El ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió ayer que “a finales de año” podría reabrirse el diálogo con los fondos buitre. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich rechazó la posibilidad de modificar la Ley de Pago Soberano para acordar con los holdout.
Martes 4 de noviembre de 2014
El ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió ayer que “a finales de año” podría reabrirse el diálogo con los fondos buitre para saldar el litigio abierto en el juzgado de Thomas Griesa en Nueva York. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tildó de “falso de falsedad absoluta” la posibilidad de “modificar la Ley de Pago Soberano” para avanzar en el mismo sentido. Según el jefe de los ministros, las informaciones que se difundieron durante el fin de semana son parte de “una burda maniobra” de carácter “especulativo”.
Sin embargo, fue Kicillof quien, en un reportaje publicado en su edición de ayer por el diario mexicano La Jornada, planteó el hecho que, cuando venza la cláusula RUFO, “habrá mejores posibilidades para dialogar con los acreedores que optaron por quedar fuera de la reestructuración de la deuda”. En la nota firmada por el periodista José Steinsleger, quien lo entrevistó en el Palacio de Hacienda, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que, en materia de arreglo de la deuda, se podría avanzar “a finales de año, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitres han utilizado para la extorsión”. Kicillof se refirió así a la cláusula RUFO, que la Argentina incluyó en los prospectos como aditivo para que los bonistas entraran a los canjes de 2005 y 2010, ya que prometía que hasta el 31 de diciembre de 2014 ninguno de ellos iba a obtener mejores condiciones de pago que aquellos que aceptaran la reestructuración.
En cambio, Capitanich le apuntó a las versiones que señalaron que se estaba estudiando la anulación de leyes para facilitar las conversaciones con los acreedores, algo que Kicillof admitió que podría darse desde enero. Según el ministro coordinador, ese tipo de especulaciones son “una burda maniobra desde el punto de vista político y comunicacional para crear maniobras del tipo especulativo”. Para el ministro coordinador “desde fondos de inversión, hasta bancos, con tenencia de títulos, promueven este tipo de acciones, con el objeto simplemente de manipular la cotización de los mismos”. Capitanich manifestó que la finalidad de los fondos buitre “no es solamente financiera, sino política, con motivo de desestabilizar a gobiernos, propiciar el terrorismo económico y generar alteraciones en el sistema financiero internacional”. Dijo, además, que los fondos buitre “operan a tres bandas: tienen posición en credit default swaps, tienen posición en sentencia y tienen posición en deuda reestructurada y trabajan permanentemente para maximizar su propio interés en detrimento del conjunto”.
Ni el “compañero” Soros acompaña el pago soberano
Ayer se conoció también que dos fondos de inversión, entre ellos Quantum manejado por George Soros, y el Knighthead Capital Management LLC y RGY Investments LLC fondos, desecharon la posibilidad de canjear por bonos locales para seguir cobrando la deuda argentina cuyos pagos quedaron bloqueados por decisión de Griesa. En su lugar solicitaron ayer al juez de Londres Guy Newey que atienda sus reclamos para poder cobrar las acreencias de bonos argentinos reestructurados nominados en euros, ya que dicen ser “terceros inocentes” en la disputa abierta en Nueva York entre la Argentina y los holdouts. El gobierno argentino promocionó como un logro de imagen ante los buitres la reunión a solas que mantuvo la presidenta Cristina Fernández con Soros, al momento de visitar los Estados Unidos, en ocasión de participar de la Asamblea de la ONU. Por esos días, se especuló con la posibilidad de que el magnate húngaro intermediara para solucionar el conflicto con los holdouts o que se allanara a venir a cobrar a la Argentina, tal como lo dispuso la Ley de Pago Soberano. Este desaire muestra que ni los buitres “buenos” acompañan la política kirchnerista. Hasta el momento, no hay registros de bonistas con tenencias reestructuradas que hayan decidido cambiar de domicilio de pago, abandonando las jurisdicciones de origen para cobrar en la Argentina, tal como lo señala la Ley de Pago Soberano.
