El Congreso de Colombia autorizó este lunes al presidente Manuel Santos para convocar al plebiscito para aprobar o rechazar los acuerdos de paz que se alcanzaron con la organización guerrillera de las FARC, buscando poner fin al conflicto armado más extenso de América Latina.
Miércoles 31 de agosto de 2016
El Congreso de Colombia autorizó este lunes al presidente Manuel Santos para convocar al plebiscito para aprobar o rechazar los acuerdos de paz que se alcanzaron con la organización guerrillera de las FARC, buscando poner fin al conflicto armado más extenso de América Latina.
La aprobación del Congreso, con el apoyo de la coalición de partidos que respalda a Santos, se produjo el mismo día en que entró en vigor un cese del fuego bilateral y definitivo, ordenado por Santos y por el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko".
El cese bilateral y definitivo del fuego marcó el silencio de los fusiles y el fin de un conflicto que lleva 52 años de vigencia. El saldo de la guerra es de más de 220.000 asesinados, 45.000 desaparecidos, miles de “falsos positivos”, incontables torturas y violaciones, entre 4 y 6 millones de “desplazados” de las áreas rurales. Todo esto, con ayuda de sicarios al servicio de las grandes empresas que han asesinado a numerosos dirigentes sindicales y de los paramilitares que asolaron y aún actúan en el campo.
Por su parte, el Senado aprobó la citación al mecanismo de consulta por 71 votos a favor y 21 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes recibió 127 a favor y 15 en contra; que pondrá próximo 2 de octubre a alrededor de 9 millones de colombianos a responder la pregunta: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?"
Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, declaró a periodistas que "Ha sido aprobada la autorización para convocar al plebiscito".
El número uno de las FARC, Timoshenko, agregó que "Las rivalidades y rencores deben quedarse en el pasado. Hoy, más que nunca, lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra. Hoy, más que nunca, queremos abrazarlos como compatriotas, y comenzar a trabajar unidos por la nueva Colombia". "Se acabó la guerra. Convivamos como hermanos y hermanas".
Van cuatro años de largas negociaciones y en medio del clima de descontento. Las ilusiones en la “paz” entre la población se han desgastado, allanándole el terreno al discurso del “uribismo”, visto como la oposición al gobierno. El Polo Democrático, el Partido Comunista, la Marcha Patriótica y otras expresiones del “progresismo” capitulan al neoliberal Santos bajo la consigna del “¡Sí a la Paz!” en el plebiscito, que es un mecanismo completamente antidemocrático, obligando a pronunciarse entre un “sí” que implica el apoyo a Santos o el “no” identificado con el uribismo en representación de la oposición.
El ex presidente Álvaro Uribe, quién dirige la principal oposición para autorizar la convocatoria al plebiscito desde el Centro Democrático, se opone a los acuerdos de paz con el argumento de que “los comandantes de las FARC deben pagar cárcel por sus delitos y perder el derecho a la elegibilidad política”.
El gobierno requiere unos 4,5 millones de votos a favor del "Sí" para que los acuerdos reciban legitimidad política y proceder en la implementación; o una votación similar por el "No" para que sean rechazados. Ganará la opción que más votos obtenga por encima de ese umbral.
El acuerdo contempla cuestiones como el acceso a la tierra, participación de los guerrilleros desmovilizados en el régimen político colombiano, “lucha contra el narcotráfico”, “justicia”, víctimas, desminado del terreno, el fin del conflicto militar y la implementación de los pactos.
Santos busca capitalizar el éxito de la “pacificación”, asestar un golpe a sus críticos por derecha -el ex-presidente Uribe- y recuperar fuerza política para avanzar en nuevos ajustes y entregas al capital extranjero. El plebiscito se convocaría tras la firma del acuerdo final. Sin embargo se espera según las primeras encuestas una baja participación. Además, se dividen sus pronósticos entre la aprobación y un posible rechazo.
Está por verse cómo se desarrolla este proceso. Lo que queda en evidencia es la necesidad de Washington, la ONU y de la burguesía colombiana de pacificar el país para sus propios negocios y para relegitimar su rol en América Latina.
