Frente al problema de la vivienda, el gobierno del PSOE-UP ha ido progresivamente adoptando una serie de medidas para brindar ayuda a los colectivos afectados, claro que estos colectivos afectados incluyen nada más y nada menos que a los bancos, los fondos buitre, los grandes tenedores y los especuladores de vivienda.
Miércoles 23 de noviembre de 2022
MADRID, 22/11/2022.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, conversa con los periodistas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Sergio Pérez
Esta clásica historia de amor cargada de clichés entre el gobierno «progresista» y los intereses de los capitalistas en materia de vivienda tiene su origen en diciembre de 2020, cuando, después de meses marcados por la pandemia y la consiguiente crisis, el ejecutivo lanzaba un real decreto supuestamente encaminado a «impedir los desahucios».
Pero, lo cierto es que esa situación nunca tuvo lugar, ya que los desahucios no se pararon, sino que solo se paralizó parte de ellos hasta «nueva orden» al tiempo que recompensaba con dinero público a los grandes tenedores y fondos buitres hasta que se cumpliera el plazo por las molestias de no poder expulsar a la fuerza a una serie de personas de una vivienda que no pueden pagar a causa de una precariedad laboral cada vez mayor y de las prácticas especulativas de estos mismos propietarios.
El siguiente episodio de esta historia se remonta a principios de este año con el anuncio de la concesión de un bono de «ayuda» al alquiler de 250€ para jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos tres veces menores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos) y cuyos alquileres no superen los 600€, es decir, un bono del que no solo queda excluida una mayoría social que tiene problemas para pagar el alquiler, sino que además está pensada para garantizar los ingresos de los caseros, esta vez con dinero público.
Más de lo mismo sucede con la limitación a la subida de los precios de los alquileres hasta un máximo de un 2%, que pretende contener precios, de entrada desorbitados tras décadas de especulación inmobiliaria, que están muy por encima del poder adquisitivo real de grandes masas de población, sobre todo en un contexto de precarización y devaluación salarial a causa de más de un 7% de inflación.
Esta historia se cierra, por el momento, con el último acuerdo al que ha llegado el gobierno con la banca bajo el pretexto—siempre tramposo o insuficiente como hemos visto en el recorrido por este idilio entre el gobierno y los intereses de los capitalistas—de ayudar a los usuarios a afrontar la carga de la subida del Euríbor, que ha aumentado más de dos puntos en medio año y supone la mayor subiba desde la crisis de 2008. Actualmente, hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euríbor: aquellas que ronden los 100.000€, sufrirán un aumento de casi 70€ al mes, una subida que será superior a los 100€ mensuales para las hipotecas de 200.000€; esto supone un aumento dramático de los costes de la vivienda para una clase trabajadora que está viendo reducido su poder adquisitivo a marchas forzadas.
Este problema hipotecario se acentúa en determinadas hipotecas a tipo de interés variable, como es el caso de la hipoteca creciente, en la que las cuotas aumentan en cada revisión en un determinado porcentaje—de entre el 1,5% y el 3%—además de estar referenciadas al Euribor más un diferencial, y que se comercializaron al final de la burbuja inmobiliaria de principios del milenio, muchas veces a través de malas prácticas bancarias.
¿Cuál es la propuesta del gobierno? Una ampliación de las medidas de Buenas Prácticas Bancarias del 2012; esto se traduce en que aquellos usuarios cuya renta no sobrepase los 25.200€ al años (3 veces el IPREM) que dediquen más del 50% al pago de la hipoteca tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante cinco años—de Euribor menos el 0,1%, frente a Euribor más 0,25% actual— y podrá ampliarse hasta 7 años el plazo de la hipoteca; mientras que aquellos con ingresos en la unidad familiar de hasta 29.400€ (3 veces y media el IPREM) con una carga hipotecaria superior al 30% de su renta que haya subido un 20% y que hayan suscrito su hipoteca hasta el 31 de diciembre de 2022 podrán ver congelada la cuota durante el año que viene, no se les aplicarán las comisiones por el cambio de una hipoteca variable a una fija durante el 2023 y se les alargará el plazo hipotecario también hasta 7 años.
Una vez más, esta amalgama de condiciones privativas no está encaminada a retirar el peso de esta crisis de los hombros de la clase trabajadora, sino a garantizar el pago hipotecario—que actualmente consume más del 30% de los ingresos totales de una amplia mayoría social— y la estabilidad financiera de los bancos.
Porque si realmente al gobierno de PSOE-UP quisiera dar una solución al problema de la vivienda que estuviera al servicio de las necesidades de la clase obrera y no de los intereses capitalistas, expropiaría sin indemnización los 3,4 millones de pisos vacíos y de aquellos en manos de la banca y los grandes propietarios y especuladores para garantizar una vivienda a las 28.552 personas sin hogar que hay en el Estado español según el INE, y utilizaría las restantes para constituir un gran parque público de alquiler social—que actualmente supone tan solo el 1% del parque de vivienda total—que no supere el 15% del salario familiar.
Si este gobierno que se denomina progresista pero que se queda en social-liberal tomara realmente medidas sociales para hacer frente al problema de la vivienda en lugar de cubrirle las espaldas a la patronal, pondría fin al crimen social de los desahucios que deja a miles de familias en la calle (10.816 desahucios se han ejecutado tan solo entre abril y junio de este año) y aboca al suicidio a decenas de personas, mediante la prohibición efectiva de los mismos.
