYQ), una división fogueada por sectores de poder político en favor de intereses como los de Lewis. La supuesta “guardia gaucha” que golpeó manifestantes y provocó destrozos el pasado 21 de noviembre, se esgrime como representante del orden por sectores de poder político, económico y empresario local ante los “vándalos venidos de otras partes”.

Sobre esta división operan los medios para mantener intacto el poder de empresarios como Rocco, que son parte de los verdaderos destructores de la Comarca Andina y su estilo de vida. Debemos repudiar este ataque a la protesta y esta campaña de derecha que busca generar el clima social para aplicar la represión contra quienes luchan.