Aprobó el proyecto de la organización antiderechos "Rafaelinos por la vida", que busca dificultar el acceso a los dispositivos que garantizan los abortos no punibles. Una sesión muy controvertida, en la que el presidente del recinto hizo uso del "voto doble" para inclinar la balanza.
Jueves 20 de diciembre de 2018 20:57
En la noche del miércoles el Concejo Municipal de Rafaela votó positivamente el proyecto que buscaba crear en la ciudad el "Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer". Con este eufemismo se aprobó poner en marcha una serie de mecanismos que buscan impedir el acceso de las mujeres a los abortos no punibles, garantizado en el artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema nacional en el fallo F.A.L., y garantizado por protocolos nacionales y de la provincia.
La nueva normativa establece la creación de una línea telefónica y centros de atención para "asistir a la embarazada y al niño por nacer", especialmente en los casos que define como "embarazo de mujer en situación de vulnerabilidad", que serían aquéllos producto de una violación, o los que la mujer decide interrumpir. Pretende poner los derechos de la mujer en pie de igualdad con los supuestos derechos del "niño por nacer", pero sin embargo establece que si, puestos a elegir se prevalecerán los del feto por sobre los de la mujer.
La sesión que aprobó la ordenanza fue muy reñida: inclinó la balanza el voto doble del presidente del Concejo Raúl Bonino, que lo hizo a favor. El resto de los concejales que decidieron apoyar el proyecto fueron Hugo Menossi y Ana Carina de Cambiemos, y Silvio Bonafede y Lisandro Mársico, que concejales de las listas del Frente Progresista del gobernador Lifschitz. Esto expresa como todos los partidos tradicionales tienen detractores de los derechos de las mujeres en sus filas.
Las organizaciones de mujeres se manifestaron en contra de este proyecto y se movilizaron al Concejo Deliberante. En un comunicado la Asamblea feminista de Rafaela planteó que la ordenanza "plantea unos fundamentos y unos objetivos que atentan contra nuestra Constitución Nacional, nuestro Derecho Penal y todo el marco normativo internacional al que adhiere nuestra Norma Máxima". Asimismo denunció que existe "la gravísima intención de utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las mujeres que han sido violadas y no quieren llevar a término su embarazo, a que sí lo hagan".
Desde la izquierda el dirigente del PTS y ex candidato a gobernador, Octavio Crivaro, expresó que "Es completamente repudiable lo que ha sucedido en el concejo de Rafaela. Quieren dar marcha atrás con lo que ya es un derecho para la ley. Y aseguró; "La ordenanza votada en Rafaela es contra la vida de las mujeres".
Por su parte, Irene Gamboa, dirigente de Pan y Rosas en el Frente e Izquierda, declaró que "Este fue el año en el que las mujeres por millones, demostramos luchando en las calles, que la educación sexual integral y el aborto legal son un derecho". Irene finalizó planteando que: "El gobierno de la provincia no puede permitir que se dé marcha atrás incluso con el aborto no punible. Nosotros y nosotras seguiremos peleando por la legalización del aborto en el país y por la implementación real de la Educación Sexual Integral".
