IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO. El Estado español no aprueba en Derechos Humanos ante la ONU

Acciones de boicot y bloqueo a las demandas judiciales de las organizaciones que luchan contra los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista han sido amparadas durante años por los Gobiernos del PP y del PSOE. No parece que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ofrezca una salida real a esta situación.

El próximo miércoles 22 de enero el Estado español entrará en el tercer ciclo de su examen periódico para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tras su último Examen Periódico Universal (EPU), el Estado español recibió nada menos que189 recomendaciones para cumplir regularmente con sus obligaciones en materia de derechos humanos entre 2015 y 2020.

En noviembre de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez remitió un informe intermedio al Consejo de Derechos Humanos para dar respuesta a las exigencias de los compromisos adquiridos en esta materia. Respecto al punto de la memoria histórica, Pedro Sánchez tuvo el cinismo de limitarse a señalar que por “la aplicación de los principios de legalidad y no retroactividad de la ley penal, la prescripción de los delitos y la ley de Amnistía de 1977 no es posible recurrir al proceso penal para investigar los hechos acaecidos durante los años 30 y 40”.

Es increíble que en ese documento se hable solo de los años 30 y 40, cuando en realidad se ha paralizado cualquier investigación judicial, dentro y fuera de España, de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos hasta mucho después de los años 30 y 40, tal y como establece la Ley de Amnistía que sigue vigente.

Pedro Sánchez también señalaba en este documento la creación de la Dirección General de la Memoria Histórica en el Ministerio de Justicia y añadía que estaba trabajando en la elaboración de un mapa Integrado de Fosas, en la actualización del Protocolo de actuación de en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como en la redacción de un Real Decreto que regule la creación de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura junto con el diseño de un Plan Estatal de la Memoria Histórica para la búsqueda, exhumación e identificación de los desparecidos.

Asimismo, indicaba en el apartado 118 del documento que se había producido la presentación, por varios grupos parlamentarios, de una Proposición de Ley sobre bebes robados en el Estado español, agregando a continuación que fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Pero se le olvidó añadir que, en realidad, esa ley duerme en el sueño de los justos puesto que no se ha hecho prácticamente nada en ese sentido.

Además, nada decía de todo el período en que había quedado paralizada la Ley de Memoria Histórica, consecuencia de la no adjudicación de ni un solo euro destinado a la exhumación de las fosas de las víctimas del franquismo por el Gobierno de Rajoy.

Las pocas exhumaciones que se han llevado a cabo lo han sido exclusivamente por iniciativa de los familiares que de un modo incansable han venido batiéndose contra las trabas puestas por el Estado español. Todo ello para lograr algo tan básico como recuperar los restos de sus seres queridos asesinados por la dictadura franquista. Y corriendo además con todos los gastos.

Tampoco señalaba para nada el auténtico boicot y la multitud de trabas y dificultades jurídicas puestas con relación a las acciones judiciales emprendidas por la jueza argentina Servini en la denominada “querella argentina contra los crímenes del franquismo”. Haciendo caso omiso tanto el Gobierno como la Judicatura española de las órdenes internacionales de arresto sobre los que habían sido dirigentes franquistas responsables de la represión, como Martín Villa o Utrera Molina, o a policías torturadores como Billy el Niño.

Gracias a estas querellas, justamente, es que actualmente hay un gran número de resoluciones judiciales concretas que están vulnerando el principio del derecho a la tutela judicial efectiva, una auténtica ignominia judicial que puede ser denunciada también en los tribunales internacionales.

Por otra parte, la querella argentina se basa en el principio de jurisdicción universal para juzgar los crímenes de lesa humanidad y en su no prescripción. Algo que sigue siendo negado, incluso por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las acciones desde Argentina se iniciaron en el año 2010 impulsadas por organizaciones de derechos humanos argentinas y españolas. Un informe de Amnistía Internacional de 2012 apoyó esta querella denunciando que en el Estado español no se había llevado a cabo una investigación judicial a fondo para descubrir la verdad sobre los crímenes franquistas.

