PRESUPUESTOS GENERALES. El Gobierno “progresista” presenta los PGE más expansivos, ¿pero para quién?

Hace dos semanas los socios de coalición alcanzaron un acuerdo para sacar adelante los PGE para el próximo año. Tras una serie de negociaciones, que giraron principalmente en torno a la política en materia de vivienda, Unidas Podemos (UP) aceptó las cuentas, mostrando una vez más el nivel de integración en el Régimen del 78.

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Pero no ha sido hasta este miércoles que el Gobierno ha presentado los PGE en el Congreso, con dos semanas de retraso según su calendario (producto de las negociaciones con UP) y sin contar aún con los apoyos de otras fuerzas, especialmente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Aún así, el Gobierno “progresista”, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza, no ha tardado de desplegar el relato habitual de este Ejecutivo. Todo relato cocinado en Moncloa suele llevar los atributos “progresista” e “histórico”, y este caso no podía ser menos.

Aupados por el “dopaje” de los fondos Next Generation (los fondos Europeos de recuperación aprobados por Bruselas) las cuentas que el Gobierno quiere aprobar para el 2022 cuentan con un aumento en prácticamente todas las áreas, no es para menos. Ahora bien, la foto general suele diferir mucho de una mirada más precisa. Y en este caso, tampoco podía ser menos.

Expansivos para el Ibex35

Estos presupuestos tienen un techo de gasto de 196.142 millones de euros, 45 millones más que los de 2021, pero de los cuales nada menos que 27 mil millones están asociados a las partidas de los Fondos Europeos previstas para el siguiente año. Esta cifra asociada a los fondos Next Generation pasarán directamente de Hacienda a las cuentas de las grandes empresas del IBEX35, las principales beneficiadas de las subvenciones a fondo perdido con las que esperan dinamizar su actividad y maximizar su cuenta de resultados.

El relato, sobre todo de Unidas Podemos, de que estamos ante un Gobierno que quiere grabar a los ricos, en referencia a las tasas impuestas a los beneficios extraordinarios de este oligopolio, se cae por su propio peso. Los menos de 2 mil millones que se esperan recaudar por esa vía serán más que compensados con inversiones por valor de varias veces esa cuantía. Unas inversiones, por cierto, sin coste para las multinacionales. Negocio redondo.

Sumado a este beneficio para las grandes empresas, UP destaca el aumento de impuestos de sociedades. El titular es llamativo, pero la realidad lo es menos. El acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno definía el 15% como el tipo mínimo para este impuesto.

Esta cifra es de por sí un 10% menor que la oficial (25% tasa oficial para impuestos sobre beneficios empresariales y el 30% para bancos y petroleras). Por lo tanto se mantiene el entramado fiscal que beneficia a las grandes empresas.

Y es que donde no piensan meterse desde el llamado gobierno “progresista” es a grabar realmente los beneficios milmillonarios de las grandes empresas multinacionales españolas. Si tomamos las 22 más grandes solamente han tributado en el ejercicio fiscal 2020 un 1,3% de su beneficio global, según reconoce el “Informe país por país” publicado por la misma Agencia Tributaria.

Pérdida de poder adquisitivo para jubilados y funcionarios

Una de las partidas que más parte del presupuesto “absorbe” es la relativa a las pensiones -se come más de uno de cada tres euros de los PGE-. Con las nuevas cuentas se espera que las pensiones mínimas y no contributivas suban un 3% y el resto de pensiones cerca de un 2,5%.

Pero lo cierto es que la inflación marca un 4% en su valor interanual, es decir, que está subida en las pensiones no compensa la inflación. Además no es un tema baladí, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) están empezando a poner paños fríos a las tasas de crecimiento global producto, señalando como uno de los factores clave ese desbarajuste entre oferta y demanda y está provocando un alza de los precios.

Lo mismo sucede con los empleados públicos. A Unidas Podemos y el PSOE no les ha temblado el pulso a la hora de meter la tijera en la nómina de los 2.700.000 empleados y empleadas públicos. La subida del 2% implica que se espera con estos PGE suponen, en términos de salario real, una rebaja del poder adquisitivo de 2 puntos dada la inflación comentada anteriormente.

Sin solución para el problema de acceso a la vivienda

El Gobierno introduce como “medida estrella” un bono de 250 euros para el alquiler, pero realmente se trata de una ayuda a los propietarios de pisos. Como ya ocurrió en 2007 con el bono de 210 euros, al recibir esta ayuda los propietarios subieron los alquileres.

Sumado a esta “ayuda” irrisoria, el Gobierno planea una nueva “Ley de Vivienda” que, como ya adelantara Raquel Sánchez, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el borrador de la nueva ley permitirá a los ayuntamientos que lo deseen exigir esta reserva de suelo a los promotores, pero les obligará a compensarles económicamente por la edificación perdida, ¡a precio de mercado!, ya sea monetariamente o bien aumentando la edificación en ese 30% perdido o bien con cesión de suelo en otra ubicación, con la superficie precisa para tener un valor de mercado similar.

Es decir, no solo no se frena la corrupción y especulación en la construcción y promoción de viviendas, si no que se articulan nuevas leyes para su beneficio hasta el punto de garantizar los beneficios empresariales mediante dinero público si las constructoras comercializan el 30% de sus viviendas con precios “sociales”.

El problema sanitario no era (solo) el Covid

La partida en Sanidad crece un 11%, pero supone un 9,8% de los pronosticado producto de la reducción en vacunas.

Durante los peores momentos de la pandemia se observó como se desbordó la sanidad pública, desde un punto de vista material y humano, llevando hasta la extenuación a los profesionales.

Esta partida, que además el 40% va destinada al mutualismo administrativo (mutuas para el personal de la administración pública inscrito), es completamente insuficiente para revertir los recortes de la última década que han dejado en una situación sumamente precaria, como los sindicatos y profesionales sanitarios denuncian, a la sanidad pública.

De hecho, de los 6.606 millones presupuestados, tan solo 176 millones se concentran en el marco estratégico de atención primaria y 70 millones de euros para la modernización de áreas de salud en las autonomías.

Expansivos ¿pero para quién?

Los presupuestos del 2022 iban a ser, y serán, inevitablemente expansivos e “históricos” si atendemos a las cifras puras y duras y a los porcentajes de inversión. Pero si atendemos a su distribución, a las decisiones políticas que los configuran, nuevamente observamos unos presupuestos centrados en beneficiar a las grandes multinacionales.

El gobierno “progresista” vuelve a poner en el foco los intereses de la gran patronal, asegurando una inyección de dinero público para invertir en sus negocios y obtener sus beneficios. Una ayuda que, en 2023 cuando Bruselas vuelva a poner el foco en los ajustes, tendremos que pagar todas y todos nosotros.

Mientras, para la clase trabajadora y los sectores populares, el nivel de crisis social y económica es tal, que las partidas y su distribución real apenas tendrán un efecto en las condiciones materiales. ¿O acaso un joven con un salario mínimo de 960€ más el bono de ayuda podrá hacer frente a un alquiler de media de 970€ en Barcelona o 850 en Madrid por un piso de 50 metros cuadrados? ¿O las subidas de pensiones del 3% y el 2% frente a una inflación al alza, qué impacto tendrán? Nada. Exactamente lo que este gobierno tiene de “progresista” y una vez más las cuentas lo han dejado a las claras.