En el día de ayer, el gobierno provincial publicó en medios locales una solicitada en la que llama al pueblo de Jujuy a “realizar esfuerzos por la educación”. Un mensaje dirigido en realidad a los docentes y sus organizaciones sindicales para que acepten el insuficiente aumento salarial del 10%, y no realicen las medidas de lucha prevista para el lunes 6 y martes 7, que pondría en peligro el inicio del ciclo lectivo 2017.
Viernes 3 de marzo de 2017 09:50
El gobierno provincial publicó hoy en medios locales, una solicitada donde convoca al pueblo de Jujuy a “reflexionar sobre el inicio de clases”. La solicitada se suma a las amenazas de descuento de los días de paro para quienes ejerzan el derecho a la protesta, por parte de la ministra de educación Isolda Calsina y se da en el marco de la discusión paritaria abierta, donde el ejecutivo ofreció un insuficiente 10 % de aumento salarial, muy por debajo de la inflación proyectada para este año, porcentaje que ya ordenó liquidar de una manera unilateral, dando la espalda a un acuerdo paritario. A este monto se le sumaría una vaga promesa de dejar abierta las paritarias en función de lo acordado en las paritarias nacionales -estas últimas, negadas oficialmente por el ejecutivo nacional-. En este marco, el escuálido porcentaje ofrecido sería un techo a toda pretensión de los docentes de ganar un salario suficiente para cubrir la canasta básica de una familia. Sería impuesto como lo hizo el año pasado y en el caso de que los trabajadores protesten la medida serían castigados con descuentos de los días de paro. La medida convocado por la CTERA para el 6 y con movilización el 7, en la que varios gremios docentes provinciales están adhiriendo, impediría el inicio del ciclo lectivo en la provincia, como en el resto del país, por eso Morales arremete los días previos contra los docentes.
No nos asombra este tipo de accionar contra los docentes de parte del gobierno provincial, encabezado por el Gobernador Morales y la Ministra Calsina, quien en un medio televisivo local se manifestó desafiante ante la pregunta de la cronista por el descuento de los días de paro con un provocador “¡Por supuesto!”. El año pasado, cuando los docentes definieron el no inicio de clases en el segundo cuatrimestre, debido al incumplimiento de la promesa oficial de abrir las paritarias, Morales había publicado una solicitada que salió en medios radiales, impresos y televisivos, demonizando a quienes sostienen la educación pública, amenazando con sanciones, como descuentos de días de paro, generando un rechazo total de la comunidad educativa.
Hoy vuelve a atacar, haciendo carne el régimen policíaco instaurado por su gobierno, y si bien en la nueva solicitada no ataca brutalmente a los docentes y las dirigencias sindicales, como en la anterior, su objetivo es el mismo. Detrás de un mensaje conciliador que propone a toda la comunidad realizar “esfuerzos” en pos de la educación, impone a los docentes, parte fundamental de la educación pública, un techo salarial, totalmente insuficiente para cubrir el aumento inflacionario y la carestía de vida, y condena nuevamente a los docentes a vivir con salarios de pobreza, que no llegan a lo que está estipulado para vivir, como son lo más de $23.000 de canasta básica familiar.
En un pasaje de la solicitada el Gobernador, utilizando los artilugios
comunicacionales del gobierno nacional, convoca a los docentes y a los trabajadores de las escuelas a redoblar esfuerzos en pos de “lo más importante”, la educación de los alumnos. Intenta, sin éxito, trasladar a los trabajadores las responsabilidades que le caben como gobierno. Una de estas responsabilidades es la de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas, derecho que a todas luces no está entre los primordiales para este gobierno que, por ejemplo, mantiene asignaciones para comedores escolares que resultan paupérrimas, estructuras escolares que, como con el gobierno anterior, son un peligro para la integridad física de los educandos y una larga lista de insuficiencias que alejan a toda la educación pública del ideal propuesto y mostrado mediáticamente por Morales.
En igual sentido se pronunció el conjunto de legisladores provinciales que responden al partido gobernante, expresando su categórico apoyo al ofrecimiento del ejecutivo, aduciendo que al no haber paritarias nacionales es lo único que pueden ofrecer como recomposición salarial. De esta manera los diputados radicales, quienes el año pasado votaron una ley para impedir el reintegro del descuento por los días de paro, instan a los educadores a abandonar cualquier lucha por una mejora salarial esgrimiendo que el ejecutivo provincial dispone de una “buena intención” para discutir lo que haya que discutir en una mesa permanente de “diálogo”.
El mensaje es muy cínico, mientras le pide esfuerzos a los trabajadores de la educación y familiares, para aceptar la miseria de los posible, él, sus funcionarios, legisladores y jueces tienen sueldos de privilegios que superan entre 8 a 10 veces un sueldo promedio de un docente. ¡Qué el gobernador, sus funcionarios, legisladores y jueces ganen como un docente! ¡Basta de privilegios! ¡Que ningún docente cobre menos que el costo de la canasta familiar!
Los trabajadores debemos confiar en nuestras fuerzas
La paritaria docente se presenta como una lucha testigo para todos los trabajadores, es necesario que todos los sectores la rodeemos de solidaridad y realicemos nuestro aporte para que triunfe. En igual sentido creemos que todos los docentes deben ser conscientes de que ningún derecho les fue entregado sin una lucha previa, muchas de ellas largas y costosas. Las principales herramientas con las que cuentan los trabajadores y sus sindicatos son la organización en asambleas que definan los pasos de un plan de lucha, hagamos de ellas las armas imprescindibles para vencer las políticas de este gobierno que lo único que propone es más ajuste.
Frente a la amenaza de descontar los días de paro es necesario que las direcciones sindicales de ADEP y CEDEMS garanticen todas las medidas jurídicas, de lucha y una gran campaña política en defensa del derecho a huelga para que las bases ganen confianza y por medio de asambleas hagan sentir su fuerza y un plan de lucha hasta torcerle el brazo al gobierno.
