El edificio, ubicado en pleno centro platense, fue base de las operaciones de inteligencia desde donde se planificó la represión en territorio bonaerense durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Fue señalizado como sitio de memoria en 2014. Hoy se encuentra en ruinas.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Viernes 11 de junio de 2021 19:51
Fotos: Enfoque Rojo
A través del Decreto 40/2021 publicado en el Boletín Oficial el pasado 9 de junio y con la firma de Martín Cosentino y Juan Agustín Debandi, presidente y vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el gobierno nacional dispuso desafectar de la órbita del Ministerio de Defensa el inmueble donde funcionó el Destacamento 101 del Ejército en la ciudad de La Plata.
La propiedad será cedida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para la sede del Archivo Provincial de la Memoria, proyecto impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El Archivo, creado en enero de 2020 por decreto provincial, busca “recuperar, preservar, restaurar, catalogar y ofrecer a consulta el acervo cultural construido a partir de los esfuerzos estatales de investigación y reparación de las consecuencias del accionar del Estado terrorista durante la última dictadura cívico militar”.
Rastros del genocidio a metros de la Gobernación
El edificio está ubicado en la calle 55 entre 7 y 8, pleno centro de la capital de la provincia. A metros de la legislatura y la casa de gobierno bonaerenses. Podría ser uno de los tantos edificios abandonados y en ruinas, que se ven en el paisaje platense, pero no lo es. Sus metros cuadrados fueron testigos de la implementación de un plan de exterminio contra toda una generación que peleaba por transformar el mundo.
Sede de inteligencia, dependiente del I Cuerpo del Ejército, actuó como base para las operaciones de planificación y ejecución de las acciones represivas que azotaron la región durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Se habla de la existencia de registros que datan de 1975.
Dicho organismo se encargó de conseguir información, analizarla, cotejarla y elevarla al Batallón 601 de Inteligencia, con sede en Capital Federal. Llegó a tener a su cargo cuatro secciones: Mar del Plata, Junín, San Nicolás y Zárate. Dentro de su órbita funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre ellos los Pozos de Banfield y Quilmes, el Vesubio y La Cacha.
Durante el juicio llevado a cabo en 2014 por los delitos cometidos en el centro clandestino La Cacha, ubicado en los galpones de la ex planta transmisora de Radio Provincia en el barrio de Olmos, se supo que este centro era operado de forma directa por el Destacamento 101 en conjunto con la Marina, el Ejército y el Servicio Penitenciario bonaerense.
Stella Segado, ex titular de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación y experta en inteligencia militar, que declaró en el juicio unificado por los pozos de Quilmes, Banfield y Lanús, manifestó que “La inteligencia ha sido el nudo de la represión. Sin inteligencia jamás se podría haber tenido ese nivel de represión al igual que de operaciones. Todo se relaciona de una manera en términos de responsabilidades: quién planifica, quién ejecuta, quién da la logística. Nada podría hacerse si no está la otra parte”.
El fallo, que condenó a nueve integrantes del destacamento por sus tareas de inteligencia, instó al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, desafectar los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha para ser destinados como sitios de Memoria y ser utilizados por los organismos de derechos humanos. Los años pasaron, como pasan para los responsables del genocidio que siguen impunes, y hoy el edificio se encuentra en ruinas.
Juicio y castigo
Si hoy sabemos qué pasó durante los años de la última dictadura, es gracias al trabajo minucioso de reconstrucción y registro que vienen haciendo los y las sobrevivientes, junto a familiares y organismos de derechos humanos desde hace 45 años. "Es un compromiso con quienes ya no están", es la frase que se repite una otra vez en los juicios que, muy a cuenta gotas, se van realizando. Y es una exigencia a todos los gobiernos.
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La apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte del engranaje genocida para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones.
Lo cierto es que la decisión de abrir o mantener en secreto esa infinidad de archivos militares, policiales, políticos, económicos, eclesiásticos y civiles es una verdadera cuestión de Estado, pero sabemos que los intereses de las clases dominantes (las que llamaron y sostuvieron al golpe que son las mismas que hoy siguen siendo las dueñas del país) deben resguardarse a como dé lugar.
Al día de hoy sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas y el pueblo trabajador de conjunto siguen luchando por saber el destino de los 30 mil, siguen buscando a los nietos que faltan. Siguen peleando por encarcelar a todos y cada uno de los culpables, sean militares o empresarios, policías u obispos, penitenciarios o burócratas sindicales. Y esa lucha se da día a día contra el propio Estado y sus instituciones.
