Colombia. El Gobierno de Santos y el ELN anuncian “diálogo de paz”

Fotografía: Maduro con el delegado negociador del gobierno colombiano y el jefe de la delegación del Ejército Nacional de Liberación (ELN) Antonio García (EFE).

La decisión fue hecha pública en conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, donde se reunían las delegaciones de ambas partes, completando así más de dos años de contactos y negociaciones previas.

El gobierno esperaba sellar el acuerdo final con las FARC el pasado 23 de marzo, pero lo impidió la subsistencia de diferencias, en particular, sobre los tiempos y formas de la implementación de la fase de desarme (o “dejación de armas”) de la guerrilla. Si bien el proceso no parece en peligro de interrumpirse, el Presidente Santos ha presionado a los jefes guerrilleros reclamando “una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme”, mientras la minoritaria oposición de extrema derecha, encabezada por el expresidente Uribe, intenta revitalizar su rechazo a los acuerdos con un nuevo llamado a marchar.

Por otra parte, la jornada de paro nacional y movilizaciones del 17 de marzo había sido síntoma del descontento social ante la situación económica y las medidas antipopulares y de corte neoliberal que viene tomando el gobierno de Santos.

En este marco la apertura de la segunda etapa de negociación con el ELN contribuye a darle nuevo aire al clima de “inminencia de la paz” que cultiva el gobierno. Según la ONG Corporación Arco Iris “Con el anuncio de la instalación de la Mesa pública del Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, podemos decir que por fin entramos en los esfuerzos finales para la culminación negociada del conflicto armado por causas políticas y sociales que ha afectado al país por más de medio siglo”. Una de las razones que señalan algunos análisis es que esto aleja el riesgo, para el régimen colombiano, de que algún sector disidente de las FARC fuera ganado por el ELN, si se mantuviera operativo. Ahora, queda más que claro el consenso entre las dos guerrillas más grandes y antiguas de Colombia en renunciar a las armas e integrarse a la “política legal”.

A diferencia del proceso con las FARC, que tuvo por sede fija a La Habana, las delegaciones del gobierno colombiano y el ELN se reunirán alternativamente en las capitales de Venezuela, Cuba, Ecuador, Brasil y Chile, que junto con Noruega, serán los países garantes, en un proceso separado e independiente del seguido con las FARC.

Los términos del acuerdo

Los principios del acuerdo alcanzado con el ELN siguen en buena medida el marco del fijado con las FARC, en particular, en temas claves como son el reconocimiento de las víctimas acusadas por el conflicto armado y los aspectos vinculados al desarme y la “justicia transicional” incluyendo algunas garantías para los dirigentes y militantes del ELN al integrarse a la vida civil y la actividad política legal.

En el documento firmado por ambas partes, se afirma que el objetivo es “erradicar la violencia de la política. En el centro estará el tratamiento a la situación de las víctimas y se avanzará hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la paz estable y duradera”.

La agenda a discutir se ordena alrededor de 6 ejes: 1) Participación de la sociedad 2) Democracia para la Paz, que incluye el “tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social”. 3) Transformaciones para la paz, que incluiría “propuestas y “planes alternativos” para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental en búsqueda de la equidad”. 4) Víctimas, “el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación”. 5) Fin del Conflicto Armado que persigue “ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal” lo que supone resolver la “futura situación jurídica del ELN y sus integrantes”, con garantías para su seguridad y tratamiento de la situación de los miembros del ELN encarcelados o condenados, debiendo llegarse a un “Cese del fuego y hostilidades bilateral”, “un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado” y “condiciones y garantías para el ejercicio de la política” por esta organización. 6) Implementación, que “estará definida por un Plan General de Ejecución, que fundamentalmente se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda. Dicho plan se elaborará en este punto y contará con un cronograma”.

Los objetivos del gobierno

El propósito del gobierno de Santos, en este caso como en el proceso de negociaciones con las FARC, es obtener el desarme de las principales fuerzas guerrilleras del país, estrategia que acaba de recibir un nuevo espaldarazo del imperialismo durante la visita de Obama a Cuba, donde el vicepresidente Kerry se reunió con los negociadores del gobierno y las FARC.

A lo largo de sus dos mandatos, Santos ha desarrollado como un eje importante de sus planes este diálogo, combinando la presión militar sobre la guerrilla con la manipulación del legítimo anhelo de paz de grandes sectores del pueblo colombiano, hastiados además de acciones inconsultas (muchas veces rechazadas por la sensibilidad popular, como los secuestros a que las FARC y el ELN recurrieron ampliamente en anteriores años) y sus métodos ajenos a las necesidades de la movilización obrera, campesina y popular.

Para el gobierno, negociar el fin del histórico conflicto armado que arrastra el país desde hace más de medio siglo, es un problema clave para asentar la estabilización del orden. Se trata de relegitimar a esta reaccionaria “democracia para ricos”, empapada en sangre y manchada de masivas violaciones a los derechos humanos. Las instituciones armadas y la oligarquía empresarial y terrateniente, principales responsables de la violencia política que históricamente ha caracterizado a las formas de dominación en este país, preservarían la impunidad. Además, podría habilitar un mayor rol geopolítico de Colombia como actor regional, estrecho aliado estratégico de Estados Unidos.