UNA DISCUSIÓN CON LA IZQUIERDA CHAVISTA. El Estado de excepción y la importancia de defender las libertades democráticas

En la defensa de derechos como el de manifestación, huelga, asociación, etc., ante las restricciones que ha establecido el gobierno de Maduro, las organizaciones de izquierda y de lucha que lo hemos hecho, no hemos contado como compañeros de lucha a las corrientes –y militantes­– chavistas, quienes en su mayoría, con contadas excepciones, avalan estas políticas.

Ante la pugna con la oposición de derecha, y su cada vez más aislamiento del apoyo popular, el gobierno de Maduro se orientó a usar la figura del “Estado de excepción”, renovando constantemente el mismo, lo que implica, como hemos dicho, un condicionamiento de las libertades públicas y ampliación de las atribuciones de las fuerzas represivas, reforzando el control social ante el malestar popular que puede llevar a explosiones sociales, así como contra los paros y luchas de los trabajadores, justificando una mayor militarización de las zonas populares, la criminalización de la protesta obrera y popular y, si lo considera necesario, la represión.

Igual contenido tiene el Decreto 2.248 que crea el Arco Minero del Orinoco, cuyo artículo 25 prohíbe y penaliza cualquier manifestación o acción de lucha en el 12% del territorio nacional que abarca el decreto.

En cualquier otro país, o en cualquier otro gobierno, esto sería, naturalmente, motivo de escándalo y denuncia entre la izquierda, el movimiento obrero y popular, sin embargo, por las particularidades del gobierno actual y el apoyo a este de gran parte de la izquierda, esto no es así. Sobre eso queremos discutir.

El gobierno restringe derechos democráticos elementales en nombre de la pugna con la oposición burguesa y argumenta que se trata de “defenderse de la conspiración y el golpismo”, o de la “injerencia imperialista”, y a su vez, la oposición burguesa resiente y denuncia esta política “autoritaria” del gobierno nacional –aunque siempre haciendo eje, por supuesto, en aquellos aspectos que le dificultan su lucha por el control del Estado, dejando de lado cualquier “lucha” contra el recorte de libertades hacia el movimiento obrero, campesino y popular.

El gran problema se presenta cuando la izquierda subordinada al gobierno asume esta lógica, y cuando no, se cuida de no denunciar y combatir abiertamente esta política, temerosa de “caer en el mismo discurso de la oposición”. Algunos llegarán a decir, con una lógica supuestamente “marxista”, que “la revolución”, para defenderse, no debe hacer culto a estas “libertades burguesas”. Y es aquí donde conviene detenerse y ser serios.

En primer lugar, en nuestro país no hubo ni hay ninguna revolución ni un gobierno revolucionario anticapitalista. En segundo lugar, la verdad es que esta actitud dócil de sectores de la izquierda ante la arremetida gubernamental contra libertades democráticas elementales, es una capitulación ante el Estado de los capitalistas, pues es incapaz de defender derechos elementales del pueblo trabajador, dejándole además el camino a la demagogia de la oposición burguesa –que aparece casi como la exclusiva defensora de los derechos democráticos.

Desde la perspectiva de los intereses de las clases explotadas y sectores oprimidos, ninguna pugna contra sectores reaccionarios de las clases dominantes puede llevarnos a justificar que el Estado burgués recorte las libertades de los explotados y el pueblo pobre. En una sociedad dividida en clases, basada en la explotación y dominación sobre las mayorías trabajadoras, donde el Estado es el principal instrumento político de ese orden social, cualquier restricción de las libertades democráticas caerá con seguridad mucho más fuerte sobre las masas explotadas que sobre las facciones de las clases dominantes que circunstancialmente estén en la oposición.

Como apenas botones de muestra podemos mencionar que a estas mismas horas que escribimos este texto se desarrolla un caso emblemático, el de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco en huelga, atenazados entre los tribunales y la Guardia Nacional Bolivariana, que ya antes debieron pasar por la condena y prisión del secretario general de su sindicato, por encabezar una huelga. La misma medicina ha recibido los trabajadores de Sidor ante sus paros). Mañana mismo, por ejemplo, continúa el juicio contra dirigentes obreros siderúrgicos por una protesta de hace varios años contra la contratista Transporte Camila.

Y es que si, de acuerdo con el marxismo, la democracia capitalista es “la mejor envoltura de la dictadura del capital” (Lenin), de ninguna manera eso implica de parte de los revolucionarios y de la clase obrera una indiferencia hacia las libertades democráticas de la sociedad burguesa. La “democracia” capitalista, ciertamente, no es capaz de dar a las masas explotadas y oprimidas más que “libertades” e “igualdades” formales, en el sentido que tales derechos en el plano político no impugnan en modo alguno la persistencia de la mayor desigualdad y dictadura social que implica la explotación capitalista. De hecho, una cuestión elemental como la “libertad de expresión” es una farsa porque las masas trabajadoras no tienen en su manos los medios materiales para hacerla realidad: las imprentas, el papel, la radio, la televisión, y en general, las tecnologías y los recursos de difusión masiva de ideas los concentra la burguesía y su Estado. Más aún, cuando la lucha de las clases explotadas pone en riesgo el orden burgués, las clases dominantes no dudan en pasar a gobernar directamente con mano de hierro, prescindiendo de la envoltura democrática.

Pero, precisamente por esto, si ya la democracia burguesa es en buena medida una farsa, porque mantiene la explotación, las libertades democráticas bajo este orden de explotación son preciosas conquistas que deben ser defendidas muy celosamente: mientras vivamos en esta sociedad de explotación, la libertad de organización, de manifestación, de hacer huelgas y de organizarse políticamente, de difundir nuestra propia prensa e ideas, son un importante punto de apoyo para organizar nuestra lucha de clase.

Por eso, sin hacer de estas libertades democráticas un fetiche, sin creernos el cuento de que son la verdadera realización de la “igualdad” y la “libertad”, es un deber ineludible de toda la clase trabajadora, de todos los sectores explotados, y de toda organización revolucionaria, oponerse a la restricción de las libertades democráticas por parte del Estado burgués y sus gobiernos, al tiempo que nos preparamos para la hora en que el levantamiento generalizado de los explotados abra camino a la más amplia y verdadera democracia social, el autogobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, sobre las ruinas del Estado burgués y la abolición de la propiedad capitalista, sentando las bases para construir una sociedad sin explotación.