La difusión por parte del semanario Brecha de parte del archivo Berruti da cuenta de cómo continuó operando el aparato represivo heredero de la dictadura desde la propia estructura del Estado. Una consecuencia más de la impunidad reinante.
Lunes 31 de julio de 2017
Los más de 14000 documentos difundidos, son una parte ínfima del conjunto de documentos encontrados a partir de los llamados “archivo Berruti” y “archivo Castiglioni”. El primero fue encontrado en la Escuela de Inteligencia del Ejercito durante la gestión de Azucena Berruti como ministra de Defensa en el primer gobierno frenteamplista mientras que los segundos fueron hallados en la vivienda del coronel fallecido Elmar Castiglioni en 2015.
La documentación hallada da cuenta de la existencia de la organización desde distintas dependencias estatales de una importante estructura de espionaje y persecución de militantes políticos y sindicales, en su mayoría de izquierda, así como de organizaciones sociales y políticas en funcionamiento a lo largo de más de 40 años. Los documentos prueban la existencia de estas acciones desde antes de la dictadura hasta los primeros año de este milenio, es decir cuando ya habían transcurrido varios periodos democráticos.
A lo largo de todos estos años, informantes, infiltrados y espías registraban prolijamente las acciones de militantes y organizaciones, sus debates, posiciones y movimientos. En algunos casos estos espías llegaron incluso a ocupar posiciones importantes en sindicatos o partidos políticos, como sucede con el agente “Leandro”. Este personaje llegó a ser suplente de Richard Read en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), dirigente del Partido Socialista e integrante de la Mesa Política del Frente Amplio en Lavalleja. Increíblemente el espía vive actualmente como jubilado a partir de su actividad como infiltrado, una actividad que obviamente es ilegal y atenta contra los derechos democráticos.
Un aparato represivo amparado por la impunidad
Aunque una Comisión parlamentaria fue creada específicamente para estudiar el tema y se anuncia que la situación pasará a la Justicia no se puede ocultar que estas acciones son una “política de Estado” y atraviesa sin distinción la etapa dictatorial y la democrática.
No se trata de hechos irregulares, realizados por individuos “sueltos” o que se extralimitaron en sus funciones sino que por el contrario muestra la existencia de una sólida estructura estatal que organiza, planifica y ejecutó el seguimiento de militantes y organizaciones sociales. Se trata de cientos o miles de agentes dependientes de distintas reparticiones estatales que ejecutaron su tarea en función de las órdenes que recibían desde las entrañas de las propias estructuras que componen el Estado y contaron con el aval (activo o pasivo) de gobernantes y políticos que dirigieron el país, tanto en dictadura como en democracia. Aunque la tarea de estos agentes es claramente ilegal, por algo aún hasta hoy estas redes de espías (que nadie asegura que no actúen en la actualidad) cobran jubilaciones o acceden a los derechos de un empleado estatal.
La impunidad hacia los hechos de la dictadura, consecuencia del Pacto del Club Naval y de la ley de Caducidad (es decir con la complicidad de todos los partidos políticos) genera el campo propicio para acciones como las descriptas en los archivos encontrados.
Los hechos relatados constituyen un ataque contra las libertades democráticas,
toda la información recabada en los archivos está al servicio de una postura represiva y de control estatal para defender el status quo y trata a militantes de izquierda y sus organizaciones como a una amenaza para la seguridad.
