Opinión. El Estado es el primer vulnerador de los derechos de la infancia.

En pleno proceso constitucional, y con elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, vale la pena reflexionar sobre aquello que es necesario cambiar en la estructura del Chile actual, y una de ellas tiene relación con la protección de la infancia y la adolescencia.

Los datos son abrumadores. Según el Censo del 2017, la cantidad de niñas, niños y adolescentes en Chile, de 0 a 17 años, asciende a 4.259.155, cifra que representa cerca de un cuarto de la población total del país (24,2%), sin embargo han sido uno de los grupos más afectados por el modelo, que vio agudizados sus aspectos más recalcitrantes en el actual contexto, revelando al mismo tiempo cómo el Estado ha sido la principal fuente de violencia contra este grupo.

La violencia por parte de los agentes del Estado.

En primer lugar se encuentra la violencia directa ejercida por los agentes del Estado, donde los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actualizados en mayo de 2021, consignan que desde el 18 de octubre de 2019 han recibido un total de 550 denuncias por violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en durante la Rebelión Popular, que como sabemos, tuvo un componente mayoritariamente juvenil. Por su parte, la Defensoría de la Niñez registra 818 casos entre el 19 de octubre de 2019 y el 30 de junio del 2020, donde 471 corresponden a lesiones físicas con artefacto o implemento; 145 a lesiones físicas originadas por armas de fuego; 71 a violencia sexual, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; 91 a otras vulneraciones en detenciones, manifestaciones o vehículos policiales; y 40 a vulneraciones no identificadas. De estos casos, el 92% es responsabilidad de Carabineros; el 2% de militares; el 2% de la Policía de Investigaciones (PDI); mientras un 4% no cuenta con información al respecto.

A esto debemos agregar el componente específico del racismo ejercido contra las niñas, niños y adolescentes del Pueblo Mapuche, cuyo número asciende a 471.742 según el Censo 2017, con episodios vergonzosos como lo fue la agresión y detención por parte de PDI a la hija, con sólo 7 años, de Camilo Catrillanca en la comuna de Ercilla, el día que se dictaba la sentencia del caso, o el ataque con gases lacrimógenos por parte de Carabineros contra una escuela y una sala cuna en un allanamiento a la comunidad de Temucuicui, afectando a un total de 47 niñas y niños, y el reciente ataque de efectivos de la Armada en Huentelolén que dejó una niña de 9 años baleada.

Por otro lado, se encuentra el cuestionado Sename, que la Ley 21.302 modifica sin alterar su financiamiento, manteniendo el actual sistema de subvenciones que no financia siquiera los estándares base que el propio Estado establece, y donde han tenido lugar un 50% de estos casos de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, 59% vinculado al área de protección, el 35% al área de responsabilidad penal adolescente, con un 6% no tiene información al respecto, sin mencionar las numerosas investigaciones por redes de explotación sexual infantil. Sin ir más lejos, entre agosto de 2019 y septiembre de 2020, se ingresaron 747 denuncias por abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes al interior de estas residencias según la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Es decir, el Estado a través de sus agentes, ha tenido una práctica sistemática de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero que no se agota aquí.

El deterioro de las condiciones de vida a causa de las políticas estatales.

Una segunda dimensión de estas vulneraciones se dan por el contexto propiciado por las propias políticas estatales que repercuten directa o indirectamente sobre la infancia y la adolescencia.

La pandemia profundizó mucho más las diferencias sociales estructurales del propio modelo, donde los grandes empresarios y los políticos a su servicio generaron todo un contexto para que la crisis la paguen los trabajadores: Un estado de emergencia prolongado desde el 2019 prácticamente que aseguraba una ampliación del control represivo de la población en general, y una Ley de “Protección” al Empleo, propuesta por el gobierno de Piñera y aprobada por el conjunto de los partidos del régimen, desde la UDI al Frente Amplio y el Partido Comunista, la cual dejó el saldo de 2 millones de empleos perdidos, y más de 700 mil suspensiones laborales que fueron pagadas con los seguros de cesantía de los propios trabajadores, dando como resultado que los empresarios chilenos aumentaran sus fortunas en un 73% durante el 2020 contrastando con las cifras de aumento de la pobreza.

