Señaló que la medida es inconstitucional, que provocará el quiebre de la libertad de información y atentará contra las inversiones. Se trata de una institución con un historial reaccionario y ligada a los funcionarios de la oposición de Juntos por el Cambio.
Sábado 12 de septiembre de 2020 08:45
Foto: Crónica
Según el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el DNU anunciado el viernes 21 de Agosto por el presidente es “inconstitucional”, ya que atenta contra “el principio de seguridad y previsibilidad jurídica” y “provocará el quiebre a la libertad de la información”. A su vez señalaron desde la entidad el peligro de “todo tipo de presiones” por parte del Estado y reivindicaron la reforma constitucional de 1994, en la cual había sido reafirmada “la presencia de un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia”.
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El decreto en cuestión declaró como "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, y además ordenó suspender "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre de 2020. Se trata de una medida que a pesar de congelar las tarifas vigentes, no retrotrae los grandes aumentos ocurridos durante el macrismo, ni toca las abultadas ganancias de los grandes oligopolios de las telecomunicaciones, como Cablevisión-Fibertel-Personal, Telefónica Movistar, Claro o Telecentro, entre otras. Es decir, si bien podrá traer un alivio para sectores de bajos ingresos, millones de trabajadores y niños seguirán sin acceso a éstos servicios, ya sea por falta de ingreso suficiente o porque directamente a sus barrios éstos servicios no llegan.
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Sin embargo, a pesar de que las ganancias de decenas y cientos de millones de pesos por año de estas empresas no se ponga en cuestión, el Colegio de Abogados salió con toda una batería de argumentaciones jurídicas para intentar defender los intereses económicos de estos grandes grupos económicos que no dejaron de crecer a costa de aumentos por encima de la inflación.
Se trata de una institución ligada a funcionarios e integrantes de Juntos por el Cambio, donde sus principales autoridades están vinculadas a la defensa (jurídica y/o política) de represores de la última dictadura genocida. Por ejemplo, en 1976 el CACBA aplaudió al golpe genocida y sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”.
Su ex presidente Guillermo Lipera, es el fundador de la agrupación de abogados macrista Será Justicia y es actualmente secretario (y ex vicepresidente primero) de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina). Uno de los miembros de Será Justicia es Alberto Solanet, quien es el titular de la "Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia". Es una agrupación claramente pro dictadura que se ocupa de la defensa jurídica y política de represores condenados por crímenes de Lesa Humanidad a quienes llama “presos políticos”.
El decreto, que fue convalidado por la Cámara de Senadores el pasado viernes 4 de Septiembre, deberá pasar por la Cámara de Diputados, donde crece la tensión y la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición de derecha por la modalidad de las sesiones.
