El Consejo de ministros del Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha aprobado un aumento del 33,5% en el presupuesto destinado a MUFACE. Esta decisión representa un claro beneficio para las aseguradoras privadas, consolidando y profundizando un modelo privatizador en la sanidad.
Miércoles 18 de diciembre de 2024
El Gobierno acaba de autorizar una nueva licitación del concierto sanitario de MUFACE para los años 2025, 2026 y 2027 con un aumento de la prima del 33,5% en tres años. La cuantía total de la contratación para la asistencia sanitaria de los mutualistas será 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocido por sus siglas MUFACE, es un sistema exclusivo para funcionarios públicos que permite elegir entre recibir atención sanitaria en el sistema público o contratar seguros privados financiados con dinero estatal y da cobertura a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. Es un modelo que canaliza miles de millones de euros de los presupuestos del estado hacia aseguradoras privadas como Asisa, Adeslas o DKV.
A pesar de que estas aseguradoras vienen criticando que no reciben el presupuesto suficiente para la cobertura, eso no es así. De hecho, los servicios y tratamientos más costosos terminan derivándolos al sistema de la seguridad social así que el negocio para estas aseguradoras es redondo.
Pero este no es le problema principal, sino el hecho de la propia existencia de este sistema privado de cobertura sanitaria para los funcionarios. En este sentido la reciente decisión del ejecutivo de aumentar el presupuesto representa una declaración de intenciones de seguir apostando y consolidando un modelo que profundiza la privatización y beneficia a las aseguradoras privadas todo ello apoyado en degradación del sistema público a través de infrafinanciaciones y privatizaciones de la pública.
Mientras el Gobierno “progresista” riega con miles de millones a las mutuas los presupuestos para la pública siguen mermándose. Llevamos años de infrafinanciación de los servicios públicos como la sanidad. La partida para sanidad de los PGE de 2023 amentó un 6,4% respecto al año anterior y para 2024 los presupuestos fueron prorrogados por lo que no hubo incremento. Estos presupuestos fueron vendidos como los más sociales de la historia, como lo más alto a lo que se podía aspirar cuando sobre los hechos y en medio de un contexto inflacionario ni tan siquiera suponían un incremento. Sin embargo, cuando se trata de aumentar los presupuestos para las mutuas privadas de MUFACE el Gobierno no escatima. En este caso el aumento es del 33,5%, más de 5 veces más que el aumento de los presupuestos de sanidad en cuanto a porcentaje.
Por otro lado, cabe mencionar el papel que vienen jugando las direcciones de CCOO y UGT, en todo este asunto. Estas últimas semanas les hemos visto movilizarse para exigir que se aumente el presupuesto para el MUFACE, algo que contrasta con su inacción en las luchas clave por la sanidad pública. En Madrid, por ejemplo, durante años de movilizaciones masivas contra el deterioro de los servicios públicos de salud, estas centrales sindicales brillaron por su ausencia.
Es situación de infrafinanciación es lo que permite sostener el relato para las privatizaciones y es lo que sostiene el relato de las “virtudes” del MUFACE. Es lo que ocurre con muchos servicios como hemos visto recientemente en el nuevo Hospital 12 de octubre de Madrid en el que el traslado al nuevo edificio ha sido aprovechado por la CAM para privatizar varios servicios como la esterilización y el almacén. Pero esto no es solo obra de la derecha, las privatizaciones están a la orden del día en todas las comunidades y amparadas por un marco estatal de leyes privatizadoras como la 15/97 que tras décadas existencia han asentado un modelo mixto en el que convive la gestión privada en el sistema público. Un modelo en el que se enmarca MUFACE y que lleva décadas enriqueciendo a empresas privadas a costa de cargarse la sanidad pública y con el que también se sienten cómodos desde Sumar y Más País. La propia Ministra de Sanidad, Mónica García lejos de criticar el MUFACE ni tampoco el aumento del presupuesto para estas mutuas ha justificado que las empresas busquen sus beneficios. Como denunciaba Josefina Martínez en Canal Red, su papel es más cercano al de un CEO del Grupo Quirón que al de una ministra de sanidad de un gobierno supuestamente “progresista”.
Para poder comenzar a resolver todos los problemas que atraviesan a la sanidad pública y sobre los que se apoyan los intentos privatizadores como son las listas de espera eternas en las especialidades, la falta de profesionales, las listas de espera en la atención primaria, las urgencias colapsadas… es urgente aumentar drásticamente los presupuestos sanitarios financiándolos a partir de impuestos a las grandes empresas, bancos y aseguradoras que llevan años haciendo negocio con nuestra salud y beneficiándose de lo público. Hay que dejar de dar dinero público a las empresas del MUFACE y que sean esas empresas, que llevan años beneficiándose de lo público, las que paguen impuestos especiales. Solo así podrá conquistarse un sistema de mayor calidad que garantice una cobertura de calidad a todas y todos los trabajadores. Pero para ello no podemos confiar ni en un gobierno ni en sus socios que apuestan como vemos por seguir profundizando un modelo que ataca a las conquistas de la clase trabajadora.
