Para el secretario de Derechos Humanos Cantón, la ley (votada por unanimidad en la Legislatura) que insta al Estado a hablar de 30 mil desaparecidos y de dictadura cívico-militar “viola la libertad de expresión”.
Viernes 26 de mayo de 2017 17:24
Foto La Tecla
Parece que a algunos funcionarios las reaccionarias declaraciones de Monseñor Héctor Aguer, vertidas en la Catedral de La Plata durante el Tedeum del 25 de Mayo, les dieron cierto espaldarazo para confesar lo que piensan.
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Santiago Cantón, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, empalmó con los dichos de Aguer, intentando agregar un argumento “democrático” en la crítica a la Ley 14.910, votada en marzo, según la cual el Estado debe incorporar a su discurso oficial la cifra de 30 mil desparecidos y la denominación de la dictadura como “cívico militar”.
En una entrevista con Jorge Lanata por Radio Mitre, Cantón dijo que tanto él como su jefa María Eugenia Vidal consideran que esa ley “es mala, es violatoria de la libertad de expresión y no debería haber pasado”.
Semejantes declaraciones le crean un problema a Cambiemos y al PRO, ya que esa norma fue aprobada por 90 votos a 1, incluyendo en esos 90 votos a decenas de legisladores oficialistas.
A Cantón le preguntaron desde los estudios, casi en chiste, si cada tanto el Ejecutivo habla con sus propios legisladores. Después de una risita, el funcionario dijo que “en este caso hubo poco diálogo, la ley pasó rápido y ahora vamos a hacer todo para reglamentar la ley sin que afecte la libertad de expresión”.
¿Cuál sería la supuesta violación a la libertad de expresión, según Cantón? Que cualquiera debería poder definir, "libremente", si los desaparecidos por la dictadura argentina fueron 30 mil, 35 mil, 25 mil o 9 mil. Peor aun, Cantón pretende que desde el Estado quede un vacío en el que se omite hablar del tema de los desaparecidos.
Para el secretario de Derechos Humanos, la cifra determinada por los organismos de derechos humanos y la sociedad civil a lo largo de décadas, a través de su lucha constante y enfrentando la más cerrada negativa del Estado para dar a conocer los archivos y las evidencias básicas que permitan cuantificar aún mejor ese terrorífico “saldo” del genocidio, vale lo mismo que la opinión que puede dar cualquier cómplice de los genocidas, como por el ejemplo un alto jerarca de la Iglesia católica. Esa ambigüedad es un grave gesto desde el Estado hacia los negacionistas.
Nada que sorprenda, obviamente, dentro de la andanada de expresiones negacionistas que los funcionarios macristas vienen acumulando desde que son gobierno.
Lo curioso, en este caso, es que el mismo Cantón se encarga de decir que para él, los desaparecidos fueron 30 mil. Sin embargo ahora aboga por que el propio Parlamento provincial derogue la ley votada por su partido en marzo.
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Redacción central La Izquierda Diario