En Chile el 66,1% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tuvieron una disminución de ingresos respecto del periodo anterior a la pandemia, asociada directamente al hecho de que en un 30,3% de los hogares con niños, niñas y adolescentes hubo al menos un integrante que perdió el empleo, y en un 7,7% este empleo fue suspendido. En consecuencia, la pobreza aumentó un 2,2% respecto del 2017, llegando a la cifra de 10,8%, 2.112.185 personas lo que son, 583.901 más que en 2017. La pobreza extrema también aumentó de un 2,3% a 4,3% en el mismo período y en consecuencia, también la cantidad de niñas, niños y adolescentes, que en conjunto (pobreza por ingresos, multidimensional o ambas) alcanza la cifra de 31,2%, 577.000 en situación de pobreza por ingresos y 907.711 en situación de pobreza multidimensional. 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en Chile están en situación de pobreza según los datos recopilados en el 2020 por el Observatorio Niñez y Adolescencia, lo que se condice también con el aumento de los campamentos en Chile, más de 41 mil familias según un estudio realizado por la Fundación TECHO-Chile. Es decir, la crisis la están pagando los trabajadores, y en particular, la infancia y la adolescencia.

La educación como privilegio de clase.

Finalmente, debemos referirnos al derecho a la educación. En el contexto de pandemia y encierro, la educación cambió a la modalidad remota, lo que elevó el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las necesidades de primer orden. Sin embargo, el modelo de mercado que había generado una educación para ricos y otra para pobres (que se reflejaba principalmente en los puntajes SIMCE y en los ingresos a la educación superior) profundizó esta brecha social, alrededor del acceso a estas TIC, pues según el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 29% de los escolares no tiene acceso a un computador en su vivienda y el 13% no tiene ningún tipo de acceso a internet, mientras que 1 de cada 4 escolares vive en una vivienda con carencias y el 15% vive en en condición de hacinamiento. Al cruzar datos nos encontramos con que el 68% de los escolares del primer quintil de ingresos habita una vivienda con carencias y no cuenta con acceso a internet y/o a un computador, mientras que en los escolares del quinto quintil la cifra es de un 10% en la misma dimensión. Es decir, el acceso a la educación se consolidó como un privilegio de clase.

Estas consecuencias se vieron reflejadas en varios medidores, por ejemplo la encuesta Casen 2020 muestra que el ausentismo escolar pasó de 2,2 en 2017 a 4,4 en 2020 y que se concentra en hogares de los dos primeros quintiles de ingreso autónomo, con 5,6% y 5,8% para el quintil 1 y quintil 2 respectivamente, siendo especialmente afectados niñas y niños entre 4 y 5 años, que es cuando son menos autónomos en su aprendizaje. También marcó diferencias según establecimientos educacionales, siendo los más afectados los estudiantes matriculados en establecimientos municipales (38,1%), en comparación a los matriculados en establecimientos particulares subvencionados (22,6%) y particulares pagados (7,7%) quienes tuvieron acceso a clases con mayor frecuencia semanal. Según esta misma encuesta, 42,7% de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años viven en hogares sin herramientas tecnológicas adecuadas para fines educativos.

Finalmente, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, hasta el año 2020 en Chile existían más de 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema escolar, mientras que otros 39.498 niños y niñas no se matricularon en ningún establecimiento el año 2021, concentrándose en establecimientos municipales o dependientes de servicios locales, es decir, públicos, con un 7,2% frente a los subvencionados, con un estimado de 4,5%, lo cual no es de extrañar si tomamos en cuenta que la principal política del Mineduc durante el 2020 y gran parte del 2021 fue la insistencia en la vuelta a clases presenciales, gastando millones en esta campaña que podrían haber sido destinados a reforzar la modalidad telemática que finalmente fue financiada por los propios docentes y por las familias de estos estudiantes, muchas de ellas golpeadas por despidos y suspensiones. No hubo una política para dar acceso a TICs a quienes lo necesitaron, obstaculizando el acceso a la educación a los sectores más vulnerables, teniendo como consecuencia ausentismo y deserción escolar. Es decir, nuevamente el Estado vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes profundizando la educación como un privilegio de clase.

