El ataque oficial a la jueza Patricia López Vergara, que prohibió a la Policía el uso de armas de fuego en la manifestación del lunes, se suma a la cruzada mediática y judicial contra la protesta.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Miércoles 20 de diciembre de 2017
Foto Enfoque Rojo
En la conferencia de prensa del mediodía de ayer el presidente Macri, además de intentar infructuosamente que creamos que la contrarreforma previsional no es un saqueo sino un beneficio para los jubilados, lanzó duras críticas contra el derecho a la protesta y se manifestó expresamente contra la jueza que ordenó este lunes al Gobierno porteño que los agentes que participen del operativo de seguridad en torno al Congreso Nacional “no podrán utilizar armas de fuego” y que “las balas de goma y gases lacrimógenos sólo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes”.
La medida judicial fue en respuesta a un amparo presentado por el legislador porteño Mariano Recalde.
“¿Cómo se llama la jueza? López Vergara… Deja muy mal parada a la Justicia argentina, invadiendo competencias que no le correspondían”, así protestaba Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno sobre la decisión judicial, que por cierto no hace otra cosa que ratificar la ley de Seguridad de la Ciudad que establece que “no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se quedó atrás. Más temprano había anunciado, en boca del secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que iniciarían un pedido de juicio político “cuanto antes” a la magistrada en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Se trata sin dudas de una de las clásicas “apretadas” a las que el gobierno de Cambiemos nos tiene acostumbrados, pero en este caso con consecuencias gravísimas contra la protesta social que el día de ayer se cobró decenas de heridos, cuatro de los cuales perdieron un ojo, un obrero del Astillero Río Santiago que se había movilizado desde Ensenada junto a mil compañeros, un militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y dos de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)-; el dirigente de Foetra Carlos Artacho fue duraderamente lastimado en su mandíbula, y casi 70 detenidos dispersos en todos los puntos de la Ciudad, en una brutal cacería en la que dispararon indiscriminadamente balas de goma y gases lacrimógenos.
Como se comentaba en las comisarías y hospitales donde fueron llevados los heridos, “no hubo un muerto de casualidad”. Un jubilado fue atropellado por una camioneta, otro joven por una moto, gasearon en el subte, hicieron lo que quisieron igual, violando no sólo la resolución judicial sino la propia ley de la Ciudad. De modo tal que en última instancia, con o sin armas de fuego, la Policía llevó adelante una cacería furiosa y sin límites en el uso de la fuerza.
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De protocolos y balas
Mauricio Macri ya tuvo expresiones similares, alentando el uso de armas de fuego y disparar a matar cuando se trata de protestas o manifestaciones. Lo hizo luego de que Prefectura asesinó a Rafael Nahuel en Bariloche. En esa oportunidad el Presidente se mostró horrorizado cuando su ministra de Seguridad Patricia Bullrich le comentó que los efectivos de Prefectura “consultaron” si podía usar armas de fuego. Si la respuesta fue afirmativa o lo hicieron de hecho, el resultado fue el disparo letal y por la espalda que terminó con la vida del joven Rafael.
Dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco de protestas o manifestaciones en menos de cuatro meses es un salto brutal y expresa crudamente la respuesta del Gobierno a las demandas populares. La represión del martes, con la antesala del virtual estado de sitio que se vivió el jueves pasado cuando la Ciudad se vio militarizada por Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Federal, expresan que el Gobierno va por todo que para votar una ley completamente antipopular.
La apelación a la “violencia” de los manifestantes que expresan su justo odio contra un gobierno que no hace más que pegarle a la juventud, a los trabajadores y a los ancianos, es el justificativo para una brutal represión.
Myriam Bregman: “¿Ellos, que se enriquecieron con la dictadura, nos hablan de violencia?” https://t.co/mktqhE0bmg
— CeProDH (@ceprodh) 19 de diciembre de 2017
En febrero de 2016, el Ministerio de Seguridad publicó un Protocolo de Actuación de la Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, que en principio reemplazaría el Protocolo anterior instrumentado por el kirchnerismo, que tampoco ahorró ni impidió represiones durísimas como las que vivimos, entre otras, en la Panamericana dirigidas por Sergio Berni durante el conflicto de Lear donde fue herido el diputado del PTS/FIT Nicolás del Caño.
El protocolo de Bullrich generó en ese momento un enorme y extendido repudio. Ponía por delante la calificación como delito en flagrancia a la protesta social por impedir la libre circulación y daba vía libre al accionar de las fuerzas de seguridad para “intervenir y disolver la manifestación”, según indica su texto. Sin embargo, no fue oficializado por Boletín Oficial, lo que dio vía libre a que cada Provincia y sus respectivas fuerzas, incluidas las federales, actuaran según criterio propio.
Es más, el CELS ha denunciado que frente al pedido de informes que realizaron al Ministerio de Seguridad de la Nación, la respuesta recibida dejó en claro que en este momento no hay un marco normativo de la autoridad política que regule la intervención de las fuerzas de seguridad en las protestas, y que ante manifestaciones y desalojos, el Ministerio “procede a indicar que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales actúan en su carácter de órganos auxiliares de justicia, cumpliendo las directivas que judicialmente se les impartan en cada caso concreto”, en el marco de leyes orgánicas, ninguna de las cuales regula el uso de la fuerza en protestas.
Esta respuesta, emitida el 15 de diciembre, tal como indica el CELS da por derogada la Resolución 210/2011 “Criterios Mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas” y no informa como vigente el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.
Sin embargo, en lo referente a la Ciudad de Buenos Aires, sí existe la ley 5.688 que estableció un “Sistema Integral de Seguridad Pública” y creó la nueva Policía de la Ciudad. Contiene artículos que regulan la actuación policial en manifestaciones públicas que significaron un avance regulatorio: prohíben la portación de armas de munición letal a los efectivos que participen de los operativos y establecen la obligatoriedad de que lleven uniforme e identificación visible. La ley incorpora los estándares internacionales del “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley” y los “Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego”, que incluyen los principios generales de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y responsabilidad en el uso de la fuerza. Sin embargo, como hemos visto, esta ley se incumple con regularidad, sin que el Gobierno de la Ciudad dé explicaciones.
Por lo tanto, la jueza López Vergara no hizo más que ratificar lo que la ley de la Ciudad indica, pero claramente no cumple. Como señalamos, el accionar de las policías de la Ciudad y Federal, por más que no utilizaran armas de fuego, fue a todo o nada: pasaron por encima de manifestantes y ancianos con motos y camionetas, dispararon granadas lanzagases y balas de goma a quemarropa, que como cuando asesinaron en Neuquén al maestro Fuentealba, resultan rápidamente letales. Tampoco, por si quedaran dudas, se cumplió con la obligatoriedad de usar identificación en el uniforme.
No conforme con estos incumplimientos ilegales por parte de las fuerzas represivas, Macri y Larreta van por más: dar por tierra con cualquier protocolo que, aunque sea formalmente, impida el uso de armas letales y alentar su uso.
Una política asesina contra la manifestación popular con la que quieren pasar su ajuste brutal a los trabajadores y el pueblo de conjunto, que incluye persecución política a dirigentes de izquierda, allanamientos de domicilios, detenidos incomunicados y sin derecho a defensa, ausencia de información sobre los lugares de detención y una cacería indiscriminada.
Sin lugar a dudas los sectores populares, comenzando por las organizaciones de la clase trabajadora, tienen mucho para discutir y coordinar en función de prepararnos para las próximas batallas que tengamos que dar en defensa de nuestros derechos y los del resto de la población oprimida.
