La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el presupuesto de educación. Se financiará a instituciones privadas, expresando esto una clara subordinación del gobierno a la Derecha, y a su modelo económico de focalización del gasto social e incentivo a privados para que lucren con nuestra educación.
Bárbara Brito Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
Miércoles 30 de noviembre de 2016
Tras haber sido rechazada la glosa de gratuidad para el Presupuesto del 2017, la Nueva Mayoría y Chile Vamos llegaron a un acuerdo en la Comisión Mixta con el objetivo de elaborar una nueva propuesta y conciliar posiciones. Todo esto con el claro propósito de no otorgar la educación gratuita para todos, entendida como un derecho social, y seguir manteniendo el negocio educativo.
De este modo, ambas cámaras aprobaron la nueva propuesta que establece que serán 17 universidades estatales las que recibirán por parte del Estado $3.500 millones en total. Sin embargo, el financiamiento estatal no será solo para universidades con este carácter, sino que también se le otorgarán $ 8.500 millones a 30 entidades privadas. Esta es la gratuidad que “llegó para quedarse” de la que tanto habla la presidenta Bachelet. Más becas para algunos y supervivencia del negocio. De educación como un derecho social para todos nadie habló.
La propuesta, que además de aprobar la gratuidad vía glosa, ratificó la extensión de la beca bicentenario (3.500 becas en total), a universidades privadas, con sólo dos exigencias base: estar acreditadas y ser los estudiantes que opten a dicha beca parte del 70% más “vulnerable” de la población estudiantil. Este mecanismo igualará las becas “Juan Gómez Millas”, que tienen un tope de $1.150.000 mil y son destinadas a universidades privadas, con las ya mencionadas becas “Bicentenario”, destinadas a instituciones del CRUCH, y que cubren al arancel de referencia, que como sabemos, puede superar los $3.000.000.
Según el acuerdo, desde el 2019 en adelante todas las instituciones podrán optar a los mismos beneficios, el problema es que son medidas parches que ayudan a unos pocos a costa de que cientos de miles continúen endeudados o sin poder acceder a la educación gratuita y de calidad.
Por su parte, el gobierno y la Nueva Mayoría plantean que cedieron frente a las presiones de la Derecha para que esta no recurriera al Tribunal Constitucional. Pero, finalmente, lo que permite este acuerdo parlamentario entre los políticos empresariales, es seguir financiando los bolsillos rebosantes de dinero de los empresarios de la educación. Ante este tipo de educación, concebida como un negocio más, cedieron quienes hoy gobiernan al país; y es que la defensa de la educación de mercado es la defensa de su propia clase.
De esta manera, más fondos públicos serán destinados al mercado educativo, a universidades que están siendo investigadas por lucro, a instituciones sin mayor regulación, que son propiedad de empresarios particulares, muchas de ellas fundadas en Dictadura o producto de la política educativa impulsada por esta misma.
Desde el movimiento estudiantil debemos rechazar el financiamiento a las instituciones privadas con dineros estatales, y por tanto, rechazar tajantemente la entrega de estos fondos a dichas entidades; rechazar a este sistema de financiamiento a la demanda, sin regulación, donde se facilita el lucro y las condiciones indignas de estudio.
Vemos nuevamente que el gobierno está lejos de entender la educación, y más aún la gratuidad en la educación, como un derecho social para todos y todas.
Frente a esto debemos reponer con más fuerza que nunca la necesidad de la educación gratuita universal, 100% financiada por el Estado a universidades estatales, con un plan de fortalecimiento de la educación pública, para acabar con las restricciones de clase que impiden que cientos de miles accedan a la educación superior, como es la PSU. ¡Todo quien quiera estudiar tiene el derecho a hacerlo!
A su vez, las universidades privadas que lucren, quiebren, o donde sus comunidades educativas así lo decidan, deben ser estatizadas.
Hago un llamado a las organizaciones políticas de izquierda que no están de acuerdo con la reforma del gobierno a actuar en común en pos de la educación gratuita y pública para todos y todas; a los dirigentes estudiantiles, en especial de la FECH; al conjunto del movimiento estudiantil y nuestros compañeros de estudio; a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, nuestros padres y madres que se esfuerzan día a día por costear nuestro derecho a estudiar; y a todos aquellos que seguimos pensando que la educación es un derecho social que debe ser garantizado en plenitud por el Estado. No queremos más negocio en la educación, ni financiamiento a instituciones privadas, ni becas parches que buscan paralizar nuestro propósito. ¡Educación gratuita, pública y de calidad para todas y todos!
