Presionada por la caída de la libra esterlina, por su propia formación políitca conservadora y hasta por el FMI, la primera ministra británica Liz Truss retrocedió en su plan de eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas más ricas del país.
Martes 4 de octubre de 2022 09:59
El ministro de Economía y Fonanzas, Kwasi Kwarteng, y la primera ministra británica, Liz Truss, en la conferencia anual del Partido Conservador el último domingo.
Luego de diez días de inactividad política con motivo de la muerte de la reina Isabel II, el gobierno de la primera ministra conservadora británica Liz Truss entró en la escena política anunciando un giro radical en la economía, la mayor rebaja de impuestos de los últimos 50 años. Para el flamante ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, se trataba de nuevo "plan de crecimiento" que reduciría los impuestos y la regulación, financiada por deuda pública para intentar impulsar el crecimiento económico tras años de estancamiento. No había mucho que esconder, se trataba de los fundamentos básicos del neoliberalismo.
El plan para eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas que ganan más de 150.000 libras esterlinas al año (US$168.000) formaba parte de un paquete de recortes de impuestos que el gobierno de Truss había anunciado hace solo 10 días para "impulsar la economía del país".
Sin embargo, lejos de sembrar esperanza, el anuncio de la bajada impositiva desencadenó una crisis de confianza en el gobierno de Truss: se desplomó el valor de la libra disparando la prima de riesgo del Reino Unido. La sacudida en los mercados globales fue tan intensa que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para sostener la libra con el lanzamiento de un paquete de compras masivas de deuda pública. Al mismo tiempo, algunas de las entidades prestamistas más grandes del país suspendieron acuerdos de créditos hipotecarios en medio de la incertidumbre que se generó. Este plan desastroso trajo a la memoria los presupuestos del conservador Ted Heath en 1972, para un Reino Unido en recesión, que acabó en una espiral inflacionaria y deuda y necesitó un rescate del FMI para resolverse.
El anuncio de estas medidas que favorecen desproporcionadamente a los más ricos, dejando a un lado la redistribución de la riqueza, despertó una avalancha de críticas, desde distintos sectores de un amplio arco político. Por ejemplo, para la Joseph Rowntree Foundation, una organización benéfica que realiza y financia investigaciones destinadas a resolver la pobreza en el Reino Unido, “se trata de un presupuesto que ha ignorado deliberadamente a las familias que están atravesando una situación de emergencia del coste de la vida y, en cambio, ha dirigido su acción a los más ricos”. Por otra parte, expertos economistas advirtieron que esa gigantesca apuesta, muy arriesgada y sin garantía de éxito, no funcionará y podría hacer insostenible el endeudamiento del país. Incluso el FMI criticó abiertamente la política del Reino Unido, y no por dar un consejo financiero sino por el temor que genera un sobreendeudamiento de una de las principales economías y su impacto a nivel mundial.
Las familias con menores ingresos viven una situación cada vez más acuciante, los precios de los alimentos están un 13% más altos que el año pasado, los precios de la energía se han duplicado con respecto al año anterior y millones de personas ya no tienen lo suficiente para permitirse lo básico. Ante esta situación, el gobierno de Truss decidió beneficiar a quienes más tienen.
Este domingo en declaraciones en medios televisivos, Truss había asegurado que mantendría la medida a pesar de las polémicas que había despertado. Sin embargo, 24 horas después en medio de fuertes críticas desde la bancada conservadora que pedían la renuncia del ministro de economía, el gobierno del Reino Unido anunció que daba marcha atrás a sus planes para eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas más ricas del país. El anuncio se hizo durante la conferencia anual del Partido Conservador. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, le dijo a la BBC este lunes que la propuesta se había convertido en “una gran distracción” dentro de lo que es, según él, un paquete económico "sólido".
El gobierno había defendido la medida asegurando que "bajarles los impuestos a los ricos haría que Reino Unido fuera más competitivo y fomentaría la creación de empresas y la inversión", el clásico argumento neoliberal. Pero los mercados no lo entendieron así y se empezaron a escuchar voces tories [del partido conservador], que pedían la dimisión de Kwarteng e incluso una moción de confianza al gobierno de Truss, apenas un mes después de llegar al cargo.
La decisión, que para muchos representa una humillación para la recién nombrada primera ministra Liz Truss, se produce después de que varios parlamentarios de su partido criticaran el plan. No es que de repente al partido conservador le importe la situación de la población con menos ingresos, sino que la traducción política de estas medidas reaccionarias podría significar una derrota en las próximas elecciones.
Un sondeo de YouGov para el Times da a los laboristas una ventaja de 33 puntos sobre los conservadores, lo que se entiende como la mayor diferencia registrada desde finales de los años 90.
El Gobierno también se propone modificar del derecho de huelga. La nueva legislación requerirá que los sindicatos pongan a votación entre sus miembros las ofertas salariales ofrecidas por la patronal, de manera que solo se pueda ir a la huelga cuando las negociaciones se hayan roto.
En medio de una turbulencia financiera y la presión de sus propias filas el gobierno enfrenta una oleada de huelgas del personal de correos de Royal Mail y del sector ferroviario. El sábado la huelga ferroviaria se hizo sentir en todo el país. Otros sindicatos, como los que nuclean al personal sanitario y al docente están consultado a su membresía para ir a la huelga.
A las actuales huelgas se les suma un movimiento de desobediencia civil convocado por la campaña de base “Don’t pay UK”. Miles de personas salieron el sábado a la calle en distintas ciudades de todo el Reino Unido para protestar contra la crisis del coste de la vida, el cambio climático y para mostrar su apoyo al personal ferroviario en huelga, que mantienen una disputa con la patronal sobre salarios y condiciones. También aprovecharon la oleada de manifestaciones en todo el país para expresar su enfado con el reciente presupuesto del gobierno.
Seguidores de Don’t pay UK prendieron fuego a sus facturas de energía en varias ciudades, incluida Londres, en una protesta específica contra el aumento de las facturas de energía. Don’t Pay UK ya ha lanzado una campaña que ha recibido cerca de 200.000 compromisos de personas que se declaran dispuestas a dejar de pagar sus facturas de energía.
