Según informan varios medios el Gobierno prevé tratar en 2018 una reforma en la regulación del financiamiento de los partidos políticos. Maquillada como “transparencia” la medida busca habilitar los aportes empresariales.
Viernes 5 de enero de 2018 12:46
Según indica Infobae el texto de la reforma que prevé realizar Cambiemos ya está escrito, y cuenta con el aval de todas las alas de la coalición gobernante, el Gobierno intenta maquillar esta reforma planteando que es un combate a la corrupción y una oda a la transparencia. Para lo cual utiliza como argumento las irregularidades conocidas en los aportes a las campañas electorales pasadas. En 2015 por ejemplo la campaña presidencial de Cambiemos y la de otras alianzas quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos a raíz de millonarios aportes realizados en efectivo.
El proyecto “contempla la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de las donaciones empresarias -prohibidas en campaña-, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas” consigna Infobae.
Los medios y el Gobierno ponen el eje de la reforma en la restricción casi total de los aportes en efectivo y diversos “controles” que se realizarían sobre el financiamiento de los partidos políticos, profundizando la injerencia del Estado en la vida interna de los partidos. Y pasan de largo una modificación sustancial: la habilitación a las donaciones empresarias, actualmente prohibida en momentos de campaña.
Así Cambiemos y todos los partidos patronales podrán legalizar los millones que reciben de sus amigos empresarios para financiar sus millonarias campañas a cambio de “enormes favores” con los que serán beneficiados una vez que la fuerza política se encuentre en el poder.
Esta nueva ley, que el macrismo se apresta a aprobar durante el próximo año legislativo junto con el reimpulso de la cuestionada reforma política, constituye otra declaración de principios del gobierno de los ricos acerca de los intereses para los cuales gobierna.
