Ante la llegada de 1.600 inmigrantes a la Comuna de Colchane, norte de Chile, el gobierno solo ha respondido con militarización y solicitando 15 aviones para expulsarlos. Se necesita un plan de refugio inmediato, residencia automática legal y nacionalidad si así lo desean. Migrar es un derecho.
Viernes 5 de febrero de 2021 18:35
Este hecho brutal ya dejó a dos personas fallecidas, algo que pudo haberse evitado. En este crimen social existen responsables claros: los gobiernos y los empresarios.
En Chile recientemente se aprobó una nueva Ley de Migración que se sostiene en la idea de “proteger al país” de la migración, de esta forma defiende la represión y el papeleo burocrático que condena a la ilegalidad a muchas personas. A esto se le suma la complicidad de grandes empresarios, quienes con la falta de regularización ven en la población migrante una fuente de ingreso, con pagos sumamente bajos, sin contrato, y cumpliendo labores que no aseguran de ninguna forma las medidas de sanitarias necesarias.
En condiciones así, donde hay mujeres, niños y ancianos, el líder del Partido Republicano, el ultraderechista Antonio Kast, plantea hacer una zanja para impedir el paso migratorio, siguiendo el ejemplo de Trump cuya política xenófoba se abalanzó terriblemente contra Latinos y migrantes en EE.UU.
Durante toda la pandemia el gobierno ha preferido invertir millones en proteger a los empresarios y en fuerzas represivas. Mientras la salud, educación y vivienda siguen sin ser derechos completamente garantizados.
Por la unidad del pueblo trabajador contra los verdaderos responsables de la crisis: El gobierno y los empresarios
La situación migratoria actual es el resultado de años de saqueo en América Latina, empobrecimiento y privatización de derechos fundamentales. Es urgente que se entregue residencia y ciudadanía a todas las personas migrantes o cuyos papeles se encuentren en tramitación y denunciar los discursos de odio que promueve el gobierno, que consiste en criminalizar a todo quien cruce la frontera buscando como sobrevivir. El pueblo trabajador tiene una composición amplia, de mujeres, de jóvenes, abuelos y migrantes de dentro y fuera del continente.
Es por esto que se necesita de manera urgente un “Plan de Emergencia Sanitaria” que con el impuesto extraordinario y progresivo a las grandes fortunas financie un sistema de salud único e integral, público y de calidad que incluya a toda persona que requiera asistencia médica. No puede ser que en medio de la pandemia no se garantice el techo, el agua y el pan.
Este plan de emergencia nacional debe contemplar la construcción de viviendas, acorde al crecimiento poblacional, para detener el hacinamiento y focos de contagios. La reducción de la jornada laboral, para que empleados y desempleados puedan trabajar, con salarios que sean como mínimo, igual al costo de la canasta básica familiar.
Lejos de la división que fomentan gobiernos y empresarios, la unidad de la clase trabajadora internacional es clave para pelear y conquistar nuestras más profundas demandas.
