Rebelión en Chile. El Gobierno de Piñera avanza en la represión sobre los manifestantes de la "primera línea"

El objetivo de Piñera no es nuevo. Hace meses que busca una forma para separar a los manifestantes que se mantienen en las calles, y sobre todos a aquellos que enfrentan en las marchas la represión policial, conocidos como "primera línea", de todo el resto de los chilenos que activa o pasivamente rechazan al Gobierno y la represión estatal y piden cambios profundos.

Esta es una preocupación que Piñera tiene desde el 18 de octubre cuando la juventud secundaria salió a las calles y se convirtió en el catalizador de un descontento social extendido que llevaba 30 años dentro de una olla a presión. Con la ayuda permanente de los medios de comunicación el Gobierno buscó primero señalar a los manifestantes como saqueadores, y luego, al ver que no les daba resultado, decir que eran personas violentas e inadaptadas, mientras que prometían respetar a los manifestantes pacíficos.

Sin embargo, como el movimiento es histórico y el apoyo social a quienes salen a manifestarse sigue marcando altos índices de aprobación, Piñera no pudo más que profundizar la represión cómo forma de amedrentar a quienes protestan. Esto incluyó desde la célebre frase de "estamos en guerra", hasta el estado de emergencia, la militarización de las calles con el Ejército, y luego todo tipo de métodos brutales que fueron desde los abusos y violaciones a cientos de personas que detenía Carabineros, los asesinatos durante la represión, la apertura de causas judiciales contra los dirigentes de las protestas y la utilización sistemática de proyectiles de goma disparadas a la altura de los ojos para dejar ciegos a los manifestantes dejándolos marcados de por vida, como una forma de castigo que es utilizado por los Ejércitos de ocupación, como el de Francia que da instrucción a las Fuerzas Especiales de Chile.

A pesar de todas estas brutalidades el Gobierno de Piñera no pudo lograr el clima de "normalidad" que viene anunciando hace tiempo, y las calles siguen estando convulsionadas, mientras que este mes arrancó con un cronograma de movilizaciones que promete ser convertirlo en un "marzo caliente".

Es por eso que el Gobierno ha puesto a prueba una nueva "táctica", anunciada este martes. Se trata ni más ni menos que la persecución abierta por parte de Carabineros a los manifestantes de la llamada primera línea.

El ministro de Interior Gonzalo Blumel festejó, junto a varios funcionarios del Gobierno, la actuación de Carabineros estos últimos días en la ex Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad por los manifestantes, en la que Fuerzas Especiales detuvieron a al menos 44 manifestantes de la primera línea.
La "nueva táctica" no es otra cosa que encerrar a los manifestantes y utilizar todos los medios a su disposición para detenerlos con el objetivo de procesarlos y evitar que sigan siendo una referencia respetada por la mayoría de los que protestan al ser quienes se enfrentan directamente a la brutal represión policial, neutralizan los gases lacrimógenos y reciben la mayoría de los perdigones que han provocado mutilaciones y traumatismos oculares.

Por su debilidad política (cuenta con solo 6% de aprobación), el Gobierno de Piñera a la vez que busca criminalizar a estos sectores, también necesita justificar por todos los medios sus leyes represivas. En los últimos meses ha aprobado leyes antiprotesta, anticapuchas, antipiquetes, y antihuelga. Sobre todo busca poder tener la legitimidad para poder sacar los militares a la calle sin necesidad de declarar Estado de emergencia. Esto último no solo no lo descarta sino que es una amenaza constante, como lo hizo el pasado domingo por medio de una entrevista en Televisión abierta. En definitiva quiere acallar el derecho a la manifestación a punta de represión.

Les integrantes de la "primera línea", no son sólo estudiantes, sino también pobladores de sectores periféricos de la ciudad, otros tantos trabajadores que luego de sus jornadas laborales, se dirigen a Plaza Dignidad, a enfrentar la represión, que se niegan a vivir como antes, que ven la necesidad de mantenerse en las calles, contra la impunidad, por la memoria de las decenas de asesinados por las fuerzas represivas del Estado y además por las reivindicaciones de millones, como lo son las pensiones, la salud, la vivienda y la educación entre tantas otras.

El ataque del Gobierno a este sector tiene el objetivo declarado de tratar de recomponer una imagen de normalidad que no ha podido establecer en tres meses. Sin embargo, todo indica que tendrá una tarea difícil.

A pesar de la traición de las principales direcciones sindicales que evitan desde noviembre del año pasado llamar a una huelga general para tirar al desprestigiado Piñera, o de la actuación del Frente Amplio y el Partido Comunista fuera y dentro del Congreso, participando en mayor o menor medida de la llamada "cocina parlamentaria" y del desvío de las movilizaciones que amenazaban con llevarse puesto al régimen pinochetista, las manifestaciones siguen en pie. El marzo de lucha que comienza es señal de que el proceso que se abrió en Chile está lejos de haberse cerrado, y que transitará por diversos caminos durante el próximo período, incluyendo las trampas de la constituyente amañada que prepara el Congreso.