El Gobierno de Pedro Sánchez pretende implantar la “mochila austriaca” a partir de 2020. Además, se hicieron públicas otras medidas calado tales como modificaciones en los contratos laborales e importantes cambios en la Formación Profesional (FP).
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Miércoles 13 de febrero de 2019 01:00
No solo continúan vigentes las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, a pesar de las promesas de derogación que había hecho Pedro Sánchez, sino que su gobierno amenaza con nuevos ataques.
La implantación de la denominada “mochila austriaca” implica que el coste del pago de la indemnización por despido se transfiera, en su totalidad o en parte, del empresario al trabajador. Aligerando o eliminando, así, el coste del despido para el empresario y facilitando el despido aún más que las reformas laborales previas. También se anunciaron otras medidas muy preocupantes por el ataque que suponen a derechos esenciales de los trabajadores, como la reducción de los contratos a tres tipos: indefinido, temporal estructural y formativo. Lo que implica, de facto, la eliminación de la obligación legal de la justificación causal de la contratación temporal que existe actualmente. O la modificación, a la alemana, de la FP para que las empresas dispongan de trabajo gratuito, o semigratuito, a costa de los estudiantes de la FP que trabajarán sin cobrar o por migajas.
La “mochila austriaca” o la implantación del despido sin costes
Respecto a la “mochila austriaca” la modificación legislativa prevista va a implicar que los trabajadores sufraguen con sus propios recursos el coste total del despido, o en el mejor de los casos un auténtico copago, al repartirse el coste entre trabajador y empresario. En consecuencia, ya no costearía el daño generado quién lo produce con el despido, el empresario capitalista, sino que pasaría a ser cubierto con un fondo generado por el propio trabajador.
Este dinero, además, no permanecería inactivo, sino que se invertirá en algún tipo de fondo de inversión, para mayor beneficio de las entidades financieras recibirán un buen pellizco por gestionar los fondos.
La fórmula empleada será la capitalización individual de una parte del salario del trabajador que el empresario descontará para ese fin. De modo que el empresario decidirá qué parte del porcentaje salarial de la posible subida destinará a salario directo del trabajador y qué parte irá a capitalizar esa especie de seguro indemnizatorio. El trabajador, por su parte, no podrá disponer de ese dinero hasta el momento del despido, o en forma de ingreso añadido a la pensión en el momento de la jubilación. Esto también podrá facilitar ataques contra las pensiones públicas, al abrir la puerta a la contribución complementaria de las pensiones público-privada mediante capitalización, y a reducciones en la percepción de la pensión pública al disponer los trabajadores de otro posible ingreso.
La cuantía acumulada se podrá llevar de un trabajo a otro, de ahí lo de “mochila”, lo que para “los expertos” proclives a la medida supondrá una enorme ventaja para el trabajador, dado que le dará mayores probabilidades de movilidad laboral, al perder el miedo de quedarse sin la indemnización por despido asegurada tras años de trabajo en la misma empresa.
En realidad, la auténtica ventaja, “el chollo”, es para los empresarios, puesto que la implantación de este sistema de indemnización en caso de despido es una demolición total del denominado contrato “fijo”, para ir al despido totalmente libre y sin costes. Supone introducir en las empresas la flexibilidad absoluta, mayor precarización y temporalidad. En este sentido, la “mochila austriaca” muestra la intención de situar el punto de gravedad del coste del despido sobre las espaldas del propio trabajador.
Algo que, no lo olvidemos, fue uno de los objetivos esenciales de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy y que ahora se lograría con plena eficacia. Demuestra, también, el posicionamiento del Gobierno socialista de Sánchez en favor de los intereses empresariales, a pesar de que trata de vender su intención de poner en marcha una denominada “Agenda Social”.
