Alberto Fernández y el Frente de Todos hacen todo lo contrario de sus “convicciones” durante el macrismo. En el día del Inocente, el Gobierno le pagará a Edenor los consumos de los barrios populares de los últimos tres años a cambios de inversiones en el servicio.
Lunes 28 de diciembre de 2020 22:09
Una de las noticias del día, fue que Pampa Energía vendió Edenor al grupo empresario Vila-Manzano-Filiberti.
Horas antes de que las partes sellaran el acuerdo de compra-venta, Edenor se había asegurado recibir $ 3.143 millones de parte de las arcas del Tesoro luego de firmar un acuerdo con el ENRE, el regulador del mercado eléctrico de la Argentina.
"El Estado Nacional se compromete a realizar un aporte público y transferir a Edenor los montos equivalentes a los consumos de energía eléctrica provistos a ciertos barrios populares dentro de su área de concesión, realizados durante el período octubre 2017 a diciembre 2020," dijo Edenor a la Bolsa.
Edenor, por su parte, “se compromete a aplicar la totalidad de dichas sumas a la ejecución de un plan de trabajo preventivo y correctivo por la suma de $ 3.143 millones, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y el estado de su red eléctrica".
Algo que los empresarios no hicieron desde que se privatizaron los servicios de electricidad. En enero de 2019, por tomar un ejemplo, 250.000 hogares se quedaron sin luz solo en un apagón en Buenos Aires.
Marcelo Mindlin, dueño y principal accionista del grupo “Pampa Energía”, uno de los empresarios que más creció bajo el amparo de la administración de Mauricio Macri -y que desde el 2001-2002 no paró de hacer negocios y expandir su holding, comprando compañías de electricidad- en 2005 se quedó la mayoría de Edenor.
Dirige empresas que acaparan toda la estructura del entramado de la energía: generación, transporte y distribución.
Los tarifazos -durante el gobierno macrista- fueron a parar a los bolsillos de Mindlin. En los últimos años Pampa Energía y Edenor facturaron 3,2 millones de dólares por día.
Amasaron fortunas a expensas de brindar un mal servicio, a quienes podía pagarlo, porque muchos hogares populares debieron recurrir a medidor prepago. Solo podían tener luz por algunas horas hasta que se termine el saldo, ese fue el saldo de los tarifazos de la era macri.
Alberto Fernández, en julio de 2019 cuando era precandidato a presidente, en una entrevista con Luis Novaresio aseguraba que iba a revisar la política energética y los tarifazos impuestos por Macri: “Para mí es un acto de corrupción del macrismo, porque ahí están todos los amigos metidos, todos ellos: (Nicolás) Caputo, Mindlin. Todos los sabemos. Es público”, sentenció el actual presidente.
También, durante la campaña electoral, Fernández prometió que pesificaría las tarifas que Macri dolarizó. Sin embargo, las tarifas siguen dolarizadas. No solo eso, en 2018 el peronismo impulsó en el Congreso Nacional un proyecto para retrotraer las tarifas de agua, gas y luz a noviembre de 2017 y sugería una actualización según el Coeficiente de Variación Salarial para los usuarios residenciales. Este proyecto fue archivado, y ahora el Gobierno busca volver a aumentar las tarifas.
Ahora el Gobierno le pagará $ 3143 millones a Edenor, por haber brindado un “servicio” a los barrios populares. Los empresarios se la siguen llevando en pala, mientras verano tras verano se sufren los cortes de luz prolongados por las falta de inversión de quienes solo buscan sus ganancias.
Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador. No pueden quedar en manos de empresas que sólo buscan aumentar sus ganancias. Para terminar con el negocio de las privatizadas es necesario la estatización sin pago del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación, el transporte hasta la distribución a los usuarios. El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores, además, debe comprender la participación de comités de usuarios populares.
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