LEGISLATURA XI. El Congreso de los diputados mantiene el subsidio de miseria para los parados

Foto: EFE/J. J. Guillén

Como ya señalamos hace unos meses, además de los exíguo de la cantidad de este subsidio, hay que añadirle las dificultades existentes para el acceso al mismo. Para poder ser beneficiario de los 426 euros mensuales durante medio año, era necesario demostrar ser un parado de larga duración y tener cargas familiares. Estos requisitos condujeron a que no la hayan cobrado, a día de hoy, más de un cuarto de la población potencialmente beneficiaria: algo menos de 100.000 parados sobre un total de 400.000 previstos.

Esto ha dado la paradoja de que haya quedado disponible más de la mitad del presupuesto para esta medida, mientras seguían sin cubrirse las necesidades básicas de los desempleados -beneficiarios o no de la ayuda- en una situación de verdadera emergencia social, con algo más del 21% de paro según la EPA.

Es que para los capitalistas y los gobiernos del PP y el PSOE cobrar el desempleo sirve para “desanimar” la búsqueda de empleo. Y, sobre todo, dificulta que el paro cumpla su función económica, la de generar un “ejército de desempleados” que “ayude” a la caída de los salarios y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores ocupados.

Con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, salvo el del PNV que se abstuvo por razones competenciales, las Cortes recientemente disueltas aprobaron la prórroga de esta ayuda, o más bien “ayudita”. Lo más cínico es que, todos ellos, reconocieron la nula repercusión de esta medida sobre la situación real de los desempleados.

La portavoz popular de Seguridad Social dijo compartir la necesidad de “posibles modificaciones” en los requisitos de acceso a estas ayudas que se acordaron “conjuntamente” con los agentes sociales. Eso sí, se justifico en que el Gobierno, estando en funciones, no puede acometer dichos cambios, pasando por alto que la Cámara tenía plena potestad legislativa como mostró la misma votación.

Además, este rasero no es igual ante todos los asuntos. Pues el mismo Gobierno en funciones es el que acaba de impulsar el acuerdo comercial con Canadá -muy similar al TTIP-, aceptar la política de inmigración en la UE sin contar si quiera con el Parlamento o aprobar la continuidad de una refinería altamente contaminante en las rías gallegas.

Los diferentes grupos se limitaron a lanzar propuestas para tratar de ajustar los requisitos a la realidad del país y a solicitar el incremento de la cuantía de la prestación, aunque sin exigir siquiera el salario mínimo interprofesional. Incluso Fátima Báñez se mostró favorable a estas peticiones, justo la Ministra responsable del recorte contra los parados. Eso sí, dejando claro que esto lo deberá afrontar el próximo gobierno. Se ve que la situación de los parados sin prestación puede seguir esperando para sus señorías.

La portavoz de IU-UP, Sol Sánchez criticó que no se aprovechase la ocasión para “ampliar los criterios de acceso de modo que los potenciales beneficiarios puedan llegar a ser los 400.000 parados”.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, señaló que Podemos votaría a favor pero “por la gente”. Denunció que, con una tasa de paro que no baja del 20% y con más de 2 millones de parados de larga duración, los programas solo cubran para que “muy poca gente desesperada” pudiera acceder a la ayuda mientras “no había problema para dar dinero a la banca”. “Ni PP ni PSOE han aplicado políticas de empleo más allá de aprobar reformas laborales. No hay derecho más pisoteado” apostilló, remachando que los 425 euros de ayuda son insuficientes para vivir.

Sin embargo,de la misma forma que IU-UP, Podemos terminó dando su voto a favor. Pero más allá del signo del voto, que podría haberse diferenciado del del partido del gobierno al menos por ejemplo con una abstención, el mayor problema de ambas formaciones es que ante esta situación se limitan a una denuncia meramente parlamentaria.

En este, como en otros muchos temas que afectan a los trabajadores y los sectores populares, tanto IU-UP como Podemos se vienen negando a convocar movilizaciones para poder imponer las demandas de la calle, la única vía para poder imponerles al PP y al PSOE la recuperación de los derechos económicos y sociales de los desempleados. También está completamente ausente la exigencia a las centrales sindicales - firmantes de este acuerdo con el Gobierno del PP- del despliegue de un plan de movilizaciones en este mismo sentido.

Para terminar de cerrar el sainete de declaraciones de cara a la galería, intervinieron también las direcciones de estos sindicatos, CCOO y UGT, reclamando a los grupos parlamentarios que hagan lo que ellos no hicieron cuando firmaron el acuerdo: exigir otro mejor y no apoyar éste. Otro “saludo a la bandera”, pues quienes hacían estas declaraciones son los mismos que se han negado a romper dicho acuerdo con el Gobierno de Rajoy y mucho menos a iniciar una fuerte campaña de movilizaciones en favor por los desempleados y sus derechos económicos y sociales.

Visto lo visto, las nuevas elecciones y el Parlamento que resulte -cuya composición no va a variar demasiado al saliente- no parece que vayan a traer consigo la recuperación y salvaguarda de los derechos económicos y sociales perdidos de la clase trabajadora, tanto de los parados como de los ocupados. Es por ello que sigue siendo vital retomar el camino de la movilización social y levantar un programa obrero de emergencia, con medidas como el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial, la nacionalización de las empresas estratégicas bajo control obrero, la prohibición de los despidos y la inversión pública en infraestructuras destinada a la creación de empleos estables y con derechos, entre otras, que realmente favorezcan a las clases populares y hagan que la crisis la paguen los capitalistas.