Este porcentaje responde al pedido de las distribuidoras en la audiencia pública y a las órdenes del FMI que exige reducir los subsidios energéticos.
Miércoles 23 de febrero de 2022 09:43
Esta suba fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el decreto 91/2022, además confirma el adelantamiento de los aumentos tarifarios previstos para el mes de abril, en marzo.
El acuerdo firmado por Martín Guzmán, ministro de Economía, Metrogas y Federico Bernal, de Energas se fijó que este aumento "se produzca durante marzo del 2022"
La excusa para subir la tarifa de gas a la par de decir que no habrá ajuste y se prioriza a los más vulnerables es que “la licenciataria pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento y su cadena de pagos, de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo” pero poco importa cuantas familias llegan a fin de mes o que porcentaje significa esta suba en el salario de un trabajador.
El decreto detalla “los siguientes ajustes por categoría de usuario y cargo”: para los usuarios residenciales el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35% al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC); para grandes usuarios será del 70%; para subdistribuidores será del 10%. Y aclara que como el incremento es de uno de los tantos conceptos que abona el usuario, el porcentaje a pagar será menor.
Por último el servicio general G para usos no domésticos en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima, la cual en ningún caso puede ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a un año, el cargo será del 50%.
No quieren hablar de tarifazos pero siguen los aumentos
Esta suba se da pese a la promesa del Gobierno de no superar el 20 % de incremento en los servicios esenciales como son la luz y el gas. Es dar vía libre a los aumentos pedidos por las empresas que vienen facturando millones, y en la perspectiva de achicar el déficit fiscal, por las exigencias del FMI en las negociaciones de la deuda odiosa.
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Las empresas privatizadas de servicios públicos reciben subsidios millonarios por parte del Estado. Pero ¿qué hacen con ese dinero? es algo que permanece oculto para los usuarios populares, que además ven deteriorarse la calidad del servicio por la falta de inversiones del sector.
El Frente de Todos no solo no dio marcha atrás con los brutales aumentos en los servicios públicos que se implementaron en la gestión de Mauricio Macri, si no que planean continuar el camino de trasladar el ajuste al bolsillo popular.
Una vez más, queda planteada la necesidad de luchar para que todos los servicios públicos vuelvan a ser estatales, bajo control de sus trabajadores y de los usuarios populares. Solo así dejarán de ser un negocio para pocos, y podría garantizarse de manera económica un un servicio seguro y de calidad para las grandes mayorías.
