GOLPE AL BOLSILLO. El Gobierno admite que la suba de tarifas de luz en abril no será segmentada, sino general

El exinterventor del ENRE, consultado en radio El Destape sobre la posibilidad de una segmentación de la tarifa, admitió que "se puede hacer una segmentación tarifaria", aunque advirtió que "es un proceso complejo y gradual".

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La actualización de las tarifas, aclaró Basualdo, "no va a impactar en el poder adquisitivo", mientras que, en adelante, "el camino no es el congelamiento ni el ajuste tarifario". "Las tarifas no pueden ser un retroceso en el poder adquisitivo; se actualizarán algunos números de las tarifas, pero eso no va a impactar en el poder adquisitivo", remarcó el funcionario.

¿Cómo piensan garantizar que el aumento de tarifas no impacte sobre el poder adquisitivo? ¿Acaso piensan implementar la cláusula gatillo para que los salarios aumenten de manera automática con cada suba de la inflación? Se sabe que una de las principales consecuencias del aumento de tarifas en los servicios públicos, genera un impacto sobre la inflación, porque las empresas y comercios trasladan ese costo a los precios.

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De hecho, en otro pasaje detalló que "el aumento de tarifas va a estar por debajo del 29 % de la inflación proyectada" para todo 2021. Sin embargo, diversas estimaciones proyectan una inflación que alcanzaría hasta el 50 % en 2021. La encuesta que publica el Banco Central, arroja una expectativa inflacionaria 20 puntos por encima de las proyecciones del gobierno. El Gobierno es la única voz que supone que la inflación no superará el 29 % y ese es la cifra con la que se busca poner un techo a las paritarias a través de las negociaciones en el Consejo Económico y Social.

Basualdo recordó por último que "el 29 y 30 de marzo tendrán lugar las audiencias públicas para la energía eléctrica" y que de este modo "estamos dejando atrás la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del Gobierno anterior". Sin embargo, lejos de retrotraer el saqueo al bolsillo que significaron los tarifazos del macrismo, el Frente de Todos los convalida y profundiza anunciando nuevos aumentos de tarifas y hundiendo más el poder adquisitivo del salario.

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Este martes se realiza la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La nueva instancia se celebra desde las 9 vía streaming, en un esquema similar al que se desarrolló ayer por la audiencia pública por el precio del gas a boca de pozo.

De la segunda de estas audiencias, participarán 226 oradores y se analizará la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, con el objeto de poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.

Este lunes se llevó adelante por vía virtual la primera audiencia convocada por la Secretaría de Energía para tratar el aumento del cuadro tarifario de las empresas de gas, la misma fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto. Allí, la funcionaria señaló que para “cubrir los costos” será necesaria la asignación de partidas presupuestarias adicionales o aumentar las tarifas entre 17 % y 35 %.

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Esas cifras parten de considerar el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema que fue dolarizado durante el gobierno de Cambiemos y que Alberto Fernández se comprometió a pesificar, pero hasta el momento no lo ha hecho.

En medio de una de las crisis económicas más graves que afectaron al país en las últimas décadas, con la pobreza superando el 40 %, el Gobierno lleva adelante audiencias para convalidar los tarifazos aplicados por el macrismo y obligar a millones de trabajadores a seguir destinando gran parte de su salario a pagar los servicios esenciales. La prioridad es mostrar un ajuste en el gasto del Estado para que el FMI acepte renegociar la deuda externa. Mientras el Frente de Todos denuncia que la toma de deuda durante el macrismo fue una estafa para financiar la campaña electoral de Mauricio Macri, convalida el ajuste que carcome los salarios para poder pagarla.