Hacia el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales integrales.

Es por esto que se hace necesario avanzar a cambios estructurales del modelo y una nueva concepción de la niñez y la adolescencia. La actual sociedad neoliberal es marcadamente individualista, competitiva y adultocéntrica, por lo que los posterga incluso como sujetos de derecho, como lo prueba el hecho de que a los 14 años puedan ser juzgados en tribunales, pero no tengan derecho a voto hasta los 18 años, de la misma manera que la formación ciudadana y la educación sexual viene orientada poniendo los intereses del régimen y de los padres por sobre las necesidades de la niñez y la adolescencia, coartando su desarrollo como sujetos.

Creemos necesario organizarnos y movilizarnos por el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales integrales y de pleno derecho, y que esto pasa por implementar una educación sexual integral, libre de toda moral religiosa y una formación ciudadana vinculada a reconocer el derecho a votar y ser elegidos desde los 14 años.

Esto debe ir acompañado de una reorientación completa en lo que respecta a la democracia al interior de la escuela, donde sus intereses y necesidades deben ser determinantes a la hora de orientar el sistema educativo, donde los cargos directivos sean escogidos democráticamente por toda la comunidad educativa, esto es trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados, y la gestión pase por las decisiones de consejos escolares plenamente resolutivos, que son los un realmente viven las necesidades, acabando de esta forma con el autoritarismo impregnado en el modelo de neoliberal donde son los sostenedores públicos y privados los que tienen la última palabra, imponiendo sus criterios mercantiles.

Este es un pilar fundamental en la construcción de una Nueva Escuela Nacional Unificada, de acceso universal y gratuito, continua de la sala cuna a la educación superior, que sea financiada íntegramente por el Estado y gestionada por las comunidades educativas, de carácter público, democrático, laico, no sexista e intercultural, donde se termine con las subvenciones a privados y la educación para ricos y para pobres y donde implementen mejores condiciones laborales y de aprendizaje: Estabilidad laboral para los trabajadores de la educación, equivalencia de 50/50 horas lectivas y no lectivas para poder preparar materiales de aprendizaje, que en conjunto con la reducción a 20 estudiantes por sala para permitir el seguimiento y la personalización de la enseñanza, posibilite el ingreso de más profesores al sistema, implementando evaluaciones formativas y colaborativas para terminar con la competencia y el punitivismo, haciendo especial énfasis en el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia como sujetos.

Desde acá es necesario terminar con las instituciones en la lógica del Sename, esto es subvencionadas por el Estado y ligadas al sistema judicial, para pasar a ser parte del sistema educativo en la forma de una red de hogares, financiadas íntegramente por el Estado y gestionadas por los trabajadores de la educación y los estudiantes, con el objeto de reintegrar hacia el sistema educativo formal sin estigmatización, marginación o discriminación.

Para esto es inadmisible que el Estado siga financiando fuerzas armadas y policiales que como agentes del Estado se han dedicado a garantizar un orden que sólo ha beneficiado a los empresarios y los políticos a su servicio. De esta manera no puede haber ni un solo peso más para represión, con el objeto de asegurar el financiamiento de las necesidades del pueblo trabajador y en particular de la infancia y la adolescencia y terminar con la violencia de la que hoy son objeto, especialmente en el Wallmapu donde se debe terminar toda militarización y estado excepcional, así como la nacionalización de las empresas estratégicas para el país, bajo gestión de los trabajadores y las comunidades, el impuesto a las grandes fortunas, la derogación de la Ley de Protección al Empleo y la prohibición de los despidos, así como la implementación de un sueldo mínimo de 600 mil pesos junto a la reducción de la jornada laboral a 30 horas sin rebaja salarial, generando con ello nuevos puestos de trabajo para que la crisis y el alza del costo de la vida no la sigamos pagando los trabajadores, y en particular nuestras niñas, niños y adolescentes, en el camino de un gobierno de trabajadores.

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