La LOMCE, avala la educación segregada y su financiación pública. El Tribunal Constitucional, también.
Miércoles 11 de abril de 2018
En el Estado español hay alrededor de 170 centros concertados que segregan por sexo, más de 60 con conciertos públicos. La mayoría, de inspiración cristiana o vinculadas directamente a la Iglesia Católica y el Opus Dei.
El pasado martes, 10 de abril, se conocía el fallo del Pleno del Tribunal Constitucional. Este, desestima por mayoría el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a varios puntos de la LOMCE por el Grupo Parlamentario Socialista en 2014. Uno de estos puntos era la financiación de la concertada que segrega por sexos. El TC avala de esta manera que se subvencione con fondos públicos a los colegios que segregan por sexo.
Desde CCOO y UGT, aseguran que se trata de una sentencia política que refuerza aún más la implantación de la LOMCE. No descartan que desde la Plataforma por la Escuela Pública se convoquen nuevas movilizaciones.
Por su parte, USO (Unión Sindical Obrera, nacida de núcleos cristianos) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, celebran el fallo al considerar que refuerzan la idea de que la enseñanza segregada es una opción más y que así se respeta la libertad de las familias a elegir centro.
Ya en 2016, el Tribunal Constitucional no admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía por un motivo similar.
La Junta en 2013, antes de la entraba en vigor de la LOMCE, denegó el concierto educativo a varios centros de educación segregada. Se negaba a mantener los conciertos con la educación que segrega, al considerar que era inconstitucional, y proponía la eliminación progresiva de estos conciertos.
Con la LOMCE se blinda la financiación pública a esta educación. Pero antes de su entrada en vigor, el Gobierno del PP aseguró dicha financiación a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2013.
El Artículo 17 establece que “será plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados incluidos los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo, y ello, con independencia del modelo de agrupamiento de alumnos que realicen los centros docentes en el ejercicio de sus competencias".
¿Qué supone esto? Pues que el Gobierno estaba asegurando a través de una ley presupuestaria la financiación pública de dichos centros, hasta la aplicación de la LOMCE.
Asociaciones de padres y madres, sindicatos de la concertada e incluso patronales, se agarraron a este marco jurídico para recurrir la negativa de la Junta de no mantener los conciertos.
A su vez, la Junta cuestionó que dicha ley presupuestaria fuera constitucional, y por lo tanto la consulta llegó al TC, que resolvió que sí lo era; también lo consideró así el Tribunal Supremo, sin esperar la resolución de la Comisión de Garantías.
Previamente, en 2012 el Supremo falló a favor de la Junta y al Gobierno de Cantabria y negaba que los concertados que segregan por sexo pudieran financiarse con dinero público. Y entonces llegó Wert. Las sentencias del Supremo motivaron al entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, a cambiar la ley educativa para blindar la financiación pública a los concertados y evitar nuevos casos como este.
Resumiendo, que en el marco de todo el teatro que supone la Subcomición por el Pacto Educativo, donde hasta hace bien poco participaba el PSOE, y con una nueva huelga educativa cercana, aparece este fallo del Supremo, por el que se continúa avalando la educación segregada por sexo y su financiación pública.
Si apostamos por un modelo educativo realmente público y gratuito a todos los niveles, tenemos que luchar por poner en pie un gran movimiento estudiantil, que incluya al personal docente y no docente, y a las familias del alumnado. Que luche también por acabar con la precariedad en la educación, que no es poca-, y que busque alianzas con la clase obrera, las mujeres y la juventud. Necesitamos organizarnos en cada centro de estudio y en cada facultad, de manera independiente al Estado y sus instituciones.