Se trata por lo tanto, en última instancia, de una modificación legislativa del ámbito laboral que trata de seguir aplicando e intensificando, lo que se viene denominando, en la doctrina laboral, con mucho eufemismo, como la aplicación de los principios de la flexi-seguridad. Es decir, un intento de atacar derechos laborales adquiridos por los trabajadores a través de conquistas obtenidas por la lucha de clases, en favor de las necesidades de flexibilidad laboral en la empresa. Algo vital para los capitalistas, de cara a que se garanticen los incrementos de productividad necesarios para la rentabilidad del capital y las posibilidades de pervivencia de la empresa a costa de un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Y de ese modo, aumentar la extracción de plusvalía, ante un mundo productivo cada vez más cambiante.
Frente a esto las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CC.OO y UGT se han mostrado sospechosamente cómplices, puesto que o no se han posicionado al respecto -pese a la reciente movilización-mitin del viernes pasado en la Caja Mágica de 10.000 delegados de CC.OO y UGT-, o bien en el caso del líder de UGT, Pepe Álvarez, haciendo declaraciones en el sentido de que no se ha negociado con los sindicatos la implantación de la “mochila austriaca”, pero sin oponerse directa y taxativamente.
La reducción de la tipología de contratos laborales y la FP dual
La otra medida anunciada tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, consistente en la reducción de la tipología de contratos a tan solo tres, supone también un fuerte ataque a derechos laborales esenciales de los trabajadores, el viejo sueño de la CEOE y los neoliberales del PP y Ciudadanos.
En este caso la “Agenda del Cambio” de Sánchez plantea tres tipos de contrato: fijo, temporal estructural y de formación. Lo más llamativo es que al temporal le llaman estructural, lo cual parece insinuar una especie de vinculación de esencia a la temporalidad del propio contrato, pero sin relacionarlo con una causa concreta que justificara esa temporalidad, tal y como ocurre ahora. En la legislación actual los temporales deben estar justificados respecto a su finalidad, pudiendo ser contratos realizados por necesidades de la producción o por obra o servicio determinado.
Siendo que en caso de fraude de ley, por no ser en la realidad destinados a esos fines, se reconocerían como indefinidos. Aunque está claro que esto no funciona así en la realidad y grandes empresas utilizan a los temporales de forma incontrolada para rebajar las condiciones laborales de los fijos, ahora este mecanismo tendría barra libre.
Ya que partir de ahora no haría falta establecer ningún fin concreto para justificar una contratación laboral temporal. Y, como hemos visto antes, por obra y gracia de la denominada “mochila austriaca”, el despido de los indefinidos pasará a salir prácticamente gratis, degradando de conjunto sus condiciones.
Por otra parte, la FP dual, según el modelo alemán, implicaría enormes ventajas para los empresarios para disponer de mano de obra en formación de estudiantes de FP, justificándolo con la necesidad de adquirir experiencia en las empresas.
Recuperar la movilización independiente de la clase obrera
No se puede confiar en ningún Gobierno del PSOE como garante de los derechos laborales y sociales de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores. No en vano los Gobiernos socialistas han sido quienes encabezaron profundos ataques con multitud de reformas laborales, además de actuar como defensores y garantes a ultranza del Régimen del 78, llegando incluso a modificar la Constitución junto con el PP para asegurar el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto social. Pero también es necesario cuestionar la labor de Podemos, ya sea en su apoyo por izquierda al gobierno social liberal del PSOE o en los “Ayuntamientos del cambio”, en los que después de una legislatura no ha llevado a cabo ninguna política efectiva de mejora de las condiciones de vida reales, en favor de las clases populares.
Se avecinan importantes ataques a los derechos laborales y sociales de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores en general, ya sea desde la continuidad del Gobierno de Sánchez o mucho más con algún Gobierno del PP, Ciudadanos y Vox. Será imprescindible hacer frente a estos ataques con la movilización y la lucha organizada, unificada e independiente de la clase trabajadora para empezar así a lograr que la crisis la paguen los capitalistas.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.