El Constitucional permite al Congreso sesionar (de momento) y las reformas penal y del poder judicial pasan el primer trámite parlamentario

El golpe anunciado por el Tribunal Constitucional contra el Congreso se contiene, aunque parece que solo de momento. La pelea por el control de la alta Judicatura promete ser el eje de lo que queda de legislatura.

Este jueves se prometía una mañana de alto voltaje. En la Cámara Baja se debatirían para su aprobación la reforma del Código Penal acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC, y la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial. El recurso presentado por el PP sobre esta última ante el Constitucional incluía la demanda de medidas cautelarísimas como que la suspensión de la sesión del Congreso de este jueves y en la mañana los jueces accedían o no.

Finalmente, el presidente del Tribunal, González-Trevijano electo por el PP, ha aceptado la petición de los cinco magistrados elegidos por el PSOE, de aplazar el pleno en el que debían decidir sobre esta cuestión hasta el próximo lunes. La sesión parlamentaria se ha podido iniciar, aunque PP y Vox han solicitado su suspensión sin éxito, y ambas reformas han sido aprobadas. El Constitucional podría, sin embargo, suspender a partir del lunes la tramitación parlamentaria que aún tiene recorrido en el Senado y el Congreso nuevamente.

El contenido de la reforma del Código Penal ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha contra el gobierno de coalición en las últimas semanas. La sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y la rebaja de penas por malversación cuando no incurra en el lucro personal, han sido presentadas como una cesión inaceptable a los independentistas catalanes.

El acuerdo sin duda es parte de la política de restauración de la normalidad autonómica llevada adelante por PSOE, Unidas Podemos y ERC. Un intento de desactivar por completo el movimiento democrático catalán y dejar bajo un nuevo candado por otros 40 años las aspiraciones del pueblo catalán.

Está lejos de poder tildarse de una reforma “progresista” como la presentan sus promotores, por más oposición que le haga la derecha. Como han señalado decenas de organizaciones de Derechos Humanos, el nuevo Código Penal puede rebajar algunas penas de los presos y procesados del procés, pero deja intactas las más de 4000 causas contra otros independentistas y endurece las penas de cárcel contra la protesta social.

La reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial apunta a intentar desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Para la elección de sus miembros ya no serían necesarios tres quintos de los votos del Consejo General del Poder Judicial, un órgano en manos de la judicatura conservadora y que el PP se niega a negociar su renovación.

Además, los dos miembros electos por el Ejecutivo se podrán elegir sin tener que esperar a que el Consejo elija los suyos. Con la aprobación de esta reforma el gobierno incorporaría al Constitucional dos magistrados, Juan Carlos Campo y Laura Díez, que sustituirían a los conservadores, Antonio Narváez y el propio presidente González-Trevijano, que tienen su mandato caducado.

Se trata, por lo tanto, de una reforma que intenta desbloquear a favor del sector “progresista” de la casta política la renovación de la alta casta judicial. Cuesta ver, como pretenden desde el PSOE, Unidas Podemos y socios de investidura como Más Madrid, donde estaría la diferencia de calado entre los mecanismos antidemocráticos y a dedo propuestos por el gobierno y la oposición.

Los lamentos de este jueves de los miembros de la coalición gubernamental y la prensa afín sobre esta injerencia de la Judicatura contra el Legislativo llaman también la atención. No porque no sea cierta y un rasgo evidente de la degeneración de la democracia del 78, en la que una casta reaccionaria no electa y ligada por uno y mil lazos a las grandes fortunas y empresas, pueda decidir sobre qué puede sesionar o legislar un parlamento. Sino porque esta función de tercera cámara o cámara de casación del Constitucional no es nueva, sino que ha sido una atribución entregada por el PP y el PSOE durante años al alto tribunal - así como al Supremo o los Tribunales Superiores autonómicos - para su particular guerra contra el independentismo.

El PSOE, y sus socios de gobierno e investidura, parece que olvidan que ellos mismos y el PP de Garcia Albiol y el Ciudadanos de Arrimadas en 2015 presentaron un recurso al Constitucional para frenar una resolución a favor de la independencia presentada por la CUP en el Parlament catalán.

En aquella ocasión el Tribunal no les dió la razón, pero en septiembre de 2017 fue él mismo el que, a petición del gobierno de Rajoy y el PSOE, suspendió la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica solo a 24 horas de su aprobación. La respuesta del Parlament fue aprobar una nueva Ley de Desconexión una semana más tarde, que acabó siendo una de las razones por las que Carmen Forcadel fue condenada a 11 años de prisión.

En enero de 2018 el Constitucional decidió, después de unas elecciones autonómicas impuestas por el 155 y en las que volvió a ganar el independentismo, que el Parlament catalán no podía votar la investidura de Carles Puigdemont. Y solo un años más tarde el mismo Tribunal prohibió a la Cámara catalana que pudiera votar sendas resoluciones sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía.

Pero el Constitucional no solo ha sido el brazo judicial de PP y PSOE contra los independentistas y en defensa del régimen monárquico. En los últimos años, el Constitucional ha tirado abajo cuatro leyes sobre vivienda del Parlament catalán, la última este mismo mes de diciembre, la Ley catalana contra los desahucios.

Ni los lamentos del PSOE y sus socios son, por lo tanto, creíbles, ni su propuesta de control sobre la Judicatura cambiaría nada en esencia del carácter reaccionario de esta casta que actúa como baluarte de los intereses del régimen y, como hemos visto en sentencias a favor de la banca, las eléctricas o los grandes tenedores, de las grandes fortunas y empresas.

No hay forma democrática de elección de esta casta, porque lo único democrático sería acabar con ella. Una medida elemental para frenar la bonapartización que el régimen del 78 viene llevando adelante en la última década, en la que, aunque algunos se sorprendan hoy, estos togados deciden por encima de la voluntad popular quien puede ser candidato, quien puede presidir un gobierno, sobre qué temas se puede debatir en un parlamento o qué leyes se pueden aprobar.

Es necesario disolver la Judicatura profesional, impugnar a todos los jueces y fiscales, los altos tribunales y sus mecanismos basados en componendas para elegirse entre ellos o por parte de la casta política, y establecer un sistema realmente democrático basado en la elección por sufragio universal de los jueces, la asignación de un salario equivalente al salario medio y el establecimiento obligatorio de los juicios por jurado, conformados por miembros imparciales del pueblo, para todas las causas.