Bienvenida a Fernández. El FMI aprobó el ajuste que está haciendo el Frente de Todos pero pide más

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó hoy a través de un comunicado de prensa que se llegó a un acuerdo “a nivel de personal sobre la segunda revisión en el marco del acuerdo de servicio ampliado del Fondo.” Mientras Alberto Fernández se encuentra en Washington a la espera de reunirse con Kristalina Georgieva, los laureles de este acuerdo se los lleva Sergio Massa.

Durante su gira por EE.UU. días atrás tuvo encuentros con funcionarios de la Casa Blanca y con empresarios, mientras se sellaba la aprobación de esta segunda revisión trimestral. Aún falta la aprobación oficial del Directorio que se espera sea en los próximos días, y con ello la liberación de los US$ 3.900 mil millones de un nuevo desembolso.

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“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la segunda revisión bajo el acuerdo SAF de 30 meses de Argentina. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en las próximas semanas. Una vez completada la revisión, Argentina tendría acceso a alrededor de US$ 3.900 mil millones (DEG 3.000 millones). Las recientes y decisivas medidas de política destinadas a corregir reveses anteriores están ayudando a restaurar la confianza y fortalecer la estabilidad macroeconómica, incluso mediante la reconstrucción de las reservas internacionales”, indicó el comunicado.

Entre los “objetivos clave establecidos” en el acuerdo, el comunicado destaca los “incluidos los relacionados con el déficit fiscal primario y las reservas internacionales netas”, y asegura que los mismos “permanecerán sin cambios hasta 2023". “Este enfoque – dice el FMI - proporciona un ancla vital para continuar reconstruyendo la credibilidad y sostener el compromiso renovado de implementar el programa, en torno a los pilares de las autoridades referidos al orden fiscal y la acumulación de reservas”.

El FMI destaca el cumplimiento de esos objetivos cuantitativos, parciales pero importantes para el acuerdo. Durante las gestiones de Guzmán, Batakis y ahora Massa se acentuaron las medidas de reducción del “déficit fiscal”, que en concreto significó ajuste a partidas sociales, vivienda, salarios y educación. El tarifazo en los servicios públicos (luz, gas y próximamente agua), también apunta a reducir subsidios económicos, recargando sobre los hogares su impacto. Es decir, al aumentar las tarifas buscan mantener las ganancias de las empresas y “bajar el déficit”, a costa de los bolsillos populares.

Ante el problema de la inflación, el Fondo plantea que “si bien las presiones inflacionarias siguen siendo fuertes, lo que resulta en revisiones al alza en el pronóstico de inflación, se espera una moderación gradual durante el resto de 2022 y 2023 lo que refleja una combinación de marcos de políticas macroeconómicas más estrictas, incertidumbres reducidas debido a la implementación sostenida del programa y la evolución proyectada de los precios mundiales de las materias primas”. Las “políticas más estrictas” ya se están sintiendo en las condiciones de vida de millones. A pesar del “rebote pospandemia” la pobreza sigue en niveles altísimo y la inflación sigue horadando los ingresos de las mayorías.

El Fondo insistió en que “en el frente de la política fiscal, el programa prevé el cumplimiento de un objetivo de déficit primario del 2,5 por ciento del PIB en 2022 y del 1,9 por ciento del PIB en 2023, como se destaca en el proyecto de presupuesto presentado recientemente”.

El Fondo reconoce los avances en las políticas de ajuste del Frente de Todos, que se expresaron también en la presentación del Presupuesto 2023. Como viene planteando en las reuniones con las autoridades argentinas, el principal objetivo es que el país pueda cumplir con los “compromisos” con los organismos internacionales, así como lograr “estabilidad” para luego asumir “reformas estructurales.

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Como analizamos la semana pasada, el ministro Sergio Massa envió el proyecto de Presupuesto al Congreso, que establece una reducción del déficit fiscal primario del 2,5% al 1,9% para el año próximo en sintonía con lo que exige el Fondo. El Gobierno confirma una elevada inflación del 95% para fin de año, pero promete una reducción para 2023 del 60%. Una maniobra para licuar partidas sensibles como Educación, Vivienda en el caso que los precios superen esa meta.

En ese presupuesto se asignan para los Servicios de la Deuda Pública por $2.664.389 millones, es decir una suba de 24,9 % en términos reales, si se cumple la meta de inflación al 60%. Si bien la partida es mayor a otras como Educación, Salud, aún es “baja” por la renegociación de la deuda. La reestructuración de deuda en dólaresde Guzmán -tanto con los bonistas privados como con el FMI- pateó la mayor parte de los vencimientos hacia adelante: los vencimientos más duros empiezan en 2024.

El desembolso con el FMI primero irá a engrosar las reservas del Central. Luego se usarán para pagar vencimientos. El programa actual con el FMI –para pagar la deuda macrista- incluye revisiones trimestrales que son una intromisión insoportable en todos los asuntos de estado, en particular en las cuentas públicas. El endeudamiento externo funciona como mecanismo de sumisión a los intereses del capital financiero internacional. En este caso, bajo el co goierno con el FMI si no se cumples las metas, no habría desembolso. El default se plantea así como una posibilidad cada tres meses. Para terminar con este chantaje y el brutal ajuste en curso es precios romper con el pacto de entrega al FMI.

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