El Plan Estratégico de Convivencia Escolar se quedará en una lista de buenas prácticas que las Comunidades Autónomas “ya aplican”, sin recursos y sin propuestas.
Viernes 7 de abril de 2017
El ministro de Educación Íñigo Menéndez de Vigo, anunció la semana pasada que el Plan Estratégico de Convivencia Escolar será una lista de "buenas prácticas que ya se están aplicando en las comunidades autónomas". De esta manera definió el supuesto plan el ministro, en la reunión mantenida con consejeros autonómicos.
En las comunicaciones a los periodistas afirmó que el plan estratégico "No tiene carácter legislativo y, por tanto, no es de obligada imposición". El documento aún es un borrador que tiene que ser revisado por el Consejo de Ministros (sin fecha establecida para ello).
Este borrador supuestamente establece 8 líneas que articulan las más de 70 medidas de actuación en los centros escolares. Unas líneas que deben proveer a los alumnos/as de medios para hacer “denuncias seguras y confidenciales” y establecer una “figura de referencia a quien acudir”.
En cada centro escolar habría un encargado de estas cuestiones, con descarga horaria. Asimismo, tiene previsto crear un registro para analizar los incidentes que se produzcan en los centros, según dice el ministerio para ser analizados y establecer la formación permanente del profesorado.
Consejeros de Educación designados por gobiernos del PSOE afirmaron antes y durante la reunión que en sus territorios ya tienen sus planes propios, calificando el plan ministerial de “duplicidad” y planteando que era una intromisión en “sus competencias”.
Respecto a la cuestión de las competencias consideramos necesario aclarar que los consejeros de las Comunidades Autónomas no son cargos electos por los trabajadores públicos del sector, los votantes, ni obtenidos en oposición, sino que los nombra el Gobierno de turno que es quien dicta sus políticas.
El ministro de Educación no ha concretado con qué recursos dotará el Gobierno al plan, a pesar de que hay constancia de que el teléfono contra el acoso escolar puesto en marcha el pasado noviembre ya requiere un millón y medio de euros para funcionar.
Las declaraciones de los consejeros de educación apenas han aportado informaciones relevantes para profesorado, familias y alumnos: Ángel Felpeto, consejero en Castilla la Mancha ha declarado que el presupuesto fijado por el Ministerio es “escaso”, solicitando “más recursos”. Mayte Pérez, consejera en Aragón se quejaba de que es “inviable”. El consejero de Castilla y León ha declarado que las comunidades serán "libres de escoger algunas partes del plan o no implantarlas" y alabando el "dinamismo saludable de intercambiar prácticas”.
Otro pacto educativo debatido en los despachos de las altas autoridades que deja al margen a los actores reales del sistema educativo: trabajadores, familias y alumnos.
La reunión del ministro y consejeros ha tratado de establecer la forma de encajar la participación de las Comunidades Autónomas en el pacto educativo que se negocia en las Cámaras del Congreso. La mayor parte de los consejeros, vigilando por mantener las áreas de poder de sus gobiernos y las suyas propias, han pedido al ministro que se mantenga una “participación activa”. Los consejeros designados por el PSOE han pedido la creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial. Llevar las discusiones a ese grupo de trabajo redundaría en que la discusión del pacto educativo sería aún más hermética de lo que ya es, sobre todo para los que padecen las consecuencias de sus pactos: profesorado, familias y alumnos.
El ministro de Educación ha acordado con los gobiernos autonómicos solicitar un informe técnico sobre las vías legales para hacerlo a la Comisión General de la Conferencia Sectorial que establecerá como regular las demandas de las regiones para tener voz en esta negociación. Dicha comisión es otro organismo burocrático sin control de los actores reales del sistema educativo.
Por otra parte, el Senado dice haber puesto en marcha una ponencia en la que está previsto que tengan cabida las comunidades. El ministro ha negado las afirmaciones de los socialistas, de que se había pedido la creación de otro grupo de trabajo que a través de consejos escolares autonómicos y del Estado se garantice la “participación de la comunidad educativa” en el proceso. En la reunión no ha habido avances sobre la partida destinada a Educación en los Presupuestos Generales, aunque el ministro como medida propagandística ha anunciado que se aprobará el decreto que permite a las comunidades convocar oposiciones al margen de los presupuestos.
El ministro ha declarado: "Habría entorpecido del desarrollo correcto de las oposiciones y demuestra la sensibilidad del Gobierno hacia los docentes". A pesar de que la necesidad de empleo refuerza esta maniobra propagandística del ministerio, muchos opositores dudan de que se lleve a efecto la convocatoria de oposiciones
Si el lector sopesa detenidamente las declaraciones del ministro y de los consejeros de Educación verá que no pretenden dar soluciones inmediatas al acuciante problema del acoso escolar (recordemos que el teléfono contra el acoso escolar recibió más de 4000 llamadas en su primer mes de existencia
Los consejeros del PSOE tratan de engañar al público hablando de participación de la comunidad educativa, cuando realmente los claustros son cada vez más antidemocráticos y sometidos a la autoridad de los directores, en algunas comunidades nombrados “a dedo” por los propios consejeros (imitando los modelos de gestión dictatoriales de la empresa privada).
De hecho, la participación directa, real y trascendente de la comunidad educativa sólo se ha dado cuando ha habido grandes movilizaciones que se han impuesto a las trituradoras burocráticas (de docentes, alumnos y familias) que gestionan el sistema educativo en el Estado Español.
No quieren cambiar ni presupuestos, ni la gestión del ministerio ni la de las Comunidades, supuestamente todo el “mundo lo hace bien”. Sin embargo, lo que todos los burócratas de la educación aplauden es el amordazar la libertad de cátedra y de actuación del profesor, y la del alumnado.
De esta manera, todos profundizan en las políticas de “regulación absolutista” recogidas en la LOMCE, quizá en pactos educativos futuros nos regulen hasta como usar papel higiénico en los centros públicos, para mayor gloria de la patria y el capital.
