El ministro de Agroindustria anunció el envío de un proyecto de Ley de Semillas la próxima semana, que fue "acordado con todos los sectores involucrados" en el negocio. Festejan las semilleras.
Sábado 25 de junio de 2016 11:40
El gobierno nacional dispuso el jueves pasado promover medidas para fiscalizar el uso de granos en la campaña agrícola 2016-2017 y enviará la próxima semana un proyecto de Ley de Semillas, acordado con el sector privado, para ser tratado en agosto en el Congreso. Avanzan así los intereses de las empresas y las multinacionales como Monsanto en cobrar regalías por el uso de las semillas.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, formuló estos anuncios secundado por su gabinete, entre los que se contaba a Guillermo Bernaudo y Néstor Roulet, y un nutrido grupo de empresarios de empresas semilleras y exportadoras que tienen interés en el avance de la ley: las bolsas de Cereales porteña y de Comercio de Rosario, además de miembros de la Mesa de Enlace Agropecuaria.
El funcionario adelantó que enviará un nuevo proyecto de ley de Semilla al Congreso, que buscará que el "uso propio" ofrezca "un equilibrio justo entre la preservación de los derechos del productor y la sustentabilidad de la industria para su desarrollo tecnológico; si hay diferencias, se tendrá que plantear en el Congreso". Este proyecto fue "acordado con todos los sectores involucrados" en el negocio agroindustrial, para iniciar su tratamiento "en agosto" próximo por la Cámara Baja.
“Equilibrio justo” que excluye, como ha sido hasta ahora, los derechos de las comunidades originarias y los reclamos de las asociaciones ambientalistas y la izquierda que se opone al control de las multinacionales sobre la producción primaria.
"Este año vamos a tener una nueva ley", manifestó, al tiempo que aseguró que el próximo lunes se definiría su aprobación por parte del Comité Técnico de su cartera, con el objeto de ser remitido "a Diputados", para ser "tratado en agosto por el Congreso".
Buryaile comentó que "el espíritu de la norma será posibilitar el cobro de la tecnología, promover la legalidad (en la compraventa de granos) y preservar los derechos de los productores" para permitir el "uso propio" de las semillas obtenidas en ciclos de siembra anteriores.
El INASE fiscalizará la semilla en puerto
El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución 207 acordada con la multinacional Monsanto. La misma establece que será el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y no la empresa, la que realizará los controles en los puertos por la soja Intacta, resistente a insectos.
Las empresas proveedoras de tecnología, como Monsanto u otras, con esa información disponible podrán hacer luego los reclamos de pago a los productores u accionar por vía judicial.
Monsanto había suspendido el envío de nuevas variedades transgénicas al país para presionar al gobierno al impulso de más controles y la sanción de nuevas leyes a su favor, como la que se enviará al Congreso.
La norma solo es para la campaña en curso, ya que el Gobierno confía en que habrá una nueva ley de semillas para la próxima campaña.
"Si hoy el productor puede justificar el uso propio y el origen de la semilla atento a la legislación vigente, no va a tener ningún inconveniente; pero si no se puede acreditarlo, va a ser sancionado, y sin perjuicio que también le puedan reclamar los derechos (de propiedad) de quien crea tenerlo", explicó Buryaile sobre el marco regulatorio que tendrá la próxima cosecha gruesa.
Para cumplir con estos objetivos, el INASE -según indicó su titular, Raimundo Lavignolle- planea incrementar su estructura de personal para la evaluación de futuras declaraciones juradas de las coberturas y firmará convenios con entidades públicas y privadas, como la Bolsa de Cereales porteña, para fiscalizar buena parte del origen de la cosecha de soja de una campaña que alcanzará los 55 millones de toneladas de este poroto.
Esto implica un incremento del presupuesto del Inase en unos $ 90 millones sobre los actuales $ 119 millones.
Consultado sobre el reclamo que mantiene la empresa Monsanto para el cobro de regalías, Buryaile aclaró que "van a haber contratos privados que se van a respetar y no hay ninguna obligación de firma de contratos por parte de los productores".
Aseguró que será el Instituto Nacional de Semillas (INASE) el "único organismo encargado de fiscalizar y controlar la legalidad" de los granos comercializados en el mercado local que tuvieran por destino su cultivo, y que podrá aplicar "sanciones" en caso de no poder justificar el origen de las semillas. También consideró posible que las firmas proveedoras de semillas podrán "reclamar, como corresponde, por sus derechos ante la Justicia".
Mediante esta nueva resolución, acordada con la multinacional Monsanto que envió especialmente a sus máximas autoridades al país para negociar con el gobierno, se van gestando las condiciones para la efectiva aplicación de la nueva ley de Semillas, garantizando el cobro de regalías a las semilleras. Ley que impulsan tanto el gobierno nacional como las patronales del agropower aliadas a los intereses de la multinacional.
Festejan los semilleros
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), consideró que la decisión es "un paso adelante" y también "un reconocimiento a que había una serie de controles necesarios que no se estaban haciendo".
"Ahora el Estado acuerda con los privados para realizar controles y eso va en la sintonía de lo que consideramos correcto", dijo Paseyro.
En tanto, desde Monsanto coincidieron en señalar que "este es un paso en la dirección correcta". Una vez que se difundió el acuerdo, las acciones de la multinacional en los Estados Unidos cerraron con una suba de casi el 2 por ciento.
"Monsanto aprecia todos los esfuerzos de los miembros de la cadena de la soja y el Gobierno de Argentina, resta aún comprobar si el sistema de cobro de regalías de soja puede operar con integridad a largo plazo", dijeron en firma multinacional.
"El gobierno ha destacado su compromiso por el reconocimiento de los contratos privados entre productores, acopiadores y exportadores; y el reconocimiento de la propiedad intelectual por cada uso de la tecnología. Estos son los principios básicos y necesarios para generar un ambiente de negocios predecible. Para ello, Monsanto sigue comprometido a continuar con estas conversaciones durante los próximos meses", agregaron.
Desde las patronales del agro, Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria Argentina, destacó el "esfuerzo” de Agroindustria, y alcaró que "la disputa no terminó" porque, en su opinión, resta que se expida Defensa de la Competencia sobre una denuncia contra Monsanto. Para Dardo Chiesa, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Agroindustria encontró "una manera inteligente" de terminar el conflicto.
