Rajoy pidió un informe al Consejo de Estado con el fin de impugnar la decisión de Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, de investir el próximo 30 o 31 de enero a Puigdemont como jefe del gobierno catalán. Avance en el autoritarismo y la injerencia del gobierno central y la corona española.
Jueves 25 de enero de 2018 11:12
Foto: Puigdemont y Torrent, durante su reunión en Bruselas el 24 de enero
Luego de que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propusiera el pasado 22 de enero que Carles Puigdemont, el candidato más votado del bloque soberanista el pasado 21-D, sea investido en jefe del gobierno regional catalán, el gobierno español anunció este jueves que recurrirá en el Tribunal Constitucional dicha decisión, dado que aún permanece en Bélgica.
El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, pidió hoy un informe al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo) con el fin de impugnar la decisión de Torrent, quinen, según está previsto, anunciará hoy jueves la fecha de la sesión parlamentaria de investidura, que se prevé para el 30 o 31 de enero.
La interposición de este recurso en el Tribunal Constitucional conllevaría la suspensión de tal decisión, en invocación del artículo 161.2 de la Constitución española del régimen del 78, que establece que «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.»
También se pide al Consejo de Estado que dictamine si un candidato que no está presente en la cámara legislativa puede ser investido.
El propio Puigdemont asegura que busca la manera de poder formar parte del debate de investidura y estar en el Parlemento, tras renunciar a su petición del voto delegado. Sin embargo, Rajoy, en una entrevista este miércoles aseguró que si “Puigdemont pisa suelo español con una orden de detención en vigencia, será detenido”.
Por su parte, Felipe VI, arropado por los poderes de la élite económica en Davos, ha aprovechado la primera aparición de un jefe de Estado español en el Foro Económico Mundial, para lanzar un “nuevo” mensaje a Cataluña. En una intervención que no permitía preguntas, Felipe VI definió el proceso de lucha del pueblo catalán y lo sucedido desde el referéndum del 1 de octubre como “un intento de socavar las reglas básicas de la democracia”.
El Ejecutivo español destituyó a Puigdemont como presidente de Cataluña y a todo su gobierno el pasado 27 de octubre pasado por promover el proceso independentista votado por la mayoría de los catalanes, defendiendo su derecho a decidir. Ahora, él y todos los miembros de su gabinete son investigados por rebelión y otros delitos.
Recordemos que este miércoles 24 se cumplieron 100 días de los encarcelamientos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, registradas ayer por miembros de la Guardia Civil.
Por si fuera poca la presión autoritaria ejercida por el gobierno central y la monarquía española, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, insistió ante la prensa que "El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro".
Si algo ha quedado claro en estos meses es que el Estado español intenta siempre por todos los medios cumplir sus amenazas, a las que el bloque soberanista ha respondido o bien mostrando incredulidad (como si se pudiera haber esperado otra reacción del Régimen del 78) o directamente con el silencio, abandonando la pelea en las calles por parte de las direcciones del movimiento.
