AJUSTE HISTÓRICO DE 8000 DESPIDOS. El Gobierno “progresista”, entre la complicidad y la impotencia ante los despidos masivos anunciados en CaixaBank

Este ataque brutal ocurre cuando ha sido el Gobierno “más progresista de la historia” el que ha autorizado la criticada fusión de Bankia -que pertenecía al Estado tras el rescate bancario-, con La Caixa y uno de cuyos resultados esperados era el de más despidos. Por otra parte, mientras se plantean despidos masivos a las y los trabajadores, los beneficios de la banca, los repartos de dividendos y el incremento de los bonus para los directivos, se han incrementado en plena pandemia. Al negarse a avanzar sobre los intereses de los grandes banqueros, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es cómplice de este tsunami de despidos.

CaixaBank ha seguido la estrategia empresarial habitual para los procesos de negociación de los ERE. Tras las primeras cifras ofrecidas por la dirección del banco la semana pasada, que elevaba los despidos totales a 8.291 trabajadores, este martes se ha conocido que ha planteado a los sindicatos una reducción del 6%, rebajando así el ajuste previsto inicialmente en 500 trabajadores menos, una diferencia que no deja de ser anecdótica ante el enorme volumen de inicio planteado. Porque se sigue manteniendo una cifra de despidos enorme que supondría una reducción de plantilla del banco de 7.791 trabajadores. Una disminución de plantilla que tiene un carácter histórico por su volumen, situándose en el tercer lugar por su importancia para una empresa. Solo queda superado por los ajustes de Telefónica y SEAT de los años 90 y principios de los 2000, en pleno boom de transformación tecnológica en las telecomunicaciones y de adaptación industrial en el sector del automóvil.

Nada tiene que ver con esta suavización de las cifras de despidos el hecho de que el Gobierno a través de Nadia Calviño y del propio Unidas Podemos mostrase su disconformidad formal con los ajustes de plantilla que se hicieron públicos recientemente, tanto en CaixaBank como en el BBVA. Nadia Calviño se limitó a afirmar la semana pasada que había trasladado al Banco de España su “preocupación” por los sueldos y los bonus de los altos ejecutivos de la banca, sobre todo en un contexto de fuertes ajustes de plantilla y olvidándose que forman parte del Consejo de Administración del banco.

La ministra le pasó así la pelota exclusivamente al Banco de España, al señalar que “el Banco de España, como supervisor del sector, tiene un papel que jugar para encauzar este proceso de la manera más positiva desde el punto de vista de su impacto en la economía general de nuestro país”, y afirmando que “los sueldos y bonus de los ejecutivos bancarios deben estar alineados con la evolución del sector y la economía en su conjunto”.

Pero estas son solo declaraciones de cara a la galería. Porque tras la fusión, José Ignacio Goirigolzarri, antiguo máximo ejecutivo nombrado de Bankia y ahora presidente de CaixaBank, ha triplicado su sueldo, superando el millón de euros sin que nadie hiciera absolutamente nada al respecto. Eso por no hablar de los repartos de dividendos que, pese a las limitaciones planteadas desde Bruselas, al final fueron autorizados a pesar de la crisis de la covid-19. En realidad, el temor del Gobierno deviene únicamente del hecho de que, sobre todo en el contexto de unas importantes elecciones en la Comunidad de Madrid, queda al desnudo su connivencia con los intereses de las grandes empresas del IBEX 35 y las grandes fortunas, mientras son incapaces de salvaguardar derechos elementales de las y los trabajadores como es el derecho al trabajo.

Un verdadero tsunami de despidos ante los que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se ha mostrado, pues, absolutamente impotente, pese a que el Estado forma parte del capital de la entidad y del Consejo de Administración en consecuencia, por la parte que mantiene como antigua propietaria de Bankia. Por eso, además de impotente resulta cómplice, puesto que esta situación se ha dado tras el proceso dirigido a privatizar y diluir la capacidad de influencia pública que tenía antes al disponer de la mayoría de las acciones de Bankia, al autorizar la fusión con La Caixa y perder esa mayoría. Decisión que, aunque tuvo críticas por parte de Unidas Podemos, acabaron aceptando y asumiendo como propias al formar parte de la gestión dentro de un gobierno de carácter social liberal, privatizador y desregulador a niveles no muy inferiores a los del PP, como ha quedado demostrado una vez más al echar en brazos de La Caixa a Bankia que se había convertido de facto en banca pública. Aunque, en realidad, nunca ejerció como tal banca pública puesto que la gestión de Bankia se privatizó desde el primer momento al ponerla en manos de banqueros, tan bien pagados como en el sector privado, y con los mismos criterios de gestión de ganancia privada a ultranza.