La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina (Ceaqua) a través de su portavoz y abogado Jacinto Lara ha señalado que no se ha producido con este Gobierno ningún avance respecto a la tutela judicial efectiva, sino que, más bien “lo que hay son retrocesos”.

Ceaqua ha elaborado un informe titulado “El derecho a la tutela efectiva de las víctimas de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la dictadura franquista”, suscrito por más de cien organizaciones, en el que denuncia el incumplimiento absoluto del Gobierno español de las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas.

El abogado y portavoz de Ceaqua también insistió en que “España está incumpliendo sistemáticamente el contenido de todo el derecho internacional de derechos humanos que está obligada a cumplir por la ratificación de los tratados internacionales” que tiene firmados.

El Estado español como reino de la impunidad

El Estado español es un caso especial en materia de violación sistemática de Derechos Humanos. Es el único de entre los países que sufrieron una dictadura fascista en Europa con nulo reconocimiento de los derechos jurídicos y políticos de los asesinados y represaliados. Con todavía cientos de miles de cadáveres en las cunetas distribuidas por toda la geografía española; con multitud de calles y pueblos nombrando y homenajeando a los fascistas; con la existencia todavía, aunque ya sin el cadáver del dictador dentro —la única acción cosmética de Pedro Sánchez al respecto— de un monumento de exaltación fascista que corona una enorme cruz.

Y, sobre todo, sin la más mínima depuración de los cuerpos represivos y judiciales de todo el aparato del Estado- que se ocupó de llevar a cabo el objetivo máximo del franquismo de liquidar cualquier vestigio de oposición y lucha independiente de la clase obrera- hasta día de hoy.

En el resto de los estados, tras la II Guerra Mundial, impulsados por una fuerte lucha política de la clase obrera y, entre otras cosas, para frenar los procesos revolucionarios abiertos en muchos de ellos, se llevaron a cabo procesos más o menos profundos de limpieza de los aparatos del Estado de los vestigios fascistas y nazis más palpables. Como caso paradigmático, el macro juicio contra la cúpula del partido Nazi Alemán en Nuremberg, con sentencias y amplias condenas para muchos de ellos y la prohibición del partido Nacionalsocialista. También sufrieron una cierta persecución, enjuiciamiento y condena los protagonistas más activos del Régimen de Vichy en Francia y de la Italia fascista de Mussolini, por ejemplo.

Sin embargo, en el Estado español muy diferente ha sido la reconversión del régimen político en la Transición y el posicionamiento de los diferentes Gobiernos posteriores, desde los socialistas de Felipe González a los del PP. En aras de una falsa política de “reconciliación nacional” suscrita también por el PCE de Carrillo, han defendido una auténtica ley de punto final.

La impunidad derivada de la Ley de Amnistía ha supuesto que las víctimas de la dictadura franquista no hayan tenido “verdad, justicia y reparación “como vienen exigiendo las organizaciones de derechos humanos en contra de los crímenes del franquismo. La dictadura franquista donde, recordemos: se asesinó a cientos de miles de personas por sus ideas políticas, miles de bebes fueron robados, hubo trabajo esclavo y campos de concentración, se cometieron violaciones y abusos de miles de mujeres y se suprimieron sus derechos civiles y sociales más elementales, se persiguió a homosexuales, lesbianas y transexuales, y sistemáticamente se torturó a cualquier opositor político.

Finalmente, ¿qué podemos esperar a este respecto con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos? No tenemos en realidad ninguna expectativa, puesto que los diferentes Gobiernos socialistas han bloqueado cualquier medida encaminada a terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. Y no solo eso, sino que han dado amparo y protección a los franquistas represores o a los policías torturadores y jueces franquistas que siguieron con honores, en algunos casos incluso sobresueldos, ejerciendo sus funciones con total tranquilidad.

El Gobierno de Coalición se ha limitado a establecer consideraciones abstractas y generales. Pero no se han planteado derogar la Ley de Amnistía, ni aplicar los convenios internacionales de derechos humanos que siguen reclamando las víctimas del franquismo.