CASO AYOTZINAPA. El Estado no quiere investigar al Ejército

Después de que se presentara el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que se formó como presión de los organismos internacionales para brindar asesoría al gobierno para investigar Ayotzinapa, el gobierno se ha mostrado cada vez más empecinado en proteger al Ejército.

El GIEI sostuvo en su informe que no se puede dar por cerrada la investigación oficial sobre el caso. Para el GIEI no hay “un móvil sólido que explique la trama que presentan las autoridades”, además que presuntamente las declaraciones sobre las cuales se basan fueron tomadas bajo tortura.

Se tiene que investigar como desaparición forzada
El Estado mexicano evidenció ante el mundo su complicidad y encubrimiento en el caso Ayotzinapa. El GIEI advirtió que de comprobarse que gran parte de las declaraciones de los detenidos fueron tomadas bajo tortura, estas no tendrían valor jurídico y al final la investigación podría quedar en la impunidad. Y así es como “investiga” el Estado uno de los casos más importantes de violaciones a derechos humanos de la historia.

EL GIEI señaló que ninguno de los 106 detenidos por el caso fue acusado de “desaparición forzada”, cuando este es el delito correcto bajo el cual debe de hacerse la investigación, ya que se acreditó en el crimen la participación de representantes del Estado. En su momento, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU también hizo el mismo señalamiento.

“El Ejército no dirá nada sobre Ayotzinapa”
El Secretario de Gobernación, Osorio Chong, no respondió directamente al Grupo de Expertos de la CIDH, hizo oídos sordos al señalamiento de que hacía falta entrevistar al Ejército.

Pero en una conferencia de prensa al día siguiente de las declaraciones del GIEI sostuvo, al responder a la prensa, que “el Ejército no dirá nada sobre Ayotzinapa”. A las horas, el máximo responsable militar de las fuerzas castrenses expresó en medios de comunicación que el Ejército iba a ser fiel al poder político.

El INAI solicita los interrogatorios de los militares
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) presentó la semana pasada una orden por la cual la Procuraduría General de la República (PGR) debe de dar conocer la versión pública de los interrogatorios que realizó a 20 militares.

Según la comisionada del INAI que llevó el caso, la legislación sobre el tema impide que se reserve la información cuando se trata de graves casos de violaciones a derechos humanos, e indudablemente Ayotzinapa lo es.

Hay que abrir nuevas líneas de investigación: fue el Estado
Mientras no aparezcan los cuerpos de los normalistas, o que exista evidencia científica irrefutable de que los 43 estudiantes fueron muertos, el Estado tiene la obligación de continuar con la búsqueda de los estudiantes. Esta fue otra de las recomendaciones del GIEI.

El hecho de que el grupo de expertos, entre los que se encuentran destacados juristas, haya recomendado tipificar la investigación del delito como “desaparición forzada”, no significa otra cosa sino que el Estado mexicano tiene que reconocer su participación en el crimen y dar con responsables intelectuales y materiales. Esto, sin duda, implicaría ir contra funcionarios civiles e integrantes de las fuerzas armadas; los cuales son soporte del propio estado mexicano.

Una desaparición forzada se tipifica así porque el Estado participa en la desaparición de personas. Esto es un crimen particularmente grave porque un Estado tiene infinidad de recursos para realizar y ocultar sus atentados. Pero en México, el régimen ha tratado de mantenerse siempre en la impunidad, mejor prueba de ello no puede ser la impunidad con la que dejó la investigación de la masacre de 1968.

Desaparecen la comisión especial en la Cámara de Diputados
En la Cámara de Diputados, los “representantes” de la nación no guardaron el descaro y rápidamente también llamaron a desaparecer la comisión que investiga el caso Ayotzinapa. En este crimen, todos los partidos políticos están involucrados y son los primeros interesados en mantener la impunidad.

Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero es militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dejó el cargo con total impunidad. El Partido Acción Nacional (PAN) conoce mejor que nadie en qué se involucró el Ejército porque fueron ellos quienes lo condujeron en los primeros años de su “guerra contra el narcotráfico”. Y de investigarse al Ejército, su máximo responsable es el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

Las caravanas por Ayotzinapa
Mientras tanto, los padres de familia rechazaron tajantemente la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de dejar la lucha por la presentación de sus hijos a cambio de apoyar al MORENA y, en caso de ganar, ser ellos quienes designaran al próximo fiscal del estado que investigaría el caso. En su lugar, llamaron a boicotear las elecciones porque no hay condiciones en el país para que se celebren elecciones libres y democráticas.

Los padres de familia han mantenido una intensa actividad. Una comisión de madres y padres, así como de normalistas partió a Sudamérica en una Caravana que visitará Brasil, Uruguay y Argentina hasta el 12 de junio. El día de hoy realizó una manifestación en Córdoba, Argentina, a la que unieron cientos de personas.

Otra comisión de madres, padres y normalistas realiza la #EuroCaravana43 que recorre Europa, y que ha visitado países como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suiza, España, etc., dando a conocer otra versión a la que dio a conocer Murillo Karam. Una historia que aún no está escrita porque hacen falta muchas investigaciones por hacerse. Los responsables políticos de este crimen se mantienen hoy en el poder.

El crimen de Ayotzinapa fue una bomba que tarde o temprano iba a estallar, porque en México se cometen crímenes atroces a diario. Durante noviembre del 2014, cuando ocurrieron las movilizaciones en contra del gobierno más importantes del proceso, todos los partidos políticos cerraron filas para no permitir que nadie asumiera ninguna responsabilidad.

Ya sin la presión de cientos de miles en las calles de todos los estados del país, el gobierno está menos dispuesto para asumir su responsabilidad, con las suaves peticiones del Comité de Expertos de la CIDH. El gobierno y sus partidos están empecinados mantener a toda costa la impunidad y a seguir en el poder.

Mientras no se rompa la subordinación política y militar de México a Estados Unidos y se detenga la “guerra contra el narcotráfico” que se vive en nuestro país; mientras no se eliminen todos los tratados económicos que garantizan a las inversiones extranjeras salarios de miseria y pobreza tanto en el campo como en las ciudades, habrá condiciones de violencia y de pobreza para que otros grandes crímenes se cometan, como de hecho ocurre.

Durante los últimos meses del 2014, las grandísimas movilizaciones que cimbraron el país exigían justicia, pero sobre todo la presentación con vida de los 43 normalistas. No señalaron directamente al gobierno de Peña Nieto como responsable del crimen, ni su salida era la exigencia central.

Con el caso Ayotzinapa, en donde el gobierno se pretende perpetuar en la impunidad al no investigar al Ejército y a sus instituciones, se deja una gran lección para todos los que exigimos justicia: las movilizaciones que juntaron a millones debían de exigir con toda su fuerza la salida de Peña Nieto del poder y de este gobierno asesino, que no saldrá impune.