El Gobierno del PSOE no derogó del todo la Reforma Sanitaria del PP: dejó a los familiares reagrupados de inmigrantes fuera de la asistencia sanitaria en casos como los de cáncer.
Lunes 18 de febrero de 2019
Personas con cáncer que no pueden acceder a la quimioterapia, personas con diabetes que no pueden obtener insulina, personas con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades degenerativas, y un sin fin de otras dolencias que requieren de atención especializada y de tratamientos que les son denegados en la sanidad pública por ser inmigrantes reagrupados con su familia o en la sanidad privada por falta de recursos económicos, a pesar que eso pueda llevar a su muerte.
Esta es la situación que más de 870.000 inmigrantes sin papeles han sufrido durante la aplicación de la Reforma Sanitaria del PP desde 2012 y que, a pesar de que Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo su revocación, afecta hoy en día a miles de familiares reagrupados de inmigrantes, ancianos en gran parte.
El Real Decreto 16/2012 fue aprobado el 20 de abril del año 2012 por el Gobierno del PP como parte de una Reforma Sanitaria que incluía enormes recortes. Esta normativa afecta principalmente a personas inmigrantes sin permiso de residencia, pero también a españoles que emigraron fuera del Estado, o a algunos inmigrantes con una situación regular. Se trata principalmente de personas mayores que llegan por un proceso de reagrupación familiar a las que se les exige numerosos trámites y el contrato de un seguro privado inasumible para la mayoría.
El Gobierno del PSOE sigue denegando de forma sistemática la tarjeta sanitaria a familiares reagrupados. A pesar de que más de 40 sentencias judiciales han contrariado esta situación de exclusión sanitaria, los ministerios de Trabajo y Sanidad siguen realizando esta práctica, bajo la excusa de que los familiares deben contar con un seguro privado.
La exigencia del seguro de salud privado (cuyas pólizas no cubren en muchas ocasiones los mayores gastos) es totalmente carente de sentido hacia el uso de la sanidad pública, pero existe debido a la Ley de Extranjería, la misma que se utiliza para cimentar la discriminación laboral a la población inmigrante, dificultar el acceso a los papeles o legalizar las deportaciones.
Este proceso de degradación y privatización de la sanidad pública es uno de los signos más visibles de la restauración neoliberal puesta en marcha durante las últimas décadas, sin embargo ha sido desde el inicio de la crisis, cuando ésta se ha acelerado en el Estado Español bajo el paraguas de la Reforma Sanitaria, impuesta por el gobierno del PP, pero en continuidad con la política de recortes del PSOE.
Esta Reforma Sanitaria también redujo sustancialmente la cartera de servicios asistenciales básicos que antes eran financiados públicamente, y que después se financiarían con el sistema de copagos, mientras aplicaba la exclusión sanitaria de más de 870.000 personas, en su mayoría inmigrantes, desde abril de 2012.
A lo largo de estos años han sido ya numerosos los casos de ascendientes, padres y madres de inmigrantes, que después de ser reagrupados, al solicitar la tarjeta sanitaria para acceder a la sanidad pública, esta se las deniega y a su vez se avisa inmediatamente a Extranjería para que revise sus casos.
Miles de trabajadores y trabajadoras inmigrantes enfrentan un sinfín de dificultades para poder reagrupar a los familiares, toda una odisea de papeleo y burocracia. Sin embargo, no acaba aquí, sino que una vez reagrupados los ascendientes, durante los trámites para solicitar su derecho a la tarjeta sanitaria, comienza de nuevo una pelea para que sus padres y madres, ancianos, puedan acceder a la sanidad pública.
Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
