Lunes 29 de julio de 2019
La alerta del oficialismo se ha encendido, en busca de los responsables del supuesto atentado ocurrido el pasado viernes en la 54° Comisaría. Los hechos han sido vinculados con el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter (RN), actualmente gerente legal de Quiñenco, quien según las investigaciones del OS-9 y el fiscal Héctor Barros también habría sido un blanco del ataque pese a su alejamiento del escenario político y el ambiente público.
El fiscal regional Sur, aún no encuentra claridad sobre el origen del atentado, afirmando que “No tenemos ningún antecedente hasta el momento que nos permita vincular estos artefactos con los otros (el que se le envió a Louis de Grange y a Óscar Landerretche), son diferentes en la confección. No son similares. Sin embargo, sí son similares el que estaba en la unidad policial y este (el que se intervino en Quiñenco)”. Haciendo alusión con esto a que ambos eventos no se relacionan con el accionar de grupos como los Individualistas Tendientes a los Salvaje (ITS) que hace un par de meses se adjudicaron el atentado ocurrido en el centro de Santiago el pasado Enero.
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Es en este contexto es que la actual vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, demostró su simpatía con el ex ministro al afirmar con sus dichos que no solo Hinzpeter fue quien se vió afectado con el ataque si no que todo el país.
Conmueve el relato y sentir el impacto q la violencia provoca en la vida cotidiana de una persona o país. Un gran abrazo y todo nuestro apoyo para @rhinzpeterk y su familia. Y un llamado a los chilenos: cuidemos nuestra democracia y enfrentemos al terrorismo con unidad y decisión https://t.co/2cJGA1Bifd
— Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) July 28, 2019
Esta postura la ha tomado el oficialismo como una herramienta para instalar la necesidad de aprobar la nueva Ley Antiterrorista, que por lo demás ha sido ampliamente cuestionado por la opinión pública, como un intento de instalar el terror a toda la sociedad.
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Cuestión que en definitiva se enmarca en la oleada represiva del Gobierno que se ha demostrado con su sistemática criminalización a la juventud, a través de Aula Segura, o los ataques policiales a las movilizaciones de trabajadores, como en Antofagasta y Calama contra los docentes y los mineros de CODELCO, y con el pueblo mapuche, que hace un par de semanas tomo la vida de otro comunero mapuche. En definitiva lo anterior no significa más que dotar de mayores facultades a las policías para el combate contra quienes nos oponemos al gobierno de los empresarios.