De ese modo se perdió además la oportunidad -tras el elevado coste del rescate financiero en el que se han perdido más de 40 mil millones de dinero público- de utilizar esta palanca de la economía, un gran banco, para desarrollar políticas financieras públicas potentes que hubieran podido ayudar, por ejemplo, con planes de obras públicas para terminar con el paro, o créditos baratos a los pequeños propietarios y sectores más desfavorecidos para atender sus necesidades más esenciales. Asegurándose así, además, no perder más dinero público como acaba de ocurrir con la SAREB, banco malo, y el agujero de 10.000 millones de euros, con unos activos seguramente irrecuperables por valor de 30.000 millones, que con toda seguridad también deberán asumir las arcas públicas. De hecho, estas pérdidas han elevado la deuda pública ya al 120% del PIB.

El banco con la nueva oferta se ha comprometido a recolocar a las y los 500 trabajadores que se sacan del ERE en otras empresas filiales de la entidad bancaria, señalando como destino para la mayoría a una entidad en concreto, CaixaBank Tech, que es la división especializada en las infraestructuras tecnológicas y transformación digital del banco. Con esto demuestra a las claras que la pretensión de CaixaBank es incrementar el nivel tecnológico del banco, aumentando la productividad y la ratio de beneficios, impulsando la supresión de oficinas y de los puestos de trabajo que están sobre todo vinculados a la atención al público directo. No por casualidad el ajuste planteado afecta al 18,7% de la plantilla y al 27% de la red de oficinas, dado que se cerrarán 1.534 delegaciones, afectando de una manera muy contundente al personal de las oficinas bancarias.

La dirección de CaixaBank ha presentado a los sindicatos un plan de recolocación para buscar empleo fuera del grupo al resto de las y los trabajadores afectados por el ERE. Esto afectaría fundamentalmente a los menores de 58 años puesto que este colectivo queda fuera de las prejubilaciones. Sin embargo, es evidente que este compromiso es poco más que papel mojado, dado que se basa en la obligación legal que establecen los ERE de realizar un plan formativo y de recolocación de la plantilla despedida, pero que más allá de lo declarativo y en plena explosión de los ERE, en la banca y sectores importantes de la industria y los servicios, se antoja muy complicado que se consigan muchos éxitos a este respecto. Partiendo de las dificultades para encontrar trabajo para los mayores de 45 años y en función de la experiencia de los ERE pasados.

Por otra parte, otro volumen importante de las y los trabajadores afectados por el ERE irán encaminados hacia las prejubilaciones con lo que se externalizan gastos de las entidades financieras -en muchos casos de trabajadores con salarios elevados- hacia la Seguridad Social. Resulta muy cínico que luego sean los propios bancos lo que inciden en el elevado déficit de la Seguridad Social y en la defensa de la privatización de las pensiones. En la misma línea el ministro José Luis Escrivá que pretende terminar con las prejubilaciones, en realidad autoriza todas aquellas que le resultan útiles a las grandes empresas en sus procesos de reconversión y externalización de costes hacia las arcas públicas.

La reunión de este martes con los sindicatos mayoritarios en CaixaBank, CCOO, UGT y SECB ha supuesto un paso más en la consecución de los objetivos del ERE por parte de la patronal bancaria. Los sindicatos burocratizados, cuya práctica normal es entregarse totalmente a la firma con las patronales empresariales de cuanto ERE o ERTE les pongan por delante, insisten en sus planteamientos habituales: que se priorice la voluntariedad, se reduzca el número de salidas lo máximo posible y se elimine, en este caso, el límite de que un 50% de las salidas sea para los que tengan menos de 50 años. Un plan derrotista para negociar un poco, pero no para frenar el ataque.

La sangría de despidos en el sector asciende a más de 15.000. Para enfrentar este ataque de proporciones históricas hace falta un verdadero plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo. Un programa de movilizaciones unitarias en la calle, junto con huelgas en todo el sector, convocadas mediante asambleas democráticas de base, que apunte no sólo contra los banqueros, sino también contra sus cómplices del Gobierno y el Banco de España. Una lucha estatal que unifique a todo el sector en una gran “marea bancaria” que le pare los pies a CaixaBank, el BBVA y todos los parásitos capitalistas que se han enriquecido mientras somos las y los trabajadores quienes pagamos los costos de la crisis.