El Estado de Alarma, que puede ser prorrogado hasta el 9 de mayo, cuenta con un apartado para prohibir reuniones y manifestaciones, una medida contra la protesta ante esta crisis que recae sobre la clase trabajadora.
Lunes 26 de octubre de 2020
"Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios"
Este apartado es parte del capítulo 7 del Estado de Alarma anunciado este domingo para 15 días tras la reunión del Consejo de Ministros, titulado “limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados”. Esta es una de las formas en las que se concreta la restricción de reuniones sociales a 6 personas. Otras medidas que destacan entre el texto son la prohibición de cambiar de comunidad autónoma sin un motivo médico o laboral y un toque de queda nocturno de 11 a 6.
Si el Estado de Alarma es aprobado este jueves en el Congreso, podría pasar de 15 días a 6 meses más. En este pack, el argumento de la lucha contra la pandemia podría ser utilizado para prohibir toda reunión y movilización que estorbe mientras se multiplican previsiblemente los despidos y se aplican reformas para devolver en recortes sociales el dinero prestado por la UE.
Mientras miles tomábamos el centro de Madrid en defensa de los servicios públicos, nos enteramos de la última medida del gobierno. Más sanitarios? Más transporte? Prohibición de desahucios y despidos? No, Estado de Alarma hasta abril... #EnDefensaDeMadrid pic.twitter.com/I9TBCpBgfX
— Lucía Nistal (@Lucia_Nistal) October 25, 2020
El Gobierno “más progresista de la historia” trata de anular por anticipado y por decreto toda contestación social, mientras que la lucha contra la pandemia pasa por la pelea por la mejora urgente de un sistema sanitario recortado y privatizado durante décadas, así como por condiciones laborales seguras, entre otros factores. Lo que sí recibió mejoras, especialmente en tiempos de crisis, es la capacidad represiva del Estado. Sólo en 2019 el presupuesto de la policía creció un 8,56%.
Mientras tanto, estas medidas represivas avaladas por un Estado de Alarma se refuerzan con un discurso de culpabilidad individual y de criminalización de la no-productividad repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación capitalistas. Sin embargo, medidas tan graves como la prohibición de manifestación y el toque de queda están aprobadas, con la posibilidad de extenderse hasta mayo.
No es que el Gobierno de PSOE-UP, al igual que otros gobiernos europeos, piensen que al coronavirus se lo puede derrotar con prohibiciones, toques de queda y estados policiales, sino que se preparan para llevar adelante una gestión represiva de la pandemia con confinamientos selectivos y toques de queda sobre las poblaciones más vulnerables, que son casualmente donde viven aquellos que cada día deben ir a trabajar sin ningún tipo de elemento de protección personal y en transportes abarrotados donde se arriesgan a un contagio casi seguro.
Esta verdadera “gestión militarizada” de la pandemia no es una medida sanitaria, sino una medida preventiva contra el potencial desarrollo de la lucha de clases como respuesta a la catástrofe que sufren las mayorías sociales.
La curva de contagios de la Covid, que se ha disparado tanto en el Estado español como en otros países de Europa, es el resultado directo de una política unificada de la Europa del capital contra la clase trabajadora y los sectores populares: la negativa de los gobiernos a fortalecer los sistemas de salud diezmados tras décadas de políticas neoliberales, mientras se destinan miles de millones de dólares en rescates a los grandes empresarios y se especula con la posibilidad de tener una vacuna rápida que les permita no tener que invertir en la sanidad pública o expropiar la sanidad privada que se ha lucrado durante décadas de políticas privatizadoras